La Defensoría de los Habitantes consideró que las cárceles costarricenses “son depósitos de personas” que violan la dignidad humana tanto de reos, como del personal técnico y de seguridad.
Así se consignó en el informe anual sobre la situación en el 2012, del sistema penitenciario, trabajo elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría.
El documento, hecho público ayer, detalló que los reos están sin posibilidad de acceder a servicios de salud, educación y trabajo.
Afirmó que la condición de hacinamiento del sistema facilitó la aparición de brotes de “enfermedades infecciosas y de contagio” y restringió la posibilidad de otorgarle a los presos la posibilidad de reinserción a la sociedad.
El informe atribuye la saturación a las altas penas, a la entrada en vigencia de los Tribunales de Flagrancia, a los procesos abreviados y al uso de la prisión preventiva.
La defensora Ofelia Taitelbaum anunció que puso en conocimiento del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y a la Relatoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) los incumplimientos en las condiciones mínimas de los reclusos.
Al mismo tiempo, los invitó a que realicen una inspección de los cárceles costarricenses y emitan las recomendaciones que consideren pertinentes.
Reacciones. Lilliana Rivera Quesada, viceministra de Justicia, dijo que no los sorprende el informe porque el ministerio desde el 2009 “tomó la decisión de divulgar el estado de las cárceles. Tiene razón la Defensoría de mencionar las condiciones de hacinamiento”.
Respecto al acceso a la salud, educación y trabajo, dijo: “No podría decir que no tienen acceso, pero sí que tienen un difícil acceso porque el número de personal no ha crecido en la misma proporción que los privados de libertad”.
Por ejemplo, citó que en psicología se ha venido atendiendo en grupos porque no hay suficiente personal. Igual sucede con el trabajo para reos, que dijo podría beneficiar a una mayor cantidad de presos, pero no disponen de personas que apoyen en vigilancia y supervisión.
La viceministra se mostró anuente a que personeros de la ONU y de la OEA visiten las cárceles y a acoger las recomendaciones que ellos sugieran.
Por su parte, José Manuel Arroyo, magistrado de la Sala Tercera y quien impulsó los Tribunales de Flagrancia, admitió que el trámite rápido de juicios coadyuvó a que haya más gente condenada.
“Lo que hay que estudiar son alternativas. Ver de que manera, a mediano plazo, la capacidad instalada se amplía y que no por todo delito y por cualquier pena una persona vaya a la cárcel. Buscar una estrategia para que el hacinamiento no sea grave” concluyó.