Samady Fonseca Fernández, la mujer sospechosa de idear un plan para matar al joven Gerardo Cruz, había sido condenada en enero del 2015 por usar la firma falsa de un hombre con el fin de cobrarle una pensión alimentaria.
De acuerdo con la sentencia, la mujer, de 41 años, tuvo una niña en agosto del 2010 y logró que le pusieran los apellidos de un exnovio sin que él lo supiera. Luego, exigió una pensión que fue aprobada por el Juzgado de Contravención y Cuantía de San Sebastián en julio del 2011.
El afectado pagó la mensualidad durante tres años y medio, por un total de ¢4.270.000.
Al comprobarse que el procedimiento fue manipulado, el Tribunal Penal de San José condenó a Fonseca a tres años de prisión por los delitos de estafa y uso de documento falso; sin embargo, en ese momento, ella no fue a la cárcel, pues los jueces le concedieron cinco años de beneficio de ejecución condicional de la pena (tiempo en que no puede ser sentenciada por otra falta).
El pasado 7 de junio, la mujer fue detenida como sospechosa de ordenar el asesinato de Gerardo Cruz, de 23 años, quien denunció en redes sociales a un individuo por grabar debajo de la falda de una mujer, en el centro de San José. A ella se le impusieron seis meses de prisión preventiva que descuenta en la cárcel El Buen Pastor.
Junto con Fonseca fue apresada su hija, de apellido Valerín, de 19 años. También, fueron capturados dos sujetos que, aparentemente, contactaron a los dos sicarios que apuñalaron a Cruz.
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Al parecer, Fonseca quiso vengarse luego de terminar una relación amorosa con el muchacho.
La víctima murió el 19 de noviembre de 2015, luego de estar 45 días grave en el hsopital Calderón Guardia.
Engaño. De acuerdo con el fallo 72-2015, de la cual La Nación tiene copia, en el 2009, Fonseca sostuvo una relación sentimental con un sujeto de apellido Salazar, de 34 años, pero ella estaba casada con otro hombre.
"Antes de terminar la relación, me decía que tenía otros prospectos e incluso que iba a volver con su expareja. Me alejé como tres meses y en diciembre me dijo que necesitaba hablar conmigo. Fui a su casa y me dijo que estaba embarazada, que si dudaba, hiciéramos la prueba de paternidad. Le dije que sí y ella se molestó. A los meses quería saber si esa niña era mía por lo que comenzamos a salir y le ayudaba económicamente. Luego me dijo que ya no quería estar más conmigo", dijo Salazar en una declaración ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En agosto del 2010, luego de tener a su hija, Fonseca tuvo la ayuda de una abogada e inició un trámite en el Juzgado de Familia de San José para que Salazar reconociera a la bebé. Para ello, usó un documento autenticado por la abogada en el cual aparecía la supuesta firma del ofendido. El Juzgado declaró con lugar el caso en junio del 2011.
Posteriormente, con base en esa resolución judicial, Fonseca se presentó ante el Registro Civil para se inscribiera a Salazar como el padre de su hija.
Luego, planteó una demanda de pensión alimentaria en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Sebastián, el cual, en julio del 2011, "inducido a error y creyendo que la inscripción como padre del ofendido era legítima" fijó una cuota de ¢85.000 por mes y en setiembre la aumentó a ¢110.000., detalla la resolución.
El afectado se enteró de todo lo que ocurría hasta que, el 18 de agosto de 2011, la mujer llegó a su trabajo acompañada de oficiales de la Fuerza Pública para notificarle del proceso.
Él empezó a investigar y se enteró de que su firma fue falsificada, por lo que días después presentó una denuncia ante la Fiscalía de Fraudes.
Durante la pesquisa, la Sección de Análisis de Escritura y Documentos Dudosos del OIJ concluyó que la firma sí fue simulada.
En la sentencia, los jueces determinaron que la mujer "engañó a la administración de la justicia".
En su defensa, ella alegó que no sabía cómo se falsicó esa firma, pero su argumento fue rechazado por los jueces.
"La conducta delictiva de la acusada se reflejó en dos procesos judiciales, mostrando con ello un desprecio a la actividad judicial, lesionando bienes jurídicos de manera consecutiva, sin mostrar ningún tipo de temor, más bien en todo momento reflejó en el juicio estar segura de lo que hacía", apuntaron los juzgadores.
Además, el Tribunal ordenó al Juzgado de Familia anular tanto el reconocimiento de la niña como la pensión.
Fonseca recurrió el fallo pero el Tribunal de Apelación de Goicoechea lo dejó en firme.