A partir de este jueves, las encuestadoras que deseen publicar sondeos de opinión de tipo político electoral, durante los periodos de campaña, deberán revelar quién paga por los estudios.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) incluyó ese requisito en su Reglamento sobre la inscripción para realizar encuestas y sondeos de opinión de carácter político electoral, el cual reformó de cara al inicio de la campaña política municipal.

Las empresas deberán entregar la información al Tribunal en el momento en que publiquen las encuestas, según informó Gustavo Román, asesor político del órgano electoral.

En la reforma reglamentaria, los magistrados también incluyeron el deber de las encuestadoras de entregar un informe que contenga las respuestas a cada una de las preguntas que se hicieron a los participantes.

Los documentos deberán remitirse el mismo día que se publican los resultados.

El objetivo, de acuerdo con Román, es que el Tribunal pueda usar los datos como insumo de investigación, en caso de que se presenten denuncias sobre posibles anomalías en los sondeos.

En caso de incumplimiento, el Tribunal tendría la facultad de suspender la inscripción de la encuestadora.

Caso de Opol

En mayo del 2018, La Nación reveló que los estudios que la empresa Opol publicó, durante la campaña previa a la segunda ronda de ese año, fueron hechas por encargo de miembros del equipo del excandidato Fabricio Alvarado.

La firma divulgó seis encuestas y luego facturó ¢18 millones a Restauración Nacional, pero en mayo del 2018, se quejó ante el TSE de que el partido se negaba a pagarle el servicio.

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Con los cambios reglamentarios anunciados por el TSE este jueves, las personas físicas y jurídicas deberán designar una persona responsable de su equipo de trabajo, y también tendrán que acreditar que cuentan con al menos un profesional en Estadística incorporado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.

Las personas empresas, institutos o universidades que planeen publicar encuestas durante la campaña electoral municipal tendrán tres semanas para cumplir con los requisitos y registrarse ante la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos (DGRE).

El plazo se inicia este jueves y vence el 24 de octubre, informó el TSE.

Cuando se termine el periodo, el Tribunal informará el nombre de las personas físicas y jurídicas que se acreditaron. Si algún ente no registrado publica supuestos sondeos relativos al proceso electoral, se exponen a la imposición de multas de hasta ¢2,2 millones.

Román explicó que la reforma al reglamento sobre publicación de respuestas tiene como objetivo velar por el derecho a la información de la ciudadanía.

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Con el mismo fin, el TSE suscribió alianzas con las empresas Facebook y Twitter, las cuales impartirán capacitaciones sobre ciudadanía digital en los meses previos a los comicios municipales, que se realizarán el 2 de febrero del 2020.

Según lo dispuesto en el cronograma electoral, las encuestas relacionadas con dichas elecciones se podrán publicar hasta el 29 de enero del 2020.