La agencia publicitaria Madison Revolution S. A. sostiene que personas designadas por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) le contrataron la publicidad de su candidato presidencial, Rodrigo Chaves, pero a la vez le ordenaron facturar los trabajos a nombre de la fiduciaria que manejó una estructura paralela para el financiamiento de la campaña.
Se trata de la compañía ATA Trust Company, administradora del fideicomiso privado Costa Rica Próspera, el cual pagó gastos electorales de Chaves y el PPSD, aunque la legislación prohíbe que terceras personas efectúen aportes al margen de los controles partidarios.
La instrucción de facturar a nombre de ATA Trust más de $133.000 consta en correos electrónicos obtenidos por La Nación. David Dumani, abogado de Madison, también confirmó la información.
El abogado de Madison relató que los productos publicitarios fueron aprobados por Rodrigo Chaves y la diputada electa, Pilar Cisneros: “Ellos tuvieron una participación activa dentro de la contratación, sobre todo doña Pilar, en el manejo y aprobación e, incluso, en propuestas de trabajos”.
Dentro de los trabajos hechos están, por ejemplo, el anuncio grabado en el Estado Nacional que se transmitió, en setiembre, durante los partidos de Costa Rica contra México y Jamaica, así como ocho vallas publicitarias que ponían a Carlos Alvarado y a José María Figueres de espaldas.
También produjeron sesiones fotográficas con Chaves, Cisneros y otros candidatos a diputado. Asimismo, Madison se encargó de pautar publicidad en redes sociales, principalmente en Facebook y Google. Esos trabajos, de acuerdo con la empresa, se realizaron durante los meses de setiembre y octubre del 2021.
El abogado de la agencia detalló que su cliente elevó el caso al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y al Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia Civil, del I Circuito Judicial de San José. En esta última instancia, interpuso una demanda por un incumplimiento de pago.
Al referirse a las personas que encargaron los servicios e instruyeron la facturación a nombre de ATA Trust, Dumani dijo: “Hablo de las personas que fueron designadas por el partido para tener contacto con mi gente. Don José Coto y Sofía Agüero; esas personas trabajaban para el partido y fueron designadas para tener comunicación directa con nosotros; lo que decían ellos, para nosotros era lo que decía el partido.
“Indicaron que las facturas iban a ser canceladas tanto por el fideicomiso como por el señor Jack Loeb (uno de los mayores financistas de Chaves) y así fue. Cuando se requirió que se giraran las facturas a nombre de ellos, a ellos se les giraron las facturas.
“Los pagos siempre fueron autorizados por las personas que el partido, en las reuniones, nombró como intermediarias y nunca fueron desautorizados posteriormente”, dijo Dumani.
José Coto Quesada fue el primer gerente de campaña de Rodrigo Chaves. Él renunció el 9 de setiembre porque el PPSD se negó a asumir a los proveedores del fideicomiso.
En cuanto Sofía Agüero Salazar, el presidente de la fiduciaria ATA Trust, Arnoldo André Tinoco, dijo que ella trabajó como colaboradora del fideicomiso Costa Rica Próspera como enlace con proveedores y “con ciertas funciones administrativas”.
Sobre este tema, el PPSD dijo que en el partido nadie ha sido notificado “sobre alguna demanda por parte de Madison; por ese motivo, no realizaremos ningún comentario, pues no lo haremos sobre algo que no tenemos la información oficial”.
Sofía Agüero, quien es hija del diputado electo del PPSD, Waldo Agüero, registra donaciones en especie a la agrupación por un total de ¢3,9 millones, entre el 4 de noviembre del 2021 y el 28 de enero del 2022 por pagos en redes sociales, perifoneo, pautas, grabaciones y fotografías, de acuerdo con los estados financieros de la agrupación entregados al TSE.
Un correo del 1.° de setiembre del 2021 muestra a Agüero indicando a Madisson que debía facturar a nombre de ATA Trust.
Servicios aprovechados, pero no cancelados
En total, la compañía le facturó a la campaña de Chaves servicios por $133.586 (¢87,6 millones). Según Dumani, la gran mayoría de ese dinero no se pagó y por eso interpusieron una demanda civil.
“Hay algunos trabajos que no fueron cancelados, a pesar de ser debidamente aprobados y, sobre todo, después de haber sido aprovechados por parte del partido y los candidatos en su beneficio”, afirmó el abogado de Madison.
Facturas a los canales 6 y 7
En total, está pendiente el desembolso de $113.495 (¢74,5 millones). A Madison solo se le hizo un adelanto de $20.091 (¢13,2 millones) y otro de ¢5,2 millones para pagar la pauta en los canales 6 y 7.
Según los comprobantes de la transferencia SINPE del Banco Nacional, esas facturas de Repretel y Teletica fueron costeadas con fondos que salieron de la sociedad anónima André, Tinoco & Asociados.
Ahí se especifica que los fondos salieron a nombre de ATA Trust y se trasladaron a una cuenta de Madison, en Bac San José. El comprobante se le envía a Sofía Agüero. Posteriormente, la agencia de publicidad pagó la pauta al 6 y al 7.
Consultado al respecto, Arnoldo André Tinoco, quien preside tanto André Tinoco & Asociados como ATA Trust, aseguró que el dinero de esos pagos venía de los recursos del fideicomiso, pero que por una cuestión tecnológica del Banco Nacional se consignó a otra sociedad anónima.
“Todas las cuentas bancarias están agrupadas bajo André Tinoco & Asociados, porque así lo tira el banco, pero las cuentas son independientes de las sociedades (...). Eso es un asunto del programa del Banco Nacional que agrupa todas las cuentas corrientes bajo André Tinoco & Asociados, así es como opera el banco; ahí hay como 60 cuentas bancarias que nosotros manejamos, de distintas sociedades y de distintos negocios propios y ajenos”, alegó Arnoldo André.
Ese fideicomiso Costa Rica Próspera se utilizó para financiar gastos de campaña de Progreso Social, según reveló este diario el sábado pasado.
El nombre de las personas que nutrieron con recursos ese fideicomiso y la forma en que se usaron esos fondos permanecieron ocultos antes de la primera ronda del 6 de febrero debido a que Rodrigo Chaves alegó que se trataba de un fideicomiso privado con una cláusula de confidencialidad.
La legislación electoral prohíbe el financiamiento paralelo. Eso significa que, aparte del tesorero partidario o de las personas que designe el Comité Ejecutivo, ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar fondos en beneficio de un partido. De hecho, el Código Electoral prevé sanciones para quienes realicen aportes de esta manera y para los dirigentes que reciban aportes “valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.
El Código Electoral sanciona con penas de dos a seis años de prisión a cualquier personero del partido que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte ilegal. Y el castigo es de dos a cuatro años para la persona que done a un partido por medio de terceras personas.