Las autoridades y los gremios del Poder Judicial cerraron filas contra un proyecto de ley que quitaría beneficios en las jubilaciones y pensiones de los funcionarios.
Se trata del expediente 19.226, presentado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el cual propone reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial que modificarían el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la institución.
Entre los puntos más relevantes, el plan establece que los empleados realicen una contribución extraordinaria (del 11%), que se definiría según rangos salariales.
Además, aumenta la edad de retiro a los 65 años, pues, actualmente, los funcionarios se jubilan a los 62, con 30 años de servicio (también pueden retirarse con solo uno de los dos requisitos, pero el cálculo del monto se hace en forma proporcional). Asimismo, indica que se use como referencia el promedio de los salarios devengados en todos los años laborados y no el promedio de los últimos 24 meses, como se hace ahora.
El Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial tiene unos 12.000 empleados activos. En el 2012, un estudio actuarial de la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asociados indicó que el Fondo tiene un déficit actuarial de ¢4 billones y que se volvería insolvente en el 2027.
Rechazo. Precisamente ayer se realizó un foro en la Asamblea Legislativa para discutir el plan presentado por el PUSC.
Entre los expositores estuvieron el jefe de fracción del PUSC, Rafael Ortiz; la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva; el superintendente de Pensiones, Édgar Robles; el experto en pensiones del Poder Judicial, Carlos Montero, y el viceministro de Egresos, José Francisco Pacheco.
Al mismo tiempo (entre 10 a. m. y 12 mediodía), funcionarios judiciales se manifestaron contra el proyecto, tanto frente al Congreso como en varios circuitos.
En el debate, Villanueva y Montero rechazaron el plan y señalaron que ya existe una propuesta elaborada conjuntamente por la Corte Plena y los gremios, que fue presentada al Congreso por el Poder Ejecutivo.
Entre los cambios contenidos en ese documento, se plantea usar como referencia los últimos 120 salarios, y fijar un tope a las pensiones del 75% del salario más alto (por ahora no lo hay, por disposición de la Sala IV). Además establece la edad mínima de 55 años para el retiro.
Posturas. En su intervención, el superintendente Robles insistió en que los “privilegios” de los empleados judiciales llevaron al Fondo a una situación crítica.
Aseguró que las medidas propuestas son insuficientes y que las reservas no podrán cubrir ni las pensiones que ya se otorgan.
Posteriormente, la presidenta del Poder Judicial dijo que en la discusión solo se está tomando en cuenta lo económico y no el impacto social, y agregó que si hay interés de entregar los sistemas a operadores privados, debe hablarse “con franqueza”.