El borrador de decreto para reformar la norma técnica sobre el aborto terapéutico fue presentado por el Ministerio de Salud como una prioridad de la alta plana del Gobierno, lo que incluía al presidente de la República, Rodrigo Chaves; a la exministra de Salud, Joselyn Chacón; al actual ministro interino, Alexei Carrillo; y a la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel.
Así lo revela el video de la reunión virtual de 35 minutos en la que Guillermo Castro Rodríguez, abogado del Ministerio de Salud, les habló del documento a los miembros de una comisión técnica que esta cartera había conformado para revisar la norma. El encuentro ocurrió el 17 de febrero.
El borrador de decreto –que fue elaborado por un “equipo” aparte cuyos miembros se desconocen– excluiría el riesgo para salud de la madre como justificante para el procedimiento de interrupción del embarazo, a pesar de que esa es una de las dos condiciones previstas desde 1970 en el artículo 121 del Código Penal. La otra es el peligro de muerte.
Según consta en la grabación, el borrador no contó con el aval de la comisión técnica, pero Castro les dijo que tenía que avanzar, “no se va a echar al olvido, eso no va a suceder”; por ello, los instó a tener una “mente amplia”.
Cuando la existencia del documento fue dada a conocer, el jueves pasado, el presidente Chaves dijo que él lo desconocía y calificó las noticias de “chismes y rumores”. El Ministerio de Salud, por su parte, admitió la veracidad del texto, pero negó que el mandatario y el ministro lo conocieran.
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En la reunión, el abogado Guillermo Castro dijo: “Le voy a hacer la indicación al señor ministro (Alexei Carrillo) sobre las referencias y que nos vamos a atrasar un poco más para que haga la indicación a Casa Presidencial, que es la que está impulsando que esto salga a la mayor brevedad posible”.
También, afirmó: “Les indico que tanto la ministra Joselyn Chacón (quien dimitió el 7 de febrero), en su momento estaba muy interesada en este manual, en este reglamento, estaba 100% incluida en este proceso e incluyó también al presidente. Y ahora, don Alexei (Carrillo) que lo conoce, está interesado en que se pase”.
Sobre la jerarca de la CCSS, dijo: “Es una mejora a la posición que va a tener la Caja; eso ya doña Marta lo tiene claro, que también está de acuerdo en el proyecto que estamos planteando”.
La comisión técnica oficial, convocada por diversos sectores, había recomendado no cambiar la norma técnica emitida en el 2019, pero el funcionario les advirtió que ese borrador debía avanzar.
Se los dijo con estas palabras: “No creo que se pueda eliminar, lo podemos modificar, pero quitarlo en un solo borrón no creo que eso se vaya a hacer. No se va a echar al olvido, eso no va a suceder”.
El funcionario se identificó como el enlace con el despacho ministerial del Ministerio de Salud.
En la grabación consta que el borrador no contó con el aval de los presentes, pero Castro les insistió: “Lo que necesitamos es que ustedes tengan un poco más de amplitud, podemos tener la mente un poco más amplia”.
A la reunión asistieron la representante de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Carla Verónica Gríos Dávila; la del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Karla Gamboa; la abogada experta en Derechos Humanos, Larissa Arroyo; y la enfermera obstétrica, Griselda Ugalde.
También, estaban César Gamboa, director de Servicios de Salud; y su subalterno, Allan Varela.
“Hay que hacerlo con calma, pero tampoco dormirse. Necesitamos que pase esta norma”, continuó Castro.
Larissa Arroyo recomendó a las autoridades realizar las consultas a la Defensoría de los Habitantes, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado Guillermo Castro es a quien Joselyn Chacón, exministra de Salud, identificó como asesor de su despacho, en una nota del 18 de enero en la que pidió la publicación del borrador del reglamento.
Según él, la redacción de la nueva norma estuvo a cargo de médicos de la CCSS y privados, así como dos abogados constitucionalistas y penales “de mucha fama”.
La semana anterior, el letrado de la Sala Constitucional, José Joaquín Alvarado, reconoció haber colaborado con el documento, por solicitud de un “amigo” suyo, el abogado Raúl Escalante, asesor del despacho de la que fuera diputada en el cuatrienio pasado, Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Alvarado descartó ser el autor, y manifestó que fue consultado por su especialidad en bioética. Fueron “opiniones académicas”, según dijo.
En tanto, Escalante dijo que el documento es básicamente autoría suya y de un equipo cuyos miembros rechazó revelar. Sostuvo que lo hicieron por solicitud de la exministra Joselyn Chacón.
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Enfermera: ‘Pareciera un desconocimiento’
La enfermera obstétrica, Griselda Ugalde Salazar, quien tiene una maestría en Salud Pública, ha sido profesora de la Escuela de Enfermería de la UCR y presidenta del colegio profesional, señaló en la reunión que el nuevo documento carecía de sentido.
“Mi observación es que tengo ciertas dudas de su validez científica, incongruencias entre título y contenido, pareciera un desconocimiento de las normas vigentes”, dijo la enfermera.
La semana anterior, el abogado del Ministerio de Salud envió el borrador al Colegio de Enfermeras para confirmar si la posición de Ugalde coincide con la entidad que representa al gremio.
Por su parte, la abogada Larissa Arroyo dijo entender que políticamente no se quisiera revisar el proceso de construcción, pero alertó que el documento tiene “errores muy graves, y que se están violando derechos humanos, de una manera flagrante”.
Ella denunció que la propuesta reduce la aplicación del Código Penal y extralimita las potestades del Poder Ejecutivo.
Carla Verónica Gríos Dávila, de la CCSS, quien valida una mejora a la actual norma técnica, estuvo en desacuerdo con “abolir” la normativa vigente.
En tanto, la representante del INAMU, Karla Gamboa, pidió tiempo para que la presidenta de su entidad conociera la propuesta y se pudiera conversar a lo interno de la institución con los técnicos.
La norma técnica comenzó a discutirse en 2015 y Salud la emitió en diciembre del 2019. Su propósito es regular el procedimiento de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida o la salud de la madre. La interrupción terapéutica del embarazo, según la Biblioteca de Salud estadounidense, “es un aborto médico que se lleva a cabo cuando la mujer tiene una afectación de salud”
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