He seguido con preocupación las acusaciones por parte de sectores del gobierno de Venezuela de ser “traidores a la patria” a un grupo de legisladores, elegidos por el pueblo de ese país, por visitarme recientemente e informarme de la situación de su país y recordar los compromisos que nos rigen a todos en el hemisferio, en lo que tiene que ver con la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Los instrumentos del Sistema Interamericano que tienen como finalidad la defensa de la democracia han sido acordados por todos nuestros gobiernos.
Ellos no están pensados para su única salvaguarda, sino para el bien del ciudadano de nuestro continente. Es él el partícipe último y el fin primero de nuestras obligaciones.
Dice la Carta de la OEA, en su preámbulo, que “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”.
Por su parte, la Carta Democrática Interamericana (CDI) comienza recordando que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Nadie que actúe consecuentemente en esa dirección puede ser un traidor a su patria.
Mi deber como secretario general es velar por el cumplimiento de las normas interamericanas que nuestros países han acordado y que nos obligan a todos.
La CDI, en tanto, no es un instrumento impuesto a los países, ni su objetivo es el de sancionar. Las posibles sanciones son el último de los recursos. La CDI fue unánimemente aprobada en el año 2001 por todos los gobiernos americanos como un conjunto de disposiciones que refuerzan la solidaridad americana para el fortalecimiento de sus instituciones en el reconocimiento del “carácter participativo de la democracia”, como lo afirma su preámbulo.
Una y otra vez, el texto de esta Carta reitera que las gestiones que desde la OEA puedan realizarse tienen como finalidad otorgar asistencia “para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”, “para la preservación de la institucionalidad democrática”, “para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. Quien solicite ayuda, buenos oficios o que se hagan gestiones diplomáticas para ello no puede ni debe ser considerado un traidor.
No fueron traidores quienes, en el 2001, reafirmaron estos derechos para nuestros pueblos ni quienes en nombre de sus países se comprometieron a cuidar de ellos. Tampoco han traicionado a sus patrias quienes en los años que ya tiene esta Carta han recurrido a la ayuda de la OEA.
Baste con recordar el papel que, a pedido del presidente Hugo Chávez Frías y en cumplimiento de la CDI, tuvo la Secretaría General de la OEA en Venezuela en el año 2002. Por ello, todo aquel que quiera para su patria más derechos, más libertad, más democracia, y que para ello recurra a la ayuda de las instituciones americanas que tienen su lejano origen allá por Panamá en 1826, debería ser considerado un patriota y un defensor de la democracia, más allá de a qué partido político pertenezca.
El autor es secretario general de la Organización de los Estados Americanos.