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Fue en febrero del 2014 cuando, por primera vez, Jorge Pita, de 70 años, fue detenido por deber una pensión alimentaria de ¢5,6 millones: ¢3,6 del monto mensual provisional, más ¢2 millones de salario escolar. En esa ocasión, cumplió 48 días de cárcel, hasta que pudo pagar.
Ocho meses después, el hombre, quien era dueño de un conocido restaurante en Escazú, regresó a prisión. En esa oportunidad estuvo seis meses tras las rejas, tiempo máximo del apremio corporal.
El pasado 9 de julio volvió. Su tercera vez en la cárcel se debe a que no ha pagado ¢10,8 millones por tres meses de pensión a su expareja y a su hija, de 11 años.
Pita no ha cancelado el monto provisional desde mayo, según la orden de apremio corporal girada por el juez Ronald Chacón, del Juzgado Contravencional de Santa Ana.
El empresario alega que no tiene dinero para saldar esa cuenta, ya que su excompañera se apropió del restaurante, que era su única fuente de ingreso.
A él lo detuvieron en la casa donde vive, en Curridabat y, desde ese día, permanece recluido en la Unidad de Pensiones Alimentarias de la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
Allí comparte espacio con otros 324 presos, según Adaptación Social.
‘Es una injusticia’. En una corta conversación telefónica, este miércoles, Pita aseguró que vive una completa injusticia.
Relató que el 9 de julio, un par de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron hasta su casa para pedirle que los acompañara al Juzgado de Pavas, debido a una causa penal que no tenía ninguna relación con la deuda por la pensión.
Sin embargo, la oficina de prensa del OIJ informó de que no hay registro de esta acción.
“Estaba en Curridabat y me dijeron que el nuevo fiscal (no recordó quién) lo mandó a llamar. No me enseñaron orden de arresto ni nada; yo me fui por mi propia voluntad, porque el que nada debe, nada teme.
”Ella (expareja) me acusó en la Fiscalía de algo que supuestamente ocurrió en enero del 2014; se supone que la causa es por ofensa de dignidad, y no es posible, porque yo a esa señora ni la he visto. Yo siento que usaron a la Fiscalía para localizarme”, contó.
Indicó que en las afueras de ese juzgado, el abogado de su expareja lo esperaba con dos policías municipales, quienes lo detuvieron. “El abogado me hizo una propuesta para no estar preso. Me dijo que me bajaban la pensión de ¢3,6 millones a ¢300.000 con tal de que yo le dé el divorcio a ella (expareja). Y eso no lo voy a hacer.
”Ella estaba casada en Venezuela antes de casarse conmigo, en el 2006. Me enteré en el 2013, cuando nos separamos. Si le doy el divorcio, voy a ser cómplice de un delito. Como no acepté, me trajeron a La Reforma”, mencionó.
La Nación ha intentado, sin éxito, localizar a la expareja de Pita o a su abogado.
El empresario adelantó que está escribiendo una minuta de lo que pasó desde que llegaron los agentes del OIJ, hasta la detención, para presentarlo ante la Sala Constitucional.
“Yo no estoy cansado, ni me he vencido. Tengo un lema que dice: ‘La inteligencia y la verdad siempre vencen a la mentira y a la maldad’. Toda mi vida he luchado.
”El Juzgado, en algún momento, tiene que reconocer la injusticia que ha hecho. Me quitaron lo que hice en 40 años de trabajo y me jubilaron en el campamento de La Reforma”, concluyó.
Calvario. Tras separarse de Pita, en el 2013, la excompañera solicitó una pensión de ¢8 millones. Hace casi dos años, el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Santa Ana fijó un monto provisional de ¢4 millones; Pita apeló y el Juzgado de Familia rebajó el monto a ¢3,6 millones. La pensión definitiva todavía no ha sido dictada.
Eugenia Quesada, quien será la abogada del empresario, aseguró que él no tiene dinero para poder cancelar esa suma mensual.
“El restaurante que tenía en sociedad con su expareja ya no lo tiene. El señor no tiene el capital de trabajo, el dinero que fue acumulando por años está a nombre de esa sociedad y no tiene acceso ni al giro de esa empresa”, explicó Quesada, quien, además es la presidenta de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre.
Agregó que Pita tiene un cuadro depresivo porque no ve a su hija desde hace dos años. “En la escuela no le permiten acceso a la menor y eso lo tiene muy mal de ánimo”, señaló.
