El caso de la trocha fronteriza llegó a 42 personas imputadas por la supuesta sustracción de fondos públicos o peculado. Se trata de presuntas anomalías cometidas por funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y otras entidades públicas y privadas que participaron en la obra.
La carretera 1856 o trocha fronteriza fue impulsada en la anterior administración para facilitar el acceso de las autoridades a la zona limítrofe con Nicaragua, país que en octubre del 2010 invadió la zona de Isla Calero, lo que motivó la acusación de nuestro país contra esa nación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda.
Luego de importantes avances en la construcción, la obra se detuvo de manera abrupta y posteriormente surgió la denuncia por parte de las autoridades de Gobierno ante la Fiscalía en mayo del 2012.
Con el paso del tiempo se evidenciaron los defectos en ese camino que prometía el desarrollo para muchos pueblos fronterizos. (Archivo)
El número de imputados ha venido en aumento y actualmente está en 42, luego de que en noviembre pasado la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indagó a 16 empresarios que brindaron servicios en la construcción de esa carretera en la frontera norte, dice un comunicado emitido hoy por el Ministerio Público.
El expediente investiga la actuación de funcionarios públicos que tenían el control, fiscalización y supervisión de las obras y de empresarios privados, quienes aparentemente pactaron de manera ilícita para sustraer fondos públicos.
"A raíz de esas indagatorias, la Fiscalía solicitó ampliaciones de informes a la Policía Judicial, entidad que se encuentra realizando las investigaciones respectivas" dice el comunicado.
Esas diligencias se unen a otras desarrolladas durante la fase de recolección de pruebas entre las que destacan 55 allanamientos, 12 levantamientos del secreto bancario, dos solicitudes de levantamiento tributario de personas físicas y jurídicas, más de 125 entrevistas y 16 solicitudes de secuestro de información privada.
Otras gestiones realizadas están cubiertas por el secreto según lo establece el Código Procesal Penal.
Desde noviembre del 2012 la investigación tiene una declaratoria de crimen organizado con cuatro modalidades delictivas tales como proveedores distintos que reportan una misma maquinaria utilizada para una misma fecha.
De gual manera un mismo proveedor que incluye dos veces la misma maquinaria en los reportes, durante el mismo período de trabajo.
La Fiscalía también investiga el uso de una maquinaria con un documento de identificación DUA (Declaración Única Aduanera) que no tiene registros en el sistema aduanero.
En otros casos la mercancía importada bajo el número de DUA utilizada difiere de la indicada por la empresa contratada.
Hay casos en que el número de DUA utilizado pertenece al régimen de exportación y no de importación.
Otras anomalías tienen que ver con el reporte de labores justificadas con equipos que, para la fecha de los mismos, no había sido nacionalizada. También hay reportes de maquinaria fuera de vida útil por un monto mayor al establecido en un decreto ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), sobre las tarifas de alquiler.
Hubo casos de inclusión de maquinaria en los reportes de control de trabajo diario, aún cuando no existe registro de que se haya trabajado.
La Fiscalía reiteró en el comunicado su compromiso en esclarecer el caso e informar a la ciudadanía en el momento en que concluya la fase de investigación y luego vendrá la acusación formal.
El Gobierno de Nicaragua acusó a nuestro país ante La Haya por supuesta afectación de esa carretera al nicaragüense río San Juan.
