Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, afirmó este martes que el Poder Judicial afrontó complicaciones presupuestarias en el 2019 por decisiones tomadas por los diputados.

Adujo que fue “un año difícil” en materia de salarios y pensiones para el Poder Judicial, en referencia a las medidas de ahorro aprobadas por la Asamblea Legislativa, además de que no pudieron ampliar servicios.

Según Fernando Cruz, la Corte vivió “diferentes complicaciones por temas presupuestarios, por definiciones legislativas sobre el tema de presupuesto y la regla fiscal”.

Citó “la imposibilidad de crecer en demandas legítimas que tenemos de servicio, porque la administración de justicia requiere la integración de factor humano para poder dar el servicio”.

"Es una institución de servicio. No podría ser de otra forma”, argumentó. “Las restricciones impuestas al Poder Judicial en el año que está terminando son las más estrictas desde que yo tengo memoria”, adujo.

“En términos generales, hemos ido sorteando las dificultades, levantando la voz cuando creemos que la independencia judicial tiene que ser definida y defendida (...). “Y también un año difícil para el tema salarial y para el tema de pensionados judiciales”.

"Hay en esto una visión política que, desde mi perspectiva, requiere unos ajustes, pero esa es la relación entre poderes siempre”, expresó Cruz durante la rendición de cuentas anual que hizo este martes ante la prensa.

Las decisiones de los diputados a las que hizo referencia tienen que ver con la aprobación de la reforma fiscal, en diciembre de 2018, y el reciente recorte a las pensiones de lujo, aprobado por los legisladores, por unanimidad, el pasado 21 de noviembre.

El plan fiscal (ley 9635) puso en vigencia la regla fiscal, un mecanismo para contener el crecimiento del gasto público en momentos en que el Estado sufre dificultades económicas; el ajuste alcanzó al Poder Judicial y la Sala IV lo avaló. El Ministerio de Hacienda le otorgó a la Corte un aumento de un 0,69% para el 2020.

La Corte Plena se opuso a la reforma por considerar que atentaba contra su presupuesto, pero el tribunal constitucional resolvió que el Poder Judicial no está exento de la realidad nacional.

No obstante, posteriormente, la Corte Plena decidió eximir a la institución de las principales medidas de ahorro implantadas por la reforma fiscal sobre salarios, en cuanto al freno del crecimiento del gasto en anualidades y otros pluses salariales.

Producto de ello, el Ministerio de Hacienda recortó en ¢2.500 millones el presupuesto del Poder Judicial del 2020.

En el Poder Judicial, más de 1.800 funcionarios ganan más de ¢3 millones al mes. Además, en promedio, cada funcionario gana ¢1 millón mensuales solo en incentivos, amén de que la entidad tiene 21 incentivos propios y gasta más en pluses que en salarios base

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“Son situaciones que enfrenta el país que requerían una respuesta. Ahora, la respuesta puede tener matices, objeciones parciales, pero yo sobre eso no me pronuncio porque no hemos emprendido ninguna acción”, agregó Cruz.

“Pero sí es un tema complicado porque la definición, si esas restricciones inciden o no en el Poder Judicial, es un tema importante, pero cuando yo me refería a decisiones políticas no tenía la pretensión de que fuera peyorativo”, agregó el jerarca de la Corte.

Por otra parte, la ley 9.796, firmada por el presidente Carlos Alvarado el pasado 5 de diciembre, le impuso el cobro de contribuciones especiales solidarias a las pensiones judiciales superiores a ¢2,6 millones.

Los legisladores aprobaron la reforma a esas pensiones a pesar de que los magistrados de la Corte Plena declararon que esta afectaría el funcionamiento del Poder Judicial.

En la Corte, hay jubilaciones hasta de ¢10 millones mensuales.

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‘Las decisiones las toma el poder’

Cruz también llamó la atención con respecto al papel que tiene la Corte, como un poder de la República, y al de la Sala Constitucional, que resuelve las consultas de los ciudadanos.

“A veces, en el juego democrático, nos olvidamos de que hay un primer espacio para que el poder resuelva, pero hay un segundo espacio en el que le corresponde a la Sala Constitucional determinar si esos ciudadanos que objetan esa decisión tienen o no tienen razón. Eso es parte de la democracia”, aseveró.

En setiembre anterior, la Sala IV acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, contra la decisión de 14 magistrados de eximir al personal del Poder Judicial de las medidas ordenadas por la reforma fiscal para atenuar el gasto público.

“A mí me parece que se ha satanizado el tema de que haya ciudadanos que van a la Sala a objetar una determinada decisión”, concluyó el presidente de la Corte.

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