El Consejo Nacional de Producción (CNP) operó los últimos seis años sin tener una planificación estratégica institucional.
Así lo señaló el último informe de la Contraloría General de la República (CGR), en el cual vuelve a señalar importantes deficiencias de esa empresa estatal.
De acuerdo con el órgano contralor, la ausencia de ese plan operativo integral no solo dificulta la obtención de metas, sino que además compromete el fin público por el cual se creó el aparato estatal.
"Se evidenció que el Consejo no dispone de una planificación estratégica institucional desde el año 2014, lo que limita que los objetivos y metas que se definan orienten de forma estratégica y con una visión de largo plazo los resultados pretendidos mediante esos servicios.
“Dicha planificación es fundamental para cumplir el propósito de satisfacer la necesidad pública, promover la generación de valor agregado e implementar una cultura institucional de evaluación de resultados”, señala el informe.
La entidad, fundada en 1956, tiene el propósito de fomentar actividades agropecuarias y apoyar a las micro, pequeños y medianos productores.
Una de las herramientas para cumplir ese objetivo es el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
Mediante dicho programa, el Consejo adquiere alimentos de productores nacionales y los vende a instituciones estatales como delegaciones de la Fuerza Pública, comedores del Ministerio de Educación Pública (MEP), asistencia social del Cen-Cinái, por ejemplo.
No obstante, la Contraloría también encontró deficiencias en este programa.
Entre ellas, que no todos los proveedores son productores, sino que también se hallaron distribuidores, añadiéndole un mediador más a toda la cadena de abasto.
También se desconoce el número de productores registrados.
"Se determinó que no se dispone de información actualizada que permita conocer la cantidad de productores beneficiados mediante la cadena de comercialización generada por medio del PAI.
“Un 21,5% (78) de los productores inscritos en ese programa no tenían una cuota de mercado asignada y un 22,1% (63) de quienes sí cuentan con cuota de mercado, se dedican al acopio o distribución de productos, es decir, no corresponden a beneficiarios agroindustriales o productores primarios”, señala la auditoría.
La institución tiene prohibido por ley incluir a grandes empresas entre sus proveedores. Ese fue un señalamiento que precisamente hizo la Contraloría en 2017.
No obstante, en esta ocasión no se señala que los abastecedores intermediarios inscritos incumplan dicha normativa legal.
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Durante el periodo de estudio, comprendido entre el 1.° de enero de 2017 al 31 de marzo de 2020, el Consejo generó un pago por ¢161.090 millones a todos sus suplidores.
Uno de los tantos señalamientos del pasado por parte del órgano contralor, es que esos pagos se realizaban, en ocasiones, con meses de retraso.
Para esta ocasión, la Contraloría señaló que ha habido esfuerzos para corregir ese problema; sin embargo, continúa incumpliéndose el plazo de pago.
“Si bien la institución ha implementado medidas para agilizar ese proceso, en promedio el 92,4% de las facturas pagadas durante el periodo 2018-2020 no cumplieron con los tiempos establecidos según la línea del producto”.
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La auditoría también señaló dudas de “razonabilidad” sobre los precios de compra y venta de los productos, dado a que la institución desconoce con precisión la proporción del costo de transporte, así como el impacto de la cadena de comercialización en la fijación de los precios finales.
Esa empresa estatal acumuló pérdidas por más de ¢9.500 millones entre los años 2017 y 2018, principalmente por el desorden financiero que arrastra la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), uno de sus negocios.
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