Esclavas sexuales podían salir de pocilga si pagaban ¢10.000

La Fortuna

Las 13 mujeres extranjeras que eran explotadas sexualmente, en tres bares de San Carlos y San Ramón, cada vez que salían debían pagar ¢10.000 y retornar a una hora previamente establecida.

El dato lo reveló, este lunes, la fiscala de La Fortuna de San Carlos, Natalia Álvarez, cuando explicó los abusos que sufrían las mujeres, liberadas el sábado pasado, en un operativo desarrollado por la Policía Profesional de Migración y la Fiscalía.

Álvarez agregó que si la salida era con un hombre, a las víctimas se les exigía la cancelación de ¢25.000.

Advirtió de que las mujeres vivían en pequeños cuartos, con camas rústicas, colchones rotos, malolientes y sin baños.

Natalia Álvarez calificó como dramático el caso del bar los Horcones, en Chachagua de San Ramón, en donde las mujeres tenían dos baños colectivos, los cuales presentaban agua empozada de color verde, en los cuales había sapos.

La fiscala dijo que encontraron basureros “llenos de condones usados”, jeringas viejas y medicamentos para el tratamiento de enfermedades sexuales como la gonorrea, lo que demuestra la insalubridad en que trabajaban las mujeres.

Relató que las víctimas les contaron que se sentían como en una prisión.

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Antecedente. El operativo para liberar a las mujeres se realizó entre la noche del viernes al amanecer sábado. Las autoridades, además del bar los Horcones, allanaron los bares los Acostados y el Tenampa, estos dos últimos en La Fortuna de San Carlos.

Como sospechosos de integrar esta organización fueron detenidos dos hermanos (un hombre y una mujer) de apellidos Rivera Carrión. Además, está implicada una hija de la mujer que tiene los mismos apellidos y dos mujeres de apellidos Hernández Valle y Hernández González.

Contra estas personas, el Juzgado Penal de San Carlos dictó, el domingo en la noche, seis meses de prisión preventiva.

Esta banda conseguía mujeres en Nicaragua. Les ofrecía pagar $320 (¢180.000) al mes como mesera. Las ingresaba al país de manera ilegal. Una vez en el país, las obligaban a ejercer la prostitución. Las víctimas cobraban ¢16.000 por esos servicios, pero el dinero se los dejaban los imputados, informó la Fiscalía.

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El caso se descubrió el pasado 15 de agosto, cuando un cliente ayudó a tres mujeres a escapar. Ellas denunciaron a la Policía los abusos que sufrían.

En el operativo, las autoridades encontraron 13 mujeres (que sumadas a las tres que huyeron sumaban 16 víctimas), pero tres de las mujeres dijeron que ellas estaban en el lugar por su voluntad y recibían el pago correcto por los servicios. Incluso, estas mujeres se presentaron el domingo cuando se realizó la audiencia de fijación de medidas y hablaron con la prensa.

Entre tanto, las otras 13 mujeres se acogieron al programa de protección de víctimas y testigos. Ellas fueron sacadas y reciben tratamiento psicológico.