Los 370 reclusos excarcelados para disminuir el hacinamiento penitenciario tienen 15 días para conseguir empleo, de lo contrario, tendrán que laborar en alguna de las cuatro fincas agropecuarias de Adaptación Social.
Hasta ayer habían salido 330 presidiarios y se espera que hoy salgan los 40 restantes, indicó Virgilio Gamboa, director del programa semiinstitucional.
El plazo de 15 días corre a partir del momento en que los detenidos salen de la cárcel.
Los favorecidos con el cambio fueron escogidos por el Instituto Nacional de Criminología (INC) en cumplimiento de la resolución del juez de Ejecución de la Pena de San José, Roy Murillo, del 24 de setiembre, en la que se ordenó reubicar a 370 sentenciados que estaban en la cárcel de San Sebastián –exclusiva para quienes cumplen prisión preventiva– en otros centros penales.
El juez estableció que si en los otros centros no había espacio, debía trasladarse a igual número de individuos al régimen abierto.
En ese programa semiinstitucional hay 2.741 personas, quienes pernoctan una vez por semana en alguno de los 11 centros.
Empleo. En su resolución, el juez Murillo indicó que los presos no debían arrastrar condenas previas, ni causas activas, así como estableció que debían tener domicilio fijo y contar con un plazo para conseguir empleo.
Gamboa explicó que una de las condiciones obligatorias para que cualquier sentenciado pase al programa semiinstitucional es precisamente el trabajo.
Sin embargo, como el juez Murillo no exigió contar con una oferta laboral, la mayoría de los que pasaron a régimen abierto deben buscarla, para lo que se les dio un lapso de 15 días.
Hasta ayer, Gamboa desconocía cuántos de los reclusos ya contaban con opción para un puesto.
El funcionario explicó que durante esos 15 días, los reos deberán llenar una bitácora donde indicarán los nombres de las empresas o patronos que visitaron y un número telefónico, con el fin de demostrar que están buscando trabajo.
El juez Murillo reconoció que desde prisión es muy complicado encontrar ubicación laboral y Gamboa coincidió con él, al señalar que muchos patronos exigen la hoja de delincuencia y se niegan a contratar presidiarios.
“Los patronos en la población del semiinstitucional generalmente son familiares o expatronos que conocen bien la situación de cada uno de ellos. O, laboran en actividades autogestionarias. Esos son los principales medios de empleo, como artesanías”, dijo Gamboa.
Seguimiento. La ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, decidió ayer la creación de una unidad que dará seguimiento a las 2.741 personas en régimen abierto, formada por 22 policías penitenciarios que visitarán las comunidades donde se ubica esa población.
Los oficiales apoyarán la labor de monitoreo que ya realizan unos 46 técnicos, entre orientadores, psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
“Nosotros tenemos que garantizar a las comunidades que estas 2.741 personas están haciendo un uso positivo del beneficio que se les dio”, expresó.
Detalló que, durante los últimos 10 años, el porcentaje de éxito en el programa semiinstitucional es del 88%, por lo que solo un 12% regresa a prisión, ya sea porque evadieron las medidas, incumplieron el plan técnico o cometieron nuevos delitos.
En este último caso, la reincidencia es muy baja, pues apenas un 2,4% delinquió mientras disfrutaba el beneficio.
“Las personas que cumplen con éxito asumen una actitud responsable su paso por el programa. El problema es que siempre vemos la mancha en la hoja”, apuntó el director.
