El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) presupuestó ¢200,4 millones para realizar aumentos salariales a sus 529 empleados en el 2023, pese a las restricciones impuestas por la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Dicha ley establece que, si la deuda del Gobierno Central supera el 60% del producto interno bruto (PIB), no se pueden realizar incrementos salariales por costo de vida en el salario base de los empleados públicos ni en los demás incentivos salariales.
Es por esto que la Contraloría General de la República (CGR) improbó la solicitud presupuestaria del Inder. El órgano contralor especificó que, según datos del Ministerio de Hacienda, la deuda actual del Gobierno Central es de 65,60%. El Poder Ejecutivo proyecta finalizar el 2023 con un nivel de deuda del 67,1%.
La intención, según detalló la institución a La Nación, era aplicar aumentos en las partidas de dedicación exclusiva, recargo de funciones, ajustes en plazas internas, partidas por procesos de modernización, salario único y ajustes provocados por los Manuales de Clases y Cargos.
Este medio también consultó al Inder cómo afectaría la improbación de los aumentos por parte de la CGR.
Al respecto, las autoridades del instituto respondieron que no habrá afectación, porque los recursos se disminuyeron del presupuesto ordinario 2023 y se registraron en la partida de cuentas especiales denominada “sumas sin asignación presupuestaria”.
Explicaron que la partida de “sumas sin asignación presupuestaria” es una cuenta transitoria, donde se pueden mantener los recursos y, por medio de una variación presupuestaria aprobada por la Junta Directiva, asignarla nuevamente a la partida de remuneraciones cuando sea necesario.
Agregaron que este dinero únicamente puede ser utilizado en la partida de remuneraciones.
La Nación preguntó si buscarían realizar el aumento salarial de otra forma, a lo que el Inder argumentó que “conforme a lo regulado en las directrices de política salarial, no se puede justificar ningún aumento por costo de vida”.
No especificaron si intentarían realizar el aumento mediante otra justificación diferente al costo de vida.
Inder cuestionado
El presidente ejecutivo de Inder, Eduardo Robert, ha sido cuestionado durante los últimos meses debido a presuntos nombramientos a dedo y malos tratos. Recientemente, él y la gerenta general de la institución, Cindy Bravo, acudieron a comparecer ante los diputados de la Asamblea Legislativa.
La primera denuncia se dio el 7 de noviembre de 2022, cuando Bravo aseguró que en el Instituto se efectuaron 191 movimientos de personal a dedo en solo tres meses y cinco días, del 1.° de julio al 6 de octubre de este año.
Se trata de nombramientos, recargos de funciones pagados y traslados que involucraron a 156 funcionarios. De acuerdo con la denuncia, los movimientos se efectuaron sin el debido proceso determinado por la Contraloría General de la República.
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Dos días después, el 9 de noviembre, la gerenta general denunció que la entidad concedió aumentos salariales a dos líderes sindicales mediante recargos de funciones innecesarios e improcedentes.
Según la gerenta, los recargos corresponden a funciones de plazas que debieron ser cerradas a más tardar el 1.° de setiembre por órdenes de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. No obstante, los funcionarios se beneficiaron de las asignaciones hasta el 1.° de noviembre.
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El 10 de noviembre los diputados citaron a Robert y Bravo para comparecer ante la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
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Durante la comparecencia de Robert, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás, denunció que la directora jurídica de Inder fue nombrada sin cumplir los requisitos. La aludida, Diana Araya Rodríguez, acompañó a Robert en su cita con los legisladores.
Según expuso Nicolás, Araya accedió al cargo pese a que no cumplía en ese momento con el requisito de tener como mínimo diez años de estar incorporada al Colegio de Abogados.
En las actas de la Junta Directiva del Inder consta que ella fue nombrada jefa de Jurídicos el 1.° de agosto del 2022, pero se incorporó al colegio el 3 de noviembre del 2012. Es decir, al momento de ser nombrada le faltaban tres meses para ser legalmente elegible.
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