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Hace 19 años las autoridades señalaron a los hermanos José Luis y Mariano López Gómez como corresponsables del descalabro financiero que llevó a la quiebra y cierre –en setiembre de 1994– del Banco Anglo Costarricense.
Tras escapar del país hacia su natal Chile, hoy los inversionistas pueden regresar sin ningún riesgo a suelo costarricense.
Lo anterior porque desde el pasado 15 de febrero la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ratificó una sentencia de sobreseimiento definitivo a favor de los inversionistas por la prescripción de la acción penal. El fallo inicial lo había dictado un año antes el Tribunal Penal de San José.
Además, para quitar cualquier atadura con la justicia, el viernes 10 de mayo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pidió a la Policía Internacional (Interpol) dejar sin efecto una orden de captura internacional contra los hermanos que fue girada por la jueza Jeannette Villarreal Albenda, el 20 de setiembre de 1999.
Reacción. El abogado Francisco Campos Aguilar, quien representó a los López durante todo el proceso, manifestó que esta noticia la recibieron sus defendidos “con enorme alegría”, pues aunque vivían en Chile se sentían amenazados por la orden de captura.
“Prácticamente su país se convirtió en el refugio pues no podían moverse de ahí”, agregó.
Ante la pregunta de por qué no regresaron a Costa Rica para enfrentar los cargos penales que se les atribuyeron, respondió: “Ya no vale la pena repetir muchas cosas. Ellos vivieron aquí una serie de irregularidades.
”Ese proceso fue muy mal manejado donde hubo arbitrariedades y situaciones que nunca se habían dado en la justicia costarricense con la aplicación de medidas sui géneris”, afirmó.
El abogado dijo que los López todavía tienen inversiones aquí, pero difícilmente retornarán al país.
Juan Carlos Cubillo, fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, comentó que respetan la decisión de la Sala Tercera, pero que para evitar casos similares en el ámbito legislativo se deben replantear los plazos de prescripción.
Para la Fiscalía, el caso del Anglo fue uno de los hechos de mayor criminalidad económica, pues el efecto directo de las pérdidas provocó que el producto interno bruto (PIB) y el déficit fiscal pasaran en 1994 del 6% al 8% y que 1.500 personas perdieran el empleo.
Proceso. A los hermanos José Luis y Mariano López se les atribuyó la venta en los años 1993 y 1994 de deuda externa extranjera –principalmente venezolana– que hicieron al Banco Anglo por medio de la empresa Ariana Trading and Finance (ATF). El negocio ocasionó pérdidas por $52 millones al banco.
Se les atribuyó el delito de peculado. Estuvieron presos, pero fueron liberados cuando la Sala IV acogió un hábeas corpus.
Los hermanos escaparon en setiembre de 1999, hacia Chile y 37 días antes de que se iniciara el juicio por el caso del Anglo, donde figuraban como acusados junto con el gerente del banco y seis miembros de la junta directiva.
Para aquel entonces, los inversionistas tenían 22 años de residir en Costa Rica. Llegaron de su natal Chile, en 1972, debido a los problemas económicos que sufrió su padre también empresario.
Los hermanos López se hicieron profesionales aquí. Poco a poco se asentaron con sus carreras y empezaron a trabajar y a invertir en la agricultura del café y en negocios como la venta de autos y motos.
Debido al caso Anglo, los hermanos López también fueron demandados civilmente. Sus empresas pasaron años intervenidas pero en febrero del 2009, lograron un convenio con el Estado, que se dejó algunos bienes y devolvió otros.
La procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, dijo en aquel momento que el convenio se hizo pues en caso de llevar el asunto a un proceso contencioso administrativo, el Estado tenía una posición débil y no se aseguraba dejarse todos los bienes.
