Si los diputados tienen verdadera voluntad por arreglar los entuertos del Estado, deberían eliminar sinsentidos como el injusto enganche de las pensiones, con la misma prisa con que tramitan populares rebajas en el marchamo.
Le saluda Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de La Nación.
¿Qué es el enganche de las pensiones? Es un articulado legal que obliga al Gobierno a aumentar su contribución para las pensiones del Poder Judicial y del Magisterio si aumenta el aporte estatal para las pensiones más bajas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
¿Por qué es injusto? Porque la CCSS le exige al Gobierno aumentar la cuota estatal para ayudar a financiar las pensiones más bajas del régimen, las de ¢130.000 mensuales, que perciben 80.500 personas que no acumularon suficientes cuotas para recibir un monto mínimo vital; sin embargo, cuando la Caja ordena incrementar el aporte estatal para el IVM, el Ministerio de Hacienda también debe subir su contribución para sistemas de pensiones que ya gozan de enormes privilegios.
En consecuencia, recaerá sobre todos los contribuyentes no solo un incremento solidario para ayudar a los más desfavorecidos, sino que también el premio para los sistemas más favorecidos.
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El Fondo de Pensiones del Poder Judicial y la Jupema, administradores de las pensiones de la Corte y del Magisterio, argumentan que sería improcedente que el Gobierno les entregue una cuota menor a la establecida para el régimen del IVM. La primera de esas instituciones alegó que los aportes estatales deben ser iguales para todos los trabajadores, independientemente de si laboran en el sector público o privado.
Ya que el Fondo de Pensiones de la Corte apela a la igualdad en los aportes estatales, veamos ese punto en detalle: con recursos públicos y en su condición de patrono, el Poder Judicial le aporta a sus empleados una cotización equivalente al 14,36% del salario, casi tres veces de lo aportan los patronos afiliados al IVM (5,25%), incluidas muchas instituciones del Estado.
En el caso del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) del Magisterio, el Estado también aporta más en su condición de patrono, un 6,75%. Este sistema, además, permite a los funcionarios retirarse mucho más jóvenes, incluso con 55 años, en comparación con los 65 que exige el IVM.
Además, la pensión promedio en el Poder Judicial es casi seis veces mayor que la del IVM (¢1.560.000 frente a ¢278.000).
Fue la Contraloría General de la República (CGR) la que emitió una nueva alerta sobre el enganche de las pensiones al analizar el Presupuesto Nacional del 2022. En informes que la CGR pone a disposición de los diputados, como su órgano asesor, sugirió revisar la procedencia legal del enganche debido a los efectos que tendrán los futuros incrementos.
“Hay subvenciones del Estado que se extienden en forma automática hacia otros regímenes, situación que debe ser revisada”, insistió el órgano contralor.
Los dos últimos ajustes automáticos provocados por el enganche, aplicados en el 2016 y el 2019, le demandaron al Gobierno más de ¢13.000 millones anuales en favor de los regímenes del Poder Judicial y del RCC del Magisterio, con el agravante de que vienen más en camino.
En el 2016, la Junta Directiva de la Caja acordó aumentar de forma escalonada la contribución estatal para tapar un hueco de ¢54.000 millones anuales en el financiamiento de las pensiones mínimas. El aporte estatal pasó del 0,58% del salario de cada trabajador a un 1,24%. La cuota subió nuevamente en el 2020 a un 1,41%, y, ahora, subirá gradualmente hasta alcanzar el 1,91% en 2035.
En la Corte, el salario promedio de un funcionario es de ¢1,6 millones, lo que exige una contribución estatal de ¢22.560 para las pensiones, equivalente al 1,41% del salario. Aumentar ese aporte a un 1,91%, como está previsto para el 2035, implica subir la cuota en ¢12.000 mensuales.
En cambio, hacer lo mismo con un asalariado afiliado al IVM que gana ¢500.000 solo exige ¢2.500 más (de ¢7.050 a ¢9.550).
Pese a la advertencia de la Contraloría, los diputados no reaccionaron, ni los de Gobierno ni los de oposición. El periodo para presentar mociones de ajuste al Presupuesto Nacional expiró el viernes 15 de octubre y ninguno presentó siquiera una moción simbólica sobre el enganche. No hubo conferencias de prensa al respecto, no hubo dispensas de trámite, no hubo presentación de proyectos.
Avanzar con reformas de este tipo es cuestión de voluntad, porque los legisladores sí corren para dispensar de trámite rebajas de marchamo que abren huecos de ¢30.000 millones anuales en el fisco.
Ya en el 2016, el Ministerio de Hacienda había advertido del efecto del enganche, el cual calificó como inaceptable. Sin embargo, ni el gobierno anterior ni el actual reaccionaron con reformas legales.
Como este enganche, se pueden identificar numerosos sinsentidos más en el Estado; tal es el caso de las terceras pensiones que diversas instituciones regalan a sus servidores con recursos públicos. No obstante, los proyectos para enmendar estas situaciones avanzan poco, pues conllevan enfrentarse a sectores gremiales de todo tipo. Una de las pocas que ha impulsado reformas en ese sentido es la Yorleny León, diputada del PLN.
Ya casi termina la administración actual y tampoco ha avanzado el proyecto del diputado Víctor Morales, del PAC, que impediría crear nuevas pensiones de lujo y pasar al IVM a los funcionarios actuales que aún puedan optar por estas jubilaciones.
Tarde o temprano las medidas tendrán que llegar, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Afortunadamente, la Sala IV consolidó con su jurisprudencia el derecho de los ciudadanos a tener una finanzas públicas sanas, lo cual implica que debe existir un equilibrio entre los derechos prestacionales y la solvencia económica estatal.
Usted tiene derecho a tener unas finanzas públicas sanas. Este es un principio muchas veces incumplido pero que, ahora, sirvió de base para avalar reformas como la del empleo público, el tope a los salarios en las universidades y la reforma fiscal.
Con su jurisprudencia, la Sala abrió la puerta para la implementación de reformas estructurales que ayuden a equilibrar las finanzas públicas.
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