La Fiscalía acusó formalmente al regulador general de los servicios públicos, Roberto Jiménez Gómez, del delito de tráfico de influencias por el cual solicitó al Juzgado Penal de Hacienda llevarlo a juicio.
Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, según la cual la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó apertura a juicio desde noviembre de 2020, sin que hubiera trascendido la gestión. La causa se tramita bajo el expediente 17-000079-1218-PE.
La petición de la Fiscalía se conocerá en la audiencia preliminar que el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, tiene prevista para el próximo 22 de abril, luego de una reprogramación que interpuso la defensa del funcionario imputado.
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Desde el 2017, Jiménez está bajo investigación porque supuestamente influyó dentro de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para el nombramiento de un funcionario de apellido Paniagua en un cargo de director, sin que supuestamente se siguieran los controles y procedimientos ordinarios de esa entidad.
Según datos del Ministerio Público, el caso se originó en una denuncia anónima según la cual, el regulador habría intervenido en el concurso 69-2016, para el nombramiento de un profesional (categoría) 4. Como parte de esa pesquisa, fiscales y agentes judiciales ingresaron a las oficinas de la Autoridad en Guachipelín de Escazú el 15 de febrero del 2018.
En junio del 2019, el Ministerio Público también confirmó la apertura de otra investigación contra el regulador por presuntas acciones que habría realizado el jerarca de la Aresep en favor de los empresarios autobuseros.
La denuncia que dio origen a esa causa judicial fue interpuesta por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, ante la Fiscalía General de la República.
La solicitud de juicio contra Jiménez Gómez se conoce poco menos de un mes después de que el Consejo de Gobierno sometiera a la Asamblea Legislativa la reelección del funcionario por otros seis años. Jiménez asumió el cargo en el 2016 y su nombramiento vence en mayo del 2022.
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La pretensión del Gobierno era mantenerlo en el puesto hasta el 2028.
No obstante, los jefes de fracción de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio y el Bloque Nueva República expresaron este miércoles su completa oposición a ese plan del Gobierno.
Aunque la bancada de Liberación Nacional sigue sin una posición oficial, al menos ocho verdiblancos confirmaron a La Nación que también se oponen a prorrogar el nombramiento.
La continuidad de Jiménez deberá discutirse a más tardar el 14 de enero, cuando se cumplen los 30 días que tiene la Asamblea Legislativa para objetar los nombramientos propuestos por el Consejo de Gobierno, como lo dispone el artículo 47 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ley 7593.