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Unos 500 afectados por el cierre de la captadora de dinero Savings Unlimited, ocurrido hace 11 años, siguen sin recuperar los $46 millones que invirtieron.
Ellos quedaron al garete, luego del repentino cierre de las oficinas, el 25 de noviembre del 2002, ubicadas en el noveno piso del Centro Colón, en San José.
Dos días antes había desaparecido el presidente de esa empresa, Luis Ángel Milanés Tamayo, un cubano nacionalizado estadounidense, hoy de 62 años.
Más de 500 personas interpusieron denuncias por estafa contra la firma. A la fecha, el capítulo sigue abierto en el Juzgado Penal de San José, donde el expediente ha pasado por las manos de seis jueces.
Édgar Castrillo, juez coordinador del despacho, dijo que la causa es muy compleja y su duración se debe al número de ofendidos, abogados y a las negociaciones que ha habido entre las partes.
Una estadounidense de 47 años, presunta víctima de la estafa, quien prefirió mantenerse en el anonimato, dijo: “Usted no sabe lo que es perder todo de la noche a la mañana y no saber qué hacer. Jamás voy a recuperar los $367.000 que invirtió mi familia”.
Ella es parte de los ofendidos que aceptaron conciliar con Milanés hace dos años, pero asegura que él no cumple con el arreglo.
Edwal Acuña, abogado de la mitad de los ofendidos, foráneos en su mayoría, prefirió no dar declaraciones cuando se le consultó al respecto. Sin embargo, dijo que el proceso ha avanzado con “cuentagotas”.
Sin prisión. Tras seis años en fuga, Milanés fue detenido el 19 de junio del 2008 en un aeropuerto de El Salvador, con pasaporte falso.
La Policía lo trajo y el entonces fiscal de la causa, Alfredo Araya, no pidió prisión preventiva porque, según explicó a La Nación , Milanés ofreció entregar $14 millones en propiedades y exteriorizó su deseo de conciliar con las víctimas.
El Juzgado Penal de San José únicamente le impuso medidas cautelares, como no acercarse a las víctimas, firmar cada 15 días, no salir del país y entregar varias propiedades en garantía.
Conciliación. Tres años después de la captura de Milanés, el juez Mario Piedra homologó un acuerdo conciliatorio, el 23 de mayo del 2011, en el que el cubano se comprometió a pagar $1,8 millones en efectivo y entregar a un fideicomiso nueve propiedades, con valor de $12 millones, de las cuales solo se han vendido tres por $353.500 en total.
“Con esa conciliación queríamos recuperar un pequeño porcentaje, pero él todavía no cumple y es imposible vender algunas propiedades porque el peritaje es muy elevado”, añadió la estadounidense.
El 25 de junio del 2012, la jueza Dayanna Segura prorrogó el plazo por seis meses para que Milanés pagara el efectivo. En la resolución se definió que debía pagar $100.000 al mes y $578.000 el 23 de noviembre del 2012.
El Juzgado Penal de San José convocó a audiencia del 1.° al 28 de octubre del 2013, para que la jueza Segura revise si Milanés cumplió con ese último pago, ya que algunos ofendidos sostienen que no lo hizo.
La polémica surge porque en la audiencia de la prórroga, los ofendidos solicitaron una garantía por los $578.000, y Milanés entregó un apartamento en La Sabana, cuyo valor es de apenas $70.000, el 12%.
En caso de que se demuestre que Milanés no cumplió, el caso podría elevarse a juicio. La Nación solicitó una entrevista con Milanés, pero, mediante de su abogado José Joaquín Ureña, rechazó la petición.
Ureña sostuvo: “Yo quiero buscar una negociación. Imagínese que si ya se cumplió con el 95%, yo no voy a ser tan loco de echarme un pulso para decir que sí se cumplió o que no se cumplió para ganarme un 5%. Las instrucciones de don Luis siempre han sido conciliar. Yo puse a 500 ofendidos de acuerdo una vez. Esto fue casi un milagro. ¿Esos 500 estarán de acuerdo esta segunda vez? Solo Dios lo sabe”.
