La constructora MECO contrató a Luis Guillermo Loría Salazar, excoordinador del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), para “traerse abajo” un informe de ese mismo centro especializado, en el que se señalaban defectos en la mezcla asfáltica colocada en el nuevo viaducto de la rotonda de las Garantías Sociales, en Zapote.

Así lo dice el expediente judicial del Caso Cochinilla, según el cual, la empresa le encargó al ingeniero Loría Salazar, de 46 años, la elaboración de una “respuesta a matar”, para desmeritar al Lanamme y desvirtuar los hallazgos.

El objetivo, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fue “inducir a error a la administración” y asegurarse que MECO devengara el pago total de la obra, evadiendo los castigos que le habría correspondido por los incumplimientos contractuales.

Con el informe emitido por Loría Salazar, también se benefició la firma Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), la cual fiscalizaba el proyecto. De acuerdo con las investigaciones de la Policía Judicial, esa sociedad también pertenecería al dueño de MECO, Carlos Cerdas.

Al final, ambas compañías recibieron un pago inicial de al menos $17,6 millones (¢11.000 millones) por la construcción del paso a desnivel, precisa el expediente 19-000025-1218, que tramita la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Agrega: “En consecuencia, un perjuicio para Ia Hacienda Pública y el interés público, este último producto de la recepción de una obra defectuosa con repercusiones en la seguridad y confiabilidad del tránsito por la vía y durabilidad del proyecto”.

La contratación de Loría, según las pesquisas del OIJ, se habría pactado en $2.500 (poco más de ¢1,5 millones).

Reclutamiento

El OIJ llegó a esas conclusiones luego de intervenir varias llamadas telefónicas que evidenciarían que MECO, junto a ITP, reclutaron a Loría aprovechando que está suspendido de su cargo desde junio del 2019, con una investigación judicial, y “en una posición de guerra” con el laboratorio adscrito a la Universidad de Costa Rica (UCR).

Consultado al respecto, el experto en pavimentos afirmó a La Nación que él no elaboró ningún descargo, sino solo un aporte puntual y, alegó que, en su momento, desconocía que las empresas buscaran encubrir defectos en las obras.

ITP es una empresa verificadora de calidad que trabaja para MECO en múltiples proyectos viales. Su presidente, Óscar Martínez Martínez, figura entre los 57 investigados en el Caso Cochinilla.

La contratación de Loría se dio luego de que, en mayo del 2020, un informe del Lanamme detectara defectos en la mezcla asfáltica colocada en el paso a desnivel de las Garantías Sociales.

Para ese momento, el ingeniero tenía diez meses de haber sido suspendido de su cargo como coordinador general del Programa de Infraestructura de Transporte (PITRA), del Lanamme.

Dicha medida la dictó el Juzgado Penal de Hacienda a finales de junio del 2019, pues a Loría se le investigaba por un presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El Laboratorio confirmó a La Nación que dicha medida cautelar se mantiene vigente.

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En una de las conversaciones intervenidas y transcritas por el OIJ, Abel González, gerente de Operaciones de MECO, describió que la mezcla que se utilizó en Garantías Sociales llegó unas veces seca y, en otras ocasiones, pasada de asfalto.

Esta situación le fue informada a Marco Salamanca Flores, ingeniero de MECO, por parte de Carlos Jiménez González, gerente de Ia Unidad Ejecutora del BCIE-Conavi y encargado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para el proyecto de Garantías Sociales.

Jiménez González le habría dicho a su contraparte que debían preparar “un buen descargo para poner a Lanamme en su lugar”, señala el expediente judicial.

Posteriormente, Salamanca informó de esta situación a Óscar Martínez, presidente de ITP, quien, luego de obtener la autorización del gerente de Operaciones de MECO, contactó a Luis Guillermo Loría.

‘Eso es lo que te digo, primero apalearlos’

El 15 de mayo del 2020, el OIJ intervino una primera conversación telefónica entre Martínez y Loría.

