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El fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, rehusó dar explicaciones a la Corte Plena sobre la lentitud en el trámite de ocho investigaciones sobre presunta mala actuación de funcionarios públicos.
La negativa se produjo en la sesión de Corte del pasado 27 de junio, luego de que Chavarría concluyera la presentación de su informe de labores del 2015, cuando los magistrados aprovecharon para consultar sobre la tardanza en esos expedientes.
La respuesta del jefe del Ministerio Público justificó que la ley le concede total independencia a la Fiscalía y que no podrá “ser impelido ni coartado por ninguna autoridad con excepción de los tribunales de justicia”.
Este viernes, en el programa Hablando Claro, de radio Columbia, Chavarría dijo: “No tengo que rendir cuentas a un órgano político, tengo que rendir cuentas al ciudadano costarricense (...), esa instancia no era la adecuada. No voy a dar cuentas de un caso ante la Corte, ni en la Asamblea Legislativa”.
El funcionario agregó: “Esto se está volviendo tan cansado que mejor renuncio (...), en esto no me aferro a nada. Estoy jubilado desde hace 10 años. No necesito estar aquí y me metí en esto porque creía importante reorganizar el Ministerio Público (...), ya basta de seguir en el bla, bla, bla, hay un problema serio en el proceso penal. Señores, entrémosle a eso, lo estoy diciendo. Quieren transparencia, pues hagan una audiencia pública para la desestimación y los sobreseimientos”.
Origen de pugna. Esta pugna empezó con cuestionamientos que, desde hace varios meses, hace el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, sobre el retraso en las denuncias tramitadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que llevan años sin que se desestimen o se acuse.
Uno de esos asuntos fue una denuncia que presentó Daniel Muñoz Corea, el 24 de mayo del 2012, en el sentido de que la crisis de liquidez de la Caja Costarricense de Seguro Social se originó en un “maquillaje” de datos sobre salarios institucionales.
“Le pregunté a don Jorge que se refiriera a cuáles son los problemas que hay en la investigación. Cuáles son las dificultades, pues veo una situación de indeterminación, ni se acusa ni se desestima. No pretendía detalles de los casos, sino de dificultades, y eso tiene que ver con el principio de justicia pronta y cumplida”, comentó Cruz.
Para el magistrado constitucional, “un fiscal general sí puede ser preguntado por los magistrados, que tenemos una labor de supervisión de cuáles son las razones de que un caso tenga una lentitud en la definición”.
Añadió: “Yo no sé qué va a hacer la Corte. No tengo idea. No quiero hacer polémica. Yo creo que al que no le dio cuentas (Chavarría) fue a la ciudadanía. Creo que tiene la obligación de decir por qué duran tanto las investigaciones, cuál es la dificultad”.
En tanto, José Manuel Arroyo Álvarez, magistrado de la Sala Tercera, dijo que, en su criterio, “todo funcionario está obligado a dar explicaciones y el momento y el lugar donde se le pidieron fueron los adecuados”.
Apuntó que en ningún momento había interés de que se refiriera a casos concretos, “solo en la medida en que explicara el por qué están durando tanto. Es una cuestión que debe entenderse como una obligación que todos tenemos de rendir cuentas”.
Según Arroyo, “todos tenemos obligación, llámese Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Fiscalía o jueces, de dar cuentas del por qué un asunto no se define, es decir, hay cuestiones de orden administrativo respecto de los cuales ningún funcionario público es absolutamente independiente; por supuesto que se respeta el criterio jurídico y la independencia funcional del Ministerio Público”.
