Sucesos

Corte busca atraerlos con plan de incentivo salarial

Jueces evitan ser nombrados en Limón por riesgos y lejanía

Actualizado el 22 de mayo de 2014 a las 12:00 am

Poder Judicial se ve obligado a bajar el perfil de oferentes para llenar vacantes

Dificultades para elegir jueces de juicio también se dan en Guápiles y zona sur

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Jueces evitan ser nombrados en Limón por riesgos y lejanía

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El Tribunal de Juicio de Limón tiene un circulante de unos 2.000 expedientes y está integrado por tres jueces propietarios, siete interinos y cuatro en Flagrancia. Las autoridades del Poder Judicial reconocen que la mayoría de esos juzgadores son de una categoría menor para el puesto que tienen.  |  ARCHIVO
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El Tribunal de Juicio de Limón tiene un circulante de unos 2.000 expedientes y está integrado por tres jueces propietarios, siete interinos y cuatro en Flagrancia. Las autoridades del Poder Judicial reconocen que la mayoría de esos juzgadores son de una categoría menor para el puesto que tienen. | ARCHIVO

El Poder Judicial enfrenta dificultades para que los jueces acepten nombramientos en los Tribunales de Limón por el riesgo de resolver causas de narco y crimen organizado en esa zona.

Así lo reconocieron la presidenta y el vicepresidente de la Corte, Zarela Villanueva y José Manuel Arroyo, quienes aseguraron que tienen en estudio un plan para crear un incentivo salarial que atraiga funcionarios de buen perfil al sector del Caribe.

Según Arroyo, el Departamento de Personal prepara un informe sobre el monto del incentivo a ofrecer y el impacto que tendría en el presupuesto. Sin embargo, por ahora, solo dijo que “debe ser sustancial” e incluir el costo de la vivienda.

Otros puntos. Las negativas a aceptar plazas se extienden a los tribunales de Guápiles, Pococí, y la zona sur.

“Son zonas alejadas, con menos servicios y oportunidades de estudio, menos acceso a servicios de calidad, educación para la familia, estos son problemas estructurales”, argumentó Arroyo.

Villanueva indicó: “Esas zonas tienen una especial vulnerabilidad y para nadie es secreto que es difícil conseguir personas que trabajen ahí. La judicatura se enfrenta a un problema especial en cuanto a la conformación del listado de jueces para esas áreas. Es cierto, hay debilidades. Las personas no están en disposición de trabajar en esas áreas”.

El martes, cuatro días después de que la Fiscalía acusara a la jueza de Limón, Rosa Elena Gamboa, de cobrar ¢20 millones para liberar a un narco, la Corte Plena creó una comisión de alto nivel que investigue la penetración del narcotráfico en el Poder Judicial.

Sobre ese grupo investigador, dijo ayer el presidente de la República, Luis Guillermo Solís: “Si grave es la penetración del narcotráfico en las instancias políticas, doblemente grave lo es en las instancias del Poder Judicial.

”Esa comisión de investigación es extraordinariamente importante y demuestra que es un sistema judicial que sabe que debe actuar con contundencia para prevenir males mayores”.

Perfil. La presidenta de la Corte reconoció que para nombrar jueces de juicio en Limón han tenido que ampliar la terna a funcionarios de menor perfil, porque nadie participa en los concursos y es urgente llenar las plazas.

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Esa situación ocurre con los nombramientos de juez 4, los cuales son evaluados en conocimientos sobre la fase de investigación, audiencia preliminar, debate e impugnaciones.

No obstante, un juez 3 solo realiza exámenes de conocimiento hasta la audiencia preliminar. Es frecuente que en una plaza de juez 4 –penal, civil o laboral– la Corte Plena deba escoger un juez 3.

Según el Departamento de Gestión Humana, un juez 4 gana ¢2.188.476 más anualidades, carrera profesional y zonaje.

Actualmente, el Tribunal de Juicio de Limón, que tiene un circulante de 2.000 asuntos, está conformado por tres jueces propietarios, siete interinos y cuatro en Flagrancia. Además, tres plazas de jueces que fueron nombrados por la presidencia de la Corte para reducir expedientes acumulados.

Ayer no fue posible conocer cuántos de ellos son jueces 3, pero La Nación pudo revisar en actas que hay, al menos, cuatro.

Villanueva señaló que han propuesto una variación legal para que el periodo de prueba de los jueces no sea de un año, como se exige, sino de, por lo menos, tres años.

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