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Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos este jueves, luego de ser señalados como las personas que facilitaron sus nombres para adquirir bienes con dinero proveniente del narcotráfico.
El anuncio lo hicieron el fiscal adjunto, Celso Gamboa Sánchez, y el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Gerald Campos Valverde, quienes dijeron que estos costarricenses están ligados al caso de los helipuertos, descubiertos entre octubre y noviembre del 2013, tanto en el Caribe como en la zona norte.
Los sospechosos fueron detenidos en los allanamientos que se efectuaron en Corredores (Puntarenas), Guácimo y Siquirres (Limón), Alajuela y San Rafael (Heredia). A ellos se les atribuye el delito de legitimación de capitales.
Este delito es sancionado con pena de cárcel de 10 a 20 años, según la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas.
Este jueves, fueron indagados y se espera que hoy viernes se les fijen medidas cautelares.
Los implicados fueron identificados como una mujer de apellidos Obregón Carvajal (32 años), y cuatro hombres apellidados Espinoza Quesada (24), Picado Mora (46), Castillo Fernández (36) y Solórzano Campos (44); este último se desempeña como abogado.
Antecedente. La investigación, que culminó con el arresto de estas cinco personas, se inició en noviembre del 2013, poco después de que fueron descubiertos nueve helipuertos clandestinos en Cutris de San Carlos, Asturias de La Unión de Pococí, La Argentina de Pocora de Guácimo y La Catalina de Siquirres.
Esos campos de aterrizaje, informó la Policía en aquel momento, eran usados por organizaciones narcotraficantes para abastecerse de combustible, como bodegas para cocaína y para trasegar armas.
Las pesquisas sobre este caso han sido complejas y se tramitan en varios expedientes. Por un lado está el tema del narcotráfico y, por separado, la legitimación de capitales.
Precisamente, en octubre del 2014, se detuvo a una mujer de apellido Alfaro, de 24 años, que no tenía recursos económicos y pagó $230.000 (¢125 millones), al contado, para comprar parte de una finca de 50 hectáreas. En esa propiedad (en Pocora de Guácimo) había helipuertos.
De acuerdo con los datos proporcionados por Gamboa y Campos, en diciembre de ese año, en un operativo realizado por la Policía de Control de Drogas (PCD) se encontró un documento que mencionaba la venta de otra parte de esa propiedad, pero se involucraba a otras personas.
“En la investigación se determinó que el proceder de estas personas es que compraban propiedades con dinero producto del narcotráfico (...), y, al ver nosotros, si ellos tenían cómo justificar la compra, determinamos que son personas que no tienen capacidad económica para hacer ese tipo de inversiones”, dijo Campos, del OIJ.
En la pesquisa se determinó que la mujer (Obregón) adquirió en $250.000 la otra parte de la finca en Pocora, pero nunca hizo la inscripción en el Registro Nacional. Sin embargo, tiempo después, la vendió a Picado. En el Registro Nacional, Picado aparece como dueño de una finca en Pocora que mide 17 hectáreas.
Asimismo, Obregón, Castillo y una mujer hondureña de apellido Lobo, aparecen formando una sociedad que adquirió una casa en residencial Las Angarillas, en San Rafael de Heredia, por un monto de $180.000.
Gerald Campos dijo que se había emitido una orden de captura internacional contra Lobo, pues en la investigación se determinó que ella también facilitó la adquisición de bienes. Esta mujer salió del país en abril pasado.
Celso Gamboa manifestó que se pusieron anotaciones tanto a la propiedad en Pocora, como en la de San Rafael de Heredia, para evitar cualquier traspaso. Ambos bienes quedaron en custodia del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD). Agregó que las pesquisas por este asunto seguirán. Colaboró Alejandro Nerdrick
