Una propuesta de ajuste al proyecto de reforma al empleo público, planteada por el Partido Acción Ciudadana (PAC), que cuenta con apoyo de legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), evitaría un súbito incremento en el pago de remuneraciones en el sector público.
La moción de fondo, firmada por Víctor Morales Mora, legislador de la bancada de gobierno, establecería un traslado gradual al salario global de 28.600 empleados que queden ganando sueldos por debajo del futuro esquema, una vez entre en rigor la reforma.
De esa forma, se corregiría la versión actual del texto dictaminado en la Comisión de Gobierno y Administración, que abre la puerta para que en los primeros seis meses de la norma, emigren al nuevo sistema, lo que les generaría un incremento súbito de salarios.
Si esto último ocurre, según la jerarca de Planificación, Pilar Garrido, el gasto público por salarios aumentaría en un poco más de ¢32.000 millones al año, entre el Gobierno Central y el resto de instituciones estatales.
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Si la redacción del texto se mejora, del modo que lo plantea Morales, la cual incluye la aplicación de la regla fiscal, el ahorro anual podría alcanzar hasta el 1,1% de la producción.
Ese porcentaje equivaldría a cerca de ¢400.000 millones al año, por las próximas cuatro décadas en todo el aparato estatal, si se toma en cuenta el tamaño de la economía del 2021 proyectado por el Banco Central.
La reforma ya establece un salario global con un monto único, sin la actual estructura compuesta de base más pluses que hoy disparan el gasto, para actuales y futuras contrataciones en el Estado.
Para futuros se establecería de inmediato, al momento de la contratación. Para actuales, el paso al salario global debería ser gradual y el proceso duraría entre 10 y 12 años, según estimaciones de Mideplán.
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En el caso de los actuales, la moción de Morales establecería que quienes ganen por encima del global, se les congela el salario, hasta que alcancen el monto del nuevo esquema. A partir de ahí, estos se trasladarían al global.
Para quienes devenguen un salario compuesto menor al que le correspondería en su categoría del global, el tema que ha trabado a los diputados, continuarán en su mismo sistema en la forma que lo venían haciendo, incluido incrementos por anualidad.
Una vez que su salario compuesto iguale el monto del nuevo sistema, ellos se trasladarán de manera automática al nuevo régimen salarial, al mes siguiente.
Para ambos casos, la moción aclara que los salarios estarán excluidos de aumento por el costo de vida, siempre que esté vigente la aplicación de regla fiscal. Esta se implementa cuando la deuda pública supera el 60% del PIB, como ocurrió en 2020, cuando alcanzó el 67,5% de la producción.
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Garrido aseveró que la redacción propuesta por Morales permite ajustar el texto dictaminado para obtener los ahorros que el país necesita.
Por su parte, el legislador del PAC aseguró que hay una convergencia en la comisión de Gobierno y Administración, de la que es presidente, en la línea de lo que él planteó.
“Es lo que hay que afinar en los próximos días. Aún falta trabajar un poquito a lo interior de las fracciones el fin de semana y a principios de la próxima”, declaró Morales este sábado 23 de enero.
Luis Fernando Chacón, vocero del PLN, agregó: “Puedo decir que la moción que tiene más apoyo, que no significa un consenso, es la (de Morales) que me acabas de explicar del salario global. Esa es la que está más clara, la que tiene más fuerza. Esa propuesta era originalmente de la diputada Silvia Hernández (del PLN)”.
El verdiblanco agregó que con ese ajuste se buscaría la sostenibilidad financiera del Gobierno que, en 2020, registró un déficit fiscal del 8,1% del PIB.
“Yo creo que ayudaríamos más a los trabajadores poniéndolos a trabajar que aumentando a un grupo específico”, agregó Chacón, en referencia a la idea del PUSC de que emigren en seis meses al global esos 28.600 funcionarios y que el Gobierno busque recursos para financiar el incremento en remuneraciones.
Precisamente, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Peña, reiteró que su bancada sigue en esa misma línea. Negó que haya aproximación a la idea del PAC y PLN.
“El objetivo es fondear el traslado de todos de una vez para evitar injusticias por diferenciación de salarios. Un trabajador nuevo entraría ganando salario global y uno que tiene varios años quedaría ganando por debajo”, expuso sobre la idea de su bancada.
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La comisión de Gobierno y Administración tiene 9 legisladores. Tres son del PLN, dos del PUSC y uno el PAC. Dos más son independientes y uno del bloque fabricista.
Ese foro inicia el martes a discutir mociones de revisión presentadas al expediente. Luego del retiro de algunas iniciativas por parte de diputados, el texto acumuló 301 mociones.
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Los asesores legislativos las ordenaron por temas. Unas relacionadas con salario global, otra con convenciones colectivas y hay un grupo sobre rectoría de empleo público, por mencionar algunos puntos de discusión.
La mayoría de propuestas son de rectoría, donde la discusión está en sin permanece en Mideplán, como dice el texto, o se traslada al Servicio Civil.
De salario global hay otro cúmulo de iniciativas que procuran ahorros o mantendría la redacción vigente dictaminada con algunas variaciones.
La moción de Morales es la 293. Solo que exista un consenso se puede agilizar su discusión. De momento existe la posibilidad de que cada propuesta se discuta hasta por 75 minutos por el fondo, tiempo similar a lo que consume una sesión de la comisión.
Por reglamento, se otorgan 15 minutos al proponente y otro tiempo similar cada uno, para dos diputados que se manifiesten a favor y dos en contra.
El PLN se vuelve a reunir el próximo lunes para definir posiciones sobre el proyecto. El PUSC podría reunirse o no, adelantó Peña. Si se reúnen, el socialcristiano no asegura que se discuta el tema.
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