Policía captura a tres médicos y a un comerciante por tráfico de órganos
A esas personas se les va a abrir un proceso penal por el delito de trata de personas con fines de extracción de órganos, que es sancionado en el Código Penal con prisión de 6 a 12 años
Tres médicos y un comerciante fueron detenidos este jueves en un operativo conjunto realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Dos de los médicos, de apellidos Anunzia y Monge, fueron detenidos en el hospital Calderón Guardia. El otro fue capturado mientras vacacionaba en un centro turístico en Santa Cruz, Guanacaste.
El empresario es de origen griego de apellido Katsigiannis y lo arrestaron en su negocio ubicado a un costado del centro médico.
Tanto Francisco Segura, director del OIJ, como Carlos María Jiménez, fiscal general interino, dijeron que estas personas formaban parte de una organización cuya desarticulación comenzó el 18 de junio anterior.
Jiménez dijo que mientras unas de esas personas se llenaban las manos de dinero, otras se llenaban las manos de sangre, tanto en la extracción de los órganos a las víctimas como en las implantaciones que se hicieron a los receptores.
Los agentes ingresaron a una pizzería ubicada a los alrededores del Hospital Calderón Guardia donde presuntamente realizaron una de las detenciones. (Alonso Tenorio.)
Los funcionarios judiciales manifestaron que las investigaciones en este caso de tráfico de órganos continúan y no se descartan otras detenciones.
Asimismo, dieron a conocer que este jueves durante los operativos –que incluyeron el allanamiento de una casa en Coronado, propiedad del hombre de nacionalidad griega– se obtuvieron evidencias muy importantes para el proceso.
Carlos María Jiménez mencionó que en la casa había documentos, cuentas bancarias y aparatos electrónicos como computadoras y otros.
Javier Valerio, fiscal de Crimen Organizado y quien participó en los operativos, dijo que las personas detenidas serán indagadas hoy en la tarde y luego se pedirá prisión preventiva.
A esas personas se les va a abrir un proceso penal por el delito de trata de personas con fines de extracción de órganos, que es sancionado en el Código Penal con prisión de 6 a 12 años.
Se estima que en el negocio ilícito se manejaban cifras de entre los $80.000 y $100.000.
