Ministra echa atrás promesa de revelar hacinamiento de reos

Cuatro horas después de que la ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, prometió a dos periodistas de este diario revelar la cifra de reos hacinados por ámbitos, la funcionaria se echó atrás.

Este lunes, durante una entrevista que duró una hora y 25 minutos, la jerarca aseguró a La Nación que facilitaría los datos sin necesidad de que transcurriesen los 15 días hábiles que le fijó la Sala Constitucional, al declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por el periodista David Delgado.

Ramírez expresó en la conversación que remitiría los datos apenas los tuviese en sus manos. Así consta en la grabación del encuentro, el cual culminó hacia las 7:30 p. m., y en el que participó Gonzalo Elizondo, coordinador de la Unidad Ejecutora, y su asesor de prensa, Steven Ramírez.

Sin embargo, luego de que la funcionaria salió del periódico, en Llorente de Tibás (San José), envió a uno de sus choferes, Rolando Ramírez, a que entregara una gestión de adición y aclaración a la Sala Constitucional.

El escrito se recibió a las 11:38 p. m., al filo del tercer día que tenía para presentar el trámite.

Allí expuso que en el voto N.° 2015-2133, los magistrados “dejaron pasar el detalle de que la relación entre recintos de los centros y la cantidad de presos en cada uno podría significar un problema de seguridad”, al alegar que difundir esta información provocaría una eventual fuga masiva.

No obstante, en esa resolución, del 17 de febrero, los siete titulares de la Sala Constitucional dijeron que no había razones de seguridad para negar la información al periodista Delgado, de acuerdo con los argumentos que la jerarca Ramírez expuso en el informe rendido ante los jueces.

Fallo. Cristina Ramírez fue notificada el 18 de febrero, de forma personal, de que debe suministrar la información.

Este diario tiene copia del documento que ella entregó a la Sala, tres días después, diciendo: “Si bien la información solicitada por el caballero periodista, en general, busca un fin público de información sobre un tema de gran interés nacional, como lo es, sin duda, la infraestructura penitenciaria, también es cierto que dicha información ofrece un filón de inseguridad de grandes proporciones, por el consecuente uso que dentro y fuera del centro podría dársele, exponiendo el sistema a atentados contra la seguridad de los centros y de las personas que allí viven y trabajan”.

¿Qué pide? La Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que los fallos de la Sala Constitucional no son apelables; no obstante, la ministra pide “que se aclare si la entrega de la información que se ordena en el fallo debe de hacerse, a pesar de los riesgos que han sido detectados”.

Para la jerarca, la difusión de las cifras de hacinamiento abriría un umbral de riesgo para la infraestructura penitenciaria, por la sensibilidad de los datos.

“El fallo de la Sala Constitucional debería aclararse, no solo porque si bien el ciudadano no tendría por qué tener una limitación en la difusión de la información, incluso ante el umbral de peligro que dicho dato podría provocar en la infraestructura penitenciaria, la propia administración sí debe ser consciente del peligro que tal revelación podría provocar”, agrega Ramírez.

Por otro lado, solicita a los magistrados ponderar los intereses jurídicos como el peligro para la vida y la integridad corporal de la población en los centros, los funcionarios y los familiares visitantes, frente a “la situación de intranquilidad provocada por la información que pudiera ser proveída por el periodista y que conduzca a una intentona de evasión por parte de personas privadas de libertad”.

Finalmente, añadió que si los datos de hacinamiento en cada uno de los ámbitos –los que calificó como información de inteligencia–, llegase a manos de grupos delincuenciales, estos podrían usarla para “preparar planes concretos de evasión masiva de algunos centros”.

La ley no establece un plazo para que los magistrados resuelvan la gestión de la ministra. Por otra parte, tampoco interrumpe el plazo de los 15 días hábiles que tiene la funcionaria para entregar las cifras completas, el cual vence el 11 de marzo.