La ambigüedad con la que se redactan los reportes de gastos de los partidos políticos dificulta que la ciudadanía monitoree qué tipo de servicios digitales contratan los partidos políticos durante las campañas electorales.
Según una investigación publicada por la Universidad de Oxford, ese “velo de opacidad” facilita que las agrupaciones políticas puedan difundir noticias falsas, si así lo desean, sin que dichas operaciones sean detectadas.
Además, los partidos pueden cobrarles esas operaciones al Estado al cobrar la contribución electoral.
“Es difícil precisar los recursos que se gastan en cibertropas para hacer propaganda política”, dice el estudio, publicado el 13 de enero por el Instituto del Internet de la Universidad de Oxford.
La autora del análisis sobre el caso costarricense es la politóloga Simone Bunse, académica de LEAD University. El artículo forma parte de una investigación global sobre la manipulación de la opinión pública en Internet en 81 países de todo el mundo.
Dicho proyecto denomina “cibertropas” a los “actores del Gobierno o los partidos políticos encargados de manipular la opinión pública en línea”.
La investigación determinó que las estrategias utilizadas por políticos, troles y organizaciones de Costa Rica para difundir noticias falsas son rudimentarias y de capacidad limitada. Sin embargo, este tipo de actores han conseguido manipular a la población con falsedades.
Bunse hizo énfasis en la actividad de las cibertropas durante las épocas electorales, pues en dichos periodos es cuando más noticias falsas se difunden en Costa Rica.
El reporte señala que, durante las campañas políticas, los partidos conforman equipos pequeños de comunicación digital, los cuales se reducen una vez que los comicios terminan.
Sobre la actividad de dichos equipos, sin embargo, se sabe poco.
“La información pública sobre la cantidad de recursos que se gastan en mercadeo digital, minería de datos y capacidad de las cibetropas es prácticamente inexistente”, señala la investigadora.
Bunsen concluyó que esa escasez de información se debe, principalmente, a dos factores.
El primero es que ni los proveedores de servicios de mercadeo digital ni los investigadores que contratan los partidos políticos deben registrarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“Las agencias de mercadeo digital permanecen fuera de esa legislación y operan bajo un “velo de opacidad”.
La normativa vigente solo exige que las organizaciones que realizan encuestas y estudios de opinión pública se registren ante el TSE.
Además, desde el 2019, el Tribunal exige que las encuestadoras revelen quién paga por sus estudios de intención de voto.
Esta regla se implementó luego de que, en las elecciones del 2018, el Partido Restauración Nacional divulgara encuestas de intención de voto que registraban una amplia ventaja a favor del entonces candidato Fabricio Alvarado, sin revelar que las fueron encargadas por la misma agrupación a la empresa Opol Consultores.
El negocio entre la empresa y el partido trascendió públicamente después de la elección.
El estudio de la Universidad de Oxford menciona dicho episodio como un ejemplo de las formas como distintos partidos políticos han incurrido en manipulaciones de la opinión pública en Internet, por no informarle al público que los estudios no eran independientes.
Gastos camuflados como mercadeo digital
La otra debilidad que detectó Bunse está en la forma en que los partidos políticos reportan sus gastos de campaña, una obligación que deben cumplir cada tres meses en épocas no electorales, y de forma mensual en los cuatro meses que anteceden a los comicios presidenciales y municipales.
En estos informes, los partidos suelen reportar todos sus gastos de propaganda en Internet como “mercadeo digital”, sin especificar el servicio contratado.
La investigadora señaló que, de esa forma, muchos tipos de erogaciones se pueden camuflar bajo un término genérico.
“Aunque el TSE revisa los gastos en mercadeo, los costos para desarrollar troles, por ejemplo, se esconden en la categoría de mercadeo digital”, afirma el estudio.
De hecho, el informe concluye que los gastos en los que hayan incurrido los partidos hasta ahora, en actividades relacionadas con el “troleo”, son desconocidas.
Para Bunse, es necesario que el TSE amplíe los parámetros de fiscalización de los gastos electorales que estén relacionados con el Internet
“El TSE debería tener la potestad de fiscalizar detalladamente los gastos en mercadeo digital que reportan los partidos políticos, porque es en esta categoría donde habitualmente se esconden las campañas de desinformación”, dijo la investigadora a La Nación en un correo electrónico.
Gustavo Román, asesor político del Tribunal de Elecciones, afirmó sobre los resultados del estudio:
“El TSE valora muy positivamente el informe, pues aporta insumos sobre las nuevas formas en que se está haciendo campaña política en el país, formas que no eran las usuales cuando se aprobó nuestro Código Electoral vigente (en 2009). Por eso, el TSE sigue el pulso a los desarrollos normativos, referidos a esta materia, que se están discutiendo en el mundo”.
“El punto relativo al establecimiento de mayores requisitos de precisión o incluso de registro de las empresas o personas que ofrecen servicios de marketing digital. Es algo que tendremos que valorar como una medida que se sugiere en el informe; valorarlo, como toda medida regulatoria en esta materia, con una mirada prospectiva de sus resultados posibles.
“Es decir, evaluar si hacer obligatoria la inscripción de los proveedores de esos servicios transparentaría o no la naturaleza real de los servicios que efectivamente presten a sus clientes.
“Lo que es claro, por el momento, es que el TSE mantiene una absoluta coincidencia con la autora en el sentido de que, siendo el mayor riesgo del país la combinación de alta penetración del Internet con una baja educación de los costarricenses sobre su uso, la alfabetización digital y la promoción del pensamiento crítico en el uso de las redes sociales, es crucial”.