Escuchar
Graves errores en la pesquisa, en la tramitación de la causa y en la acusación dejaron impune el homicidio del ambientalista Jairo Mora Sandoval, de 26 años, asesinado en mayo del 2013, en la playa Moín, Limón.
Ese fue el criterio emitido ayer por el Tribunal Penal de Limón al absolver a los siete acusados por el crimen.
Visiblemente molesta, la jueza Yolanda Alvarado expresó que, desde la recolección de la prueba que hizo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hasta la redacción de la acusación por parte de la Fiscalía de Limón, hubo deficiencias.
Los juzgadores acordaron exponer el caso a las “autoridades correspondientes”, para que se inicie una causa disciplinaria.
El Tribunal sí castigó a cuatro de los acusados, pero por otros hechos ocurridos antes, en los que una familia limonense fue víctima de un violento asalto.
Entre los condenados está Donald Salmon Meléndez, quien irá 27 años a prisión por los delitos de violación, robo agravado y cuatro privaciones de libertad.
Héctor Martín Cash López fue sentenciado a 23 años por dos abusos sexuales, un robo y cuatro privaciones de libertad.
Josué Brayan Quesada Cubillo y Ernesto Enrique Centeno Rivas fueron condenados a 17 años de prisión, cada uno, por un robo agravado y cuatro privaciones de libertad.
Quedaron libres tres hombres, de apellido Salmon (hermano del condenado), Delgado y Arauz.
La fiscala Carmen Zúñiga había pedido fuertes penas contra los siete sospechosos.
Los otros jueces que participaron fueron Hernán Salazar (presidente) y Luis Rodríguez.
‘Antojadiza’. La jueza Alvarado señaló que una pesquisa no puede ser “antojadiza”, “sesgada o irresponsable”, como se vio en este proceso.
La funcionaria mencionó como ejemplo que, en el debate, un agente del OIJ “dio fe” de que durante el levantamiento del cadáver vio una huella de arrastre de entre 600 metros y un kilómetro; sin embargo, en las fotos solo se observó una huella de 20 metros.
“La fe en estrados judiciales compete quizás a decir: ‘sí me consta algo’. Eso lo podría decir un particular, pero no una persona a cargo de una investigación, y menos venir a decirlo sin haberlo plasmado en un video o una fotografía”, reprochó Alvarado.
Agregó que se rompió la cadena de custodia de la prueba y el embalaje, pues en un disco que debía registrar fotos de la pesquisa, lo que se halló fue un video de uno de los días del debate.
Alvarado fue enfática en recordar que la Fiscalía nunca ofreció como prueba las escuchas de intervenciones telefónicas ni las actas de posesión de los teléfonos celulares.
“¿Cuántas personas conocemos que sacan un teléfono a nombre de una persona y se lo presta a un tercero”, cuestionó.
La jueza hizo ver que el Poder Judicial cuenta con una ciudad forense y con peritos capacitados para estos procesos, pero que no se aprovechó el recurso.
Según dijo, se podía pedir ayuda a entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad, en relación con el funcionamiento de las radiobases celulares, pero que tampoco se hizo.
Finalmente, apuntó a que la acusación tenía afirmaciones “aventuradas”.
“Dice cosas como: ‘obligaron a’. ¿Quién o quiénes obligaron? ¿Cómo es que se logró determinar la distribución de tareas de cada uno?”, enfatizó.
Al terminar la sesión, el fiscal adjunto de Limón, José Alexánder Mora, dijo que respeta el análisis del Tribunal, pero que no lo comparte. Sostuvo que la prueba se recabó conforme a derecho y que esperará el fallo completo para tomar acciones.
Ni el fiscal general, Jorge Chavarría, ni el director del OIJ, Francisco Segura, quisieron emitir un criterio.
La presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, mencionó en un comunicado que las partes pueden ir a apelación y casación.