“En Ia conversación Óscar le comentó que lo estaba proponiendo para pagarle una consultoría, trabajando conjuntamente con él y Sergio, para dar respuesta a MECO y que la debía facturar a ITP, pero le pagaba MECO, con el objetivo de brindar una “respuesta a matar, con mucho criterio, siendo que lo que querían era traerse abajo el informe de Lanamme, para desmeritarlos”, detalla el expediente.

De acuerdo con ese documento judicial, durante esa conversación ambos acordaron desacreditar el informe técnico de ese laboratorio de la UCR, a sabiendas de las irregularidades que se habían detectado con la mezcla asfáltica.

El OIJ también incluyó una frase de Loría que, según señala, “evidencia el odio y rencor con que se expresa de los funcionarios del Lanamme”.

“Eso es lo que te digo, que es otra cosa, primero apalearlos y después decir no, eso se va a quedar ahí y vamos a ver que no le va a pasar nada hijueputas, a ver si dentro de tres y cuatro años ustedes vienen a pedir disculpas por ser tan animales”, dice textualmente la cita.

‘Para mí no había ningún defecto’

Consultado sobre los hallazgos del OIJ, Loría insistió en que él no elaboró ningún descargo ni tampoco un informe, sino solo “una contribución puntual pequeña” en el tema de fatiga de la mezcla asfáltica, es decir, cómo se fractura la mezcla.

Según el ingeniero, en el informe sobre las Garantías Sociales, el Lanamme presentó muy pocas muestras y, en su criterio, había que tomar unas 50.

“Para mí no había ningún defecto, yo no sabía, yo trabajé incluso con datos del Lanamme”, puntualizó Loría.

Afirmó, además, que las empresas que lo contrataron nunca le mencionaron que el objetivo de la consultoría fuera evadir multas por defectos en la construcción.

“Me pidieron un criterio y eso fue todo lo que hice”, afirmó el Loría.

Sobre el hecho de que se le hubiera indicado facturar el trabajo a nombre de ITP, aunque el pago se lo fuera a hacer MECO, dijo que no le dio importancia.

“No me acuerdo bien de momento, pero a mí me daba igual realmente quién me pagara. Yo lo que estaba dando era un servicio profesional”, añadió.

Trabajos para Lanamme e ITP a la vez

El expediente judicial del Caso Cochinilla también revela que la investigación contra Luis Guillermo Loría, por un presunto delito de enriquecimiento ilícito –la cual se tramita en un expediente aparte– tiene relación con trabajos que él habría realizado anteriormente para la empresa ITP.

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Cuando la oficina de Loría en el Lanamme fue allanada, en junio del 2019, la Fiscalía de Probidad informó de que el funcionario se habría aprovechado de su cargo para realizar “actividades privadas y acrecentar su patrimonio”, sin brindar más detalles.

La documentación del nuevo caso por presunta corrupción en obras viales detalla que dichas actividades las habría realizado con empresas que son contratistas del Estado en materia de obra pública, incluida ITP.

Como parte de las pruebas, el OIJ obtuvo facturas vinculadas a los trabajos en el paso a desnivel de Paso Ancho, en San José.

Según la Policía Judicial, en ese proyecto, Loría le habría vendido a ITP un documento explicativo sobre las especificaciones del Índice de Regularidad Internacional (IRI), que, a la vez, es uno de los aspectos que el Lanamme le fiscalizaba a la empresa.

En esos trabajos, la empresa constructora también fue MECO.

Y en otra licitación que ganó MECO para dar mantenimiento a varios tramos de vías en San José, Loría figuraba a la vez como proveedor de servicios profesiones para ITP y como coordinador del Lanamme, el cual participaba en lafiscalización de contratos y laboratorios, así como en la elaboración del cartel.

Sobre estos señalamientos, el ingeniero decidió abstenerse de declarar, según dijo, por recomendación de sus abogados.