Costa Rica solicitó mediante una carta de intenciones firmada por el ministro de Cultura Manuel Obregón, al gobierno francés que se establezca una agenda de acciones conjuntas para detener el tráfico de bienes culturales a dicha nación.
A la medida también se sumó el embajador peruano Luis Sándiga con el fin de que los bienes de ese país tampoco sean traficados.
Para esto, ambas representaciones se reunieron ayer con el embajador de Francia Jean Baptiste Chauvin, a quien expusieron el documento que entre otras cosas establece la necesidad de regular las condiciones de las obras que ingresan a Francia para ser subastadas.
Obregón aseguró que "en Costa Rica se desarrolla un sentido de conciencia, respecto a la tenencia y venta de bienes considerados patrimonio. A nuestra institución llegan denuncias de subastas que se realizan en otros países y donde se presume, está involucrado algún elemento considerado patrimonio cultural”.
El ministro añadió que últimamente se presenta una mayor tendencia a realizar expatriación de bienes arqueológicos o culturales, que por diferentes circunstancias se trasladaron a otros países y ahora son devueltos incluso por particulares que descubren la importancia que poseen estos para la identidad del país.
“Se incluye como bienes culturales a aquellas expresiones como obras de arte, ya sean pinturas o esculturas o bien las piezas arqueológicas, entre otras”, explicó.
Durante la reunión, se abordó la importancia de proponer un cambio en el marco jurídico que tiene Costa Rica respecto a la regulación del arte (Archivo. )
Según datos de la Embajada del Perú, en marzo pasado se dio a conocer la subasta realizada por la Casa de Subastas Sotheby's, en Francia, donde se puso a disposición del público la colección de arte prehispánica Barbier- Mueller, incluía arte considerado patrimonio cultural nacional por países como Costa Rica, Perú, Guatemala, entre otros.
Una de las figuras que se ofreció en esta subasta fue uan de las deidades de la Cultura del Diquís, de la que no se tiene ningún ejemplar. La pieza se ofrecía por un precio de 15 millones de euros.
“Puede que esto sea un negocio legal a nivel de comercio, pero para el gobierno es una responsabilidad intervenir en este tipo de situaciones, con el fin de preservar el patrimonio del país”, aseveró Obregón.
