El diputado Pablo Heriberto Abarca, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), evalúa extender por tres años más el sobresueldo que Recope desembolsa para el fondo de ahorro de sus funcionarios, el cual es cargado a las tarifas que pagan los consumidores de combustibles.
Así lo planteó el martes Abarca cuando los legisladores de la Comisión de Gobierno dictaminaron positivamente un proyecto de su compañero Erwen Masís, el cual eliminaría la obligación de Recope de hacer esta contribución, la cual ascendió a ¢2.800 millones en el 2019. El aporte actual equivale a un 6,5% de la planilla.
El plan de Masís, contenido en el expediente 22.027, eliminaría de inmediato el desembolso para el Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores. La idea es que el fondo se sostenga con las contribuciones de los empleados y los activos acumulados.
La iniciativa fue aprobada el martes con siete votos a favor y uno en contra, el de David Gourzong, de Liberación Nacional (PLN), quien alegó que el aporte es un derecho protegido por la convención colectiva de Recope aprobada en febrero de este año, por un plazo de tres años, por un monto de ¢46.129 millones.
Durante la votación, Pablo Heriberto Abarca, presidente de la comisión, anunció que sopesaba la posibilidad de presentar una moción en el plenario para introducir un transitorio, a fin de respetar el periodo de la convención colectiva.
“Yo estoy de acuerdo en eliminar la grasa que exista. Había tenido dudas sobre el tema y consultamos a la Procuraduría sobre la viabilidad de este proyecto y dio el aval. Estamos evaluando, en 137 (presentación de mociones en el plenario), agregar un transitorio para su aplicabilidad en cuanto venza la convención colectiva, eso lo podríamos ver en el avance del proyecto”.
“Me parece que hay que cuidar para que, después, esto no termine saliendo más caro. Hoy queremos un ahorro, pero la generalidad aquí, a veces, es ‘elimínese’, pero sin medir consecuencias. Hoy es muy bonito decir ‘elimínese’, pero después cuando venga la demanda y cuando venga el proceso, va a salir más caro y la responsabilidad es de los que votamos el proyecto”, dijo Abarca.
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Si los congresistas añaden dicho transitorio, la eliminación del aporte de Recope se postergará a la negociación de la convención colectiva del periodo 2024-2027.
Por su parte, el liberacionista Gourzong dijo: “Me parece que es un tema que deben dirimirlo directamente entre la Junta Directiva, su presidente y los trabajadores. Perfectamente podría ser denunciado y llevado a la Sala Constitucional para que se manifieste al respecto”.
Consultado por este medio sobre la idea del transitorio, este miércoles, Pablo Heriberto Abarca afirmó: “Estamos revisando el tema para tener seguridad, pero no es un tema determinante. Apoyamos el proyecto y esperamos moverlo”.
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El proyecto de reforma al empleo público también frenaría la introducción de nuevas erogaciones en la negociación de convenciones colectivas.
Al analizar ese plan, la Sala Constitucional avaló un numeral que impedirá, en adelante, que las partes negocien salarios, incentivos, plazas nuevas, beneficios que se opongan a la Ley de Empleo Público o cualquier otro asunto que provoque una afectación en el Presupuesto Nacional o en el gasto de una institución.
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Recope ha aportado hasta un equivalente del 10% de su planilla al Fondo de Ahorro. Entre los años 2009 y 2019, la empresa estatal giró más de ¢38.000 millones para beneficio de sus empleados. Solo en ese último año, el monto ascendió a ¢2.800 millones. Dichos recursos son financiados por los consumidores de hidrocarburos en el país.
Ahora, la iniciativa sobre el aporte de Recope pasará al plenario legislativo donde deberá superar la presentación de mociones y luego dos debates, antes de que sea enviada al Poder Ejecutivo para la firma del presidente de la República, Carlos Alvarado.
Presidencia había solicitado al Congreso, en agosto pasado, avanzar con la discusión de este proyecto de ley, así como otra iniciativa para reducir el impuesto único al gas GLP.
De acuerdo con Zapote, ambos proyectos permitirían reducir el costo de los combustibles. “Para el Ejecutivo, es prioridad buscar los mecanismos que nos ayuden a reducir el impacto que está teniendo el precio de los combustibles en la actividad productiva y en los hogares, sin que esto repercuta en la estabilidad fiscal del país”, señaló la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte.
Sin embargo, de añadirse el transitorio que pospondría su entrada en vigencia, la ley para frenar los aportes de Recope al fondo no tendría un impacto inmediato en el precio de los combustibles, como pretendía el Gobierno.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) consideró que el fondo de ahorro de Recope no es inconstitucional, pero el aporte del 10% de la planilla mensual a ese mecanismo, así como el financiamiento del 75% del costo del personal para la administración del fondo, sí pueden considerarse “privilegios ilegítimos e irrazonables”, pues infringen los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
La PGR les dijo a los diputados que la decisión de disponer dicho aporte, por vía de ley, radica en criterios de oportunidad, de conveniencia, de justicia y otro tipo de parámetros similares, “que el legislador debe sopesar al momento de analizar este tipo de beneficios”.