Ser juez penal en Limón es de valientes. Todos dan la cara al dictar sentencias que podrían acarrearles venganzas, sobre todo, de narcotraficantes condenados por trasiego de drogas, lavado de dinero, homicidio o sicariato.
Su trabajo es admirable porque desde su cargo dan guerra limpia a los delincuentes que han llevado zozobra a hogares limonenses destrozados por el trasiego de crack, marihuana o cocaína.
En Limón, mi querida provincia, más del 70% de los homicidios se originan por conflictos entre bandas de narcos que intentan controlar este negocio, el cual crece gracias a una costa vulnerable a la entrada de naves marítimas y aéreas provenientes de Colombia o de Jamaica.
Desde el tribunal, una mayoría de los jueces han actuado firmemente en apego a las leyes. Es cierto, algunos han caído en corrupción, pero son los menos y han quedado al descubierto porque funcionarios del mismo Poder Judicial o personas honestas han denunciado sus suciedades.
Dios quiera que los delincuentes comprendan que en las sentencias de los jueces honestos no hay nada personal, sino un asunto de apego a la ley; Dios quiera que tengan claro que quien se mete en narcotráfico, o termina ante la Justicia o acaba muerto. Esa es la regla de su negocio.
Sin embargo, además de encomendar estos jueces a Dios, los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo deben tomar decisiones para salvaguardar sus vidas y su labor.
Una, imprescindible, es la creación de un tribunal especial para investigar y juzgar los casos de narcotráfico y crimen organizado.
Hace dos años, en noviembre del 2014, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron el plan que implica excluir a juzgados y tribunales regionales del trámite de esos casos, los cuales serán centralizados en un despacho en San José, que a su vez tendría a cargo las intervenciones telefónicas.
De los diputados depende la reforma para crear este tribunal especial. Es de esperar que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial impulsen pronto el cambio para así atacar de frente cualquier corruptela en jueces; para proteger sus vidas y para dar una señal a los narcotraficantes de que la lucha es frontal.
Armando Mayorga es jefe de redacción en La Nación.
