A última hora y con base en un informe verbal, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) decidió anular un proceso de licitación que llevaba 17 meses en trámite para contratar a los administradores de 138 Ebáis, distribuidos en 10 áreas de salud de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Se trataba de una contratación por un periodo de cuatro años y con un costo de ¢178.000 millones anuales por la administración de las áreas de salud de Escazú, Santa Ana, Pavas, Desamparados 2, San Francisco-San Antonio, Tibás, La Carpio-León XIII, Barva, San Pablo y San Sebastián-Paso Ancho.
La resolución consta en el oficio SJD-0284-2023, enviado el 20 de marzo por la Secretaría de Actas de la Junta Directiva, a Randall Álvarez Juárez, gerente médico, y Esteban Vega de la O, gerente de Logística.
En el documento ordenan anular el concurso pese a que fue publicado desde octubre de 2021 y que ya había superado seis rondas de objeciones y aclaraciones ante la Contraloría General de la República (CGR).
En la última ronda de reclamos, los interesados presentaron cinco objeciones, de las cuales cuatro fueron declaradas sin lugar por la Contraloría. En otras palabras, las autoridades de la CCSS descartaron la licitación cuando estaba a punto de empezar la fase de recepción y evaluación de ofertas.
En los considerandos de la Junta Directiva no hay referencias a análisis técnicos, financieros o jurídicos que justifiquen la decisión.
De acuerdo con el oficio, los directivos se limitaron a señalar que la ejecución de varias rondas de apelación demuestran que “el cartel de licitación no reúne las condiciones adecuadas”. Sin embargo, no detallan a qué se refieren o cuáles deben ser las condiciones necesarias.
Además, la decisión de cancelar el procedimiento de licitación se tomó a pocos días de que venciera los contratos de las 10 áreas de salud. Como no pueden dejar a los vecinos de esas localidades sin servicios, la Caja extendió los contratos con una asociación de médicos y cuatro cooperativas por ¢45.000 millones para los próximos 18 meses.
No hay documento
Roberto Quirós Coronado, representante de los patronos y vicepresidente de la Junta Directiva de la CCSS, reconoció que él propuso desde de enero y por solicitud de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la creación de una comisión para revisar la tercerización de servicios de salud.
Ese grupo fue integrado por él, Juan Ignacio Monge Vargas y María Isabel Camareno Camareno, representantes del Gobierno y las cooperativas, respectivamente, en la Junta de la Caja.
Según Quirós, la comisión se reunió con los funcionarios de la institución a cargo de la licitación y los administradores de las 10 áreas de salud para evaluar el tema. Luego del “análisis”, el 20 de marzo anterior, propusieron a sus otros seis compañeros de Junta Directiva anular la licitación y elaborar un nuevo cartel.
No obstante, admitió que la comisión no presentó un informe escrito en el que se detallaran las razones para cancelar el concurso e iniciar uno desde cero.
“El informe fue rendido en forma verbal a la Junta Directiva”, dijo Quirós. Un problema adicional es que ese “informe verbal” no está disponible para el público, los medios de comunicación, diputados o cualquier otro interesado en revisarlo, pues las actas y grabaciones de las sesiones de la Junta Directiva de la Caja se publican con varios meses de retraso por inconvenientes administrativos y tecnológicos.
El acta de la sesión, según mencionó Quirós, estará disponible hasta dentro de dos meses, aproximadamente. “Lamentable, no está y no puedo hacer nada”, adelantó.
Hasta 2014, Quirós fue abogado de Coopesana, actual administradora de áreas de salud e interesada en la licitación que se desarrollaba. No obstante, rechazó que exista un conflicto de interés en este caso. Quirós fue nombrado en el máximo órgano de la Caja en enero tras la suspensión temporal de cinco de nueve integrantes, ordenada por el Consejo de Gobierno a finales del 2022.
La Nación consultó a Uccaep si solicitó a Quirós intervenir en el tema de tercerización de servicios. Anoche, su respuesta fue que sí se lo pidió.
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¿Cuáles son los argumentos?
Hasta ahora no hay documentos que permitan identificar con precisión las razones de la Junta Directiva para anular la licitación y empezar una nueva, luego de 17 meses de gestiones tanto en la CCSS como en la Contraloría.
Tampoco existe un estudio que enumere los costos de oportunidad o riesgos de esa decisión. Sin embargo, Quirós mencionó que el cartel licitatorio tenía defectos que afectaban los servicios.
Por ejemplo, habló de limitaciones de horario que afectan a los asegurados, imposiciones innecesarias de personal administrativo y financiero, así como de la obligación de adquirir costosos laboratorios de Microbiología y el traslado de “rigideces” a los prestadores de los servicios.
El objetivo, de acuerdo con el abogado, es que el nuevo proceso de licitación permita contratar asociaciones y cooperativas por un precio menor y con mejores mecanismos de fiscalización. El nuevo cartel de licitación, según él, debe estar listo el próximo 21 de abril.
En un comunicado, enviado la noche de este martes, la Caja informó que la intención es que el nuevo cartel esté publicado en el diario oficial La Gaceta y en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) el 1.° de junio.
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Otro argumento expuesto por el directivo es el interés de la Junta Directiva de firmar contratos con las cooperativas por 10 años y no por cuatro. El vocero no hizo mención a algún criterio técnico que justifique la ampliación de ese plazo.
Este diario intentó consultar a Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja, pero su jefe de despacho manifestó que la jerarca está de vacaciones y regresa hasta el 20 de abril.