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Diez costarricenses fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de cárcel al aceptar en un proceso abreviado que se dedicaban al delito de tráfico ilícito de personas, en este caso de ciudadanos cubanos.
La sentencia fue dictada el martes anterior por el Juzgado Penal de Liberia y este viernes el expediente pasó al Tribunal Penal de esa misma ciudad, en Guanacaste, para su convalidación.
En el acuerdo a que llegaron los implicados y la Fiscalía Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, se impuso una pena de cinco años para los líderes del grupo. Se trata de Karla Rodríguez Torres, Yahaira Torres Paíz, Ever Canales Fonseca y Jorge Torres Torres.
En tanto, Sheila Canales Fonseca, Ronny González Aguilar, Alejandro Juárez Rodríguez, Johnny Gutiérrez Orozco, Pablo Emilio Gómez González y José Vicente Rodríguez Robles recibieron una condena de cuatro años de prisión.
A todos se les castigó según lo estipulado en el artículo 249 de la Ley General de Migración, que dispone una pena de cuatro a ocho años de cárcel "a quien conduzca o transporte a personas, para su ingreso al país o su egreso de él, por lugares habilitados o no habilitados por las autoridades migratorias competentes, evadiendo los controles migratorios establecidos".
La Fiscalía informó de que Rodríguez en el 2005 fue condenado a siete años de prisión por el mismo delito.
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En este caso, una mujer cuya identidad no se suministró, también estuvo acusada pues daba albergue en hoteles a los migrantes. Ella se sometió a un proceso abreviado y deberá cumplir, en el plazo de dos años, con 200 horas de trabajo comunal y donar ¢300.000 a una organización de bien social.
Antecedente.
Para la Fiscalía, estos 11 costarricenses formaron una organización que se dedicó a trasladar de manera ilegal a cubanos desde Paso Canoas, en la frontera con Panamá, hasta la línea fronteriza con Nicaragua. Los isleños salían de su país hacia Suramérica para luego seguir a Estados Unidos.
Al parecer, cuando esas personas llegaban a Paso Canoas, un miembro de esta banda les indicaba que debían obtener un salvoconducto en Migración. Ese documento les permitía permanecer en el país 24 horas, lapso de tiempo que presuntemante aprovechaba el grupo para ocultar a los extranjeros y llevarlos de manera ilegítima hasta la frontera con Nicaragua.
Por ese "servicio de traslado", los ticos cobraban $320 (¢175.000). Para las autoridades costarricenses, los ticos son parte de una organización que opera en varios países que, por la suma de $18.000, transportaba a los cubanos desde Ecuador hasta Estados Unidos.
La banda costarricense fue desarticulada el 10 de noviembre del año pasado cuando la Policía Profesional de Migración y la Fiscalía realizaron ocho allanamientos en La Cruz de Guanacaste, Cartago y San José.
