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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó un recurso de amparo contra el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y su ministro de Seguridad, Gustavo Mata, el cual tiene como objetivo frenar el despido de 115 policías corruptos.
La gestión ante la Sala Constitucional fue realizada por Minor Anchía, representante de los afiliados del Ministerio de Seguridad a esa organización sindical, quien cuestionó que se hagan los despidos sin que haya habido una sentencia judicial.
Para prescindir de los servicios de los policías, el ministro Gustavo Mata se ha basado en el artículo 140 de la Constitución Política, el cual da facultad para que, ante la pérdida de confianza, se pueda remover libremente a los miembros de la Fuerza Pública, sin que requiera para ello el que se inicie previamente una acción de despido, o que se acredite alguna causal que así lo justifique.
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Sin embargo, la ANEP le indicó a los magistrados que tal forma de despido "vulnera el instituto constitucional del principio de inocencia, por cuanto la autoridad judicial no ha emitido sentencia firme".
El ministro de Seguridad anunció el jueves que, p or el momento, 51 funcionarios ya fueron cesados; 31 están pendientes a notificar y el resto (33 casos) están en medio del proceso administrativo que concluiría a principios del 2017.
"Si bien se establece el despido con responsabilidad patronal, se provoca en los funcionarios una situación de indefensión y de condición laboral de simple mercancía", alegó Anchía en el recurso.
En las pretensiones del recurso, el sindicalista le solicita a los magistrados que le ordenen al ministro la suspensión de despidos "sin el debido proceso" y la reinstalación de a quienes se les aplicó esa medida.
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De los policías despedidos, 15 de ellos cometieron aparentes abusos sexuales contra menor y mayor de edad; ocho están vinculados a homicidios, siete infringieron supuestamente la ley de psicotrópicos y cinco están ligados a violaciones sexuales. Hay otros cuatro oficiales investigados por asociación ilícita, otros cuatro por crimen organizado y dos por privación de libertad y extorsión. Al resto (72) se le achacan delitos contra la propiedad.
Se desconoce si el recurso fue admitido para estudio por los magistrados.
