El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) nació hace 16 años con la promulgación de la Ley de Biodiversidad. Fue constituido como un órgano desconcentrado que fusionó a la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y al Servicio de Parques Nacionales. En consecuencia, asumió las competencias correspondientes a cada uno de estos órganos, junto con aquella en materia de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos que la Ley le atribuyó expresamente.
Hoy en día, el Sinac enfrenta grandes retos, entre lo cuales hay dos que tienen especial relevancia: la consolidación de las áreas silvestres protegidas y la promoción de la participación ciudadana en la administración del Sistema y en los beneficios que la conservación genera.
Se trata de retos complejos que entrañan problemas que, si no son adecuadamente enfrentados, pueden significar, a medio plazo, la quiebra del Sistema. Así, por ejemplo, el de la consolidación de las áreas silvestre protegidas trae consigo el problema relacionado con la tenencia de la tierra. Sabemos que hay propiedades privadas incluidas en las áreas silvestres protegidas que aún no han sido pagadas. Esto es importante no solo porque afecta el derecho de muchos propietarios, sino también porque constituye una amenaza constante a las finanzas del Sinac.
Ocupaciones ilegales. Pero también sabemos que una buena porción de las áreas silvestres protegidas están ocupadas ilegalmente. Es decir, que sus ocupantes no ostentan un título legítimo para estar donde están, pero que están allí ejerciendo actividades productivas o de mera supervivencia. No tenemos claridad de las dimensiones del problema ni de sus características detalladas. Carecemos de la información catastral, social y jurídica precisa, pero el problema existe y es una fuente constante de conflicto social que puede llegar a tener dimensiones amenazantes para nuestra democracia.
Y, si lo anterior no fuera lo suficientemente grave, hay que agregar que el Sinac carece de una política y una estrategia para enfrentar el problema.
Por ahora, de lo único de lo que podemos estar seguros es de que el simple desalojo de los ocupantes no es la solución. No lo es cuando está de por medio una problemática social y económica relacionada con la pobreza de amplios sectores del mundo rural, que son los que han pagado el costo social de la conservación en este país.
Y es que, en este tema, hay que separar la paja del grano para distinguir entre quienes ocupan terrenos o explotan recursos en áreas silvestres protegidas para sobrevivir como campesinos, pequeños productores o pescadores artesanales, y los simples usurpadores de bienes de dominio público o depredadores de recursos naturales.
En relación con estos últimos, lo que se requiere es decisión para actuar y aplicar la ley; sin embargo, en el caso de los primeros, lo que se necesita es creatividad y, además, imaginación, con el fin de buscar formas que permitan regularizar su situación jurídica, a lo cual habría que añadirle disposición para administrar las áreas silvestres protegidas de una manera distinta a como se ha hecho hasta el momento.
Desarrollo. Lo anterior nos lleva al papel social y económico que juegan las áreas silvestres protegidas en relación con las poblaciones aledañas y con quienes las ocupan. Este es un tema que remite directamente a las formas de gobernanza de las áreas silvestres protegidas. Es decir, estamos hablando del comanejo como política pública, sobre la cual debe haber una clara definición no solo del Sinac, sino también del Estado en su conjunto.
Las áreas silvestres protegidas deben ser fuente de desarrollo social y económico para quienes viven cerca o en ellas. No se vale que estas solo generen riqueza para el sector turístico, principalmente grandes hoteles y operadores turísticos, que se benefician de la imagen verde del país, aunque el turista consuma principalmente sol y playa. Es ineludible plantearse nuevas formas de gobernanza de las áreas silvestres protegidas, con administración conjunta entre la Administración Pública Ambiental y la sociedad civil que permita, además, compartir beneficios.
Modificaciones legales. Para lograr lo anterior, se requerirán, sin duda, modificaciones legales. Ciertamente, tal y como fue concebida la estructura del Sinac, se pretendió no solo desconcentrarla y regionalizarla, sino también abrirla a la participación ciudadana. Los órganos con los que se buscó dicha apertura son los consejos regionales de las áreas de conservación, a los que se les atribuyó su administración. El problema es que dichos órganos, en realidad, no están concebidos para dar lugar a procesos de comanejo; sin embargo, algo se puede avanzar dentro los límites fijados por la normativa vigente.
Lo importante es asumir el reto y estar abiertos a nuevas formas de administración de las áreas silvestres protegidas, porque solo así puede el Sinac dar cumplimiento a su razón de ser: la conservación de la biodiversidad y la promoción del uso sostenible de los recursos, con fundamento en el principio de la justa distribución de beneficios y costos.
Julio Jurado Fernández, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).