Diputados critican a ministra por negar datos de hacinamiento

Igualmente, dos exjerarcas de Justicia consideraron equivocado el criterio de Ramírez, quien dijo que dar la cifra de privados de libertad hacinados vulnera la seguridad nacional.

Este tema surgió porque el periodista de La Nación David Delgado solicitó al Ministerio de Justicia que le diera el detalle de presos por ámbito. Debido a la negativa de la entidad, Delgado interpuso un recurso de amparo ante la Sala IV.

Ramírez, en un documento que envió a los magistrados, alegó que detallar públicamente esa información “pondría en serio riesgo la seguridad nacional”.

La ministra afirmó ayer que, aunque existe el derecho a la información, “ese derecho soporta límites”, y que en este caso se consideró: “Esa información debe ser utilizada con prudencia porque difundirla de manera irrestricta podría ser utilizada para poner en riesgo tanto a funcionarios como a privados de libertad”.

Transparencia. Contrario a la opinión de la ministra, el diputado Mario Redondo Poveda, de la Alianza Demócrata Cristiana, dijo que no encontraba una razón para no revelar cuántos reos hay en cada ámbito de una cárcel y menos que eso sea un riesgo para la seguridad. “Esa es información que debería ser accesible. No comparto la posición de la señora ministra. Me parece que está equivocada y me preocupa que este Gobierno, que llegó pregonando el tema de la transparencia y la rendición de cuentas (...) con este tipo de posiciones se sale de lo que pregonó”, manifestó.

Antonio Álvarez Desanti, de Liberación Nacional, consideró que se trata de información pública y dijo no entender la razón de mantenerla oculta.

“Debería de darla hasta por razones de buen funcionamiento de su propio despacho pues cuanta más conciencia haya de la difícil situación en las cárceles, más fácil para ella conseguir apoyo y respaldo político. No puedo entender cómo eso es un tema de seguridad nacional. Sinceramente, me parece un argumento absurdo”, agregó.

En tanto, Ottón Solís Fallas, del Partido Acción Ciudadana, dijo que respeta el criterio de la ministra, pero declaró que no comprende por qué el tema del hacinamiento en las cárceles es de seguridad nacional.

Juan Diego Castro Fernández, exministro de Justicia (1996-1997), se pronunció en desacuerdo con Ramírez. “Que ella diga que es secreto de Estado, es lo que está diciendo en otras palabras, no estoy de acuerdo (...), no creo que dar cifras de la población penal y cuál es la capacidad que tiene el sistema afecte la seguridad, porque los que podrían hacer algo son los que están adentro y los que están adentro saben cuánta gente hay”, dijo.

José Miguel Villalobos, también exministro de Justicia (2002), manifestó: “No entiendo cuál es el interés público para pedir la información por ámbitos porque usted con una facilidad pasmosa mueve personas de un ámbito a otro dentro de un centro penal y la información queda desactualizada (...), pero tampoco observo que se vulnere la seguridad ciudadana o que se ponga en peligro la seguridad penitenciaria por darla de esa manera”.