Los acontecimientos recientes en torno al caso del cemento chino solidifican la hipótesis de que existe una red de juegos de poder y tráfico de influencias que ha alcanzado a los tres poderes de la República, y, en particular, a los más altos estratos del Poder Judicial.
Ha hecho bien la Corte Plena en suspender, mientras investiga, al fiscal general, Jorge Chavarría, al magistrado Celso Gamboa y al letrado de este, Justo Pastor López. Pero se ha quedado corta.
No podemos darnos por satisfechos con lo actuado hasta ahora. No está de más recordar que nadie ha caído; tanto el fiscal como el magistrado y su letrado podrían regresar a sus puestos pasados los tres meses de suspensión. Uno esperaría que por dignidad renuncien a sus puestos (salariazo, pluses de privilegio y potenciales pensiones de lujo incluidos). Pero no nos hacemos ilusiones.
Es necesario, ahora, dirigir los reflectores hacia el presidente de la Corte Plena, Carlos Chinchilla Sandí. Fue él quien, como magistrado instructor, desestimó la causa abierta contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, alegando que no había evidencia de contacto entre ellos y el importador del cemento chino Juan Carlos Bolaños.
En la sentencia de desestimación —firmada por don Carlos Chinchilla como magistrado instructor— se afirma que “el Ministerio Público procedió con una serie de investigaciones, que a lo sumo arrojaron como resultado un tráfico de llamadas entre los diputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, descartando cualquier contacto por este medio con el señor Juan Carlos Bolaños Rojas, dueño de la empresa Sinocem S.A.”. Esta afirmación da pie para exigir la renuncia inmediata de Chinchilla, por los motivos que expongo a continuación y para evitar un daño mayor a la credibilidad del Poder Judicial.
Informe del OIJ. En primer lugar, la afirmación carece de sustento. Un informe elaborado por el OIJ, e incluido por el Ministerio Público en su solicitud de desestimación de la causa, confirmó casi 800 llamadas entre el empresario y los dos diputados en un lapso de 15 meses.
Segundo, cuando el director del OIJ, Wálter Espinoza, reveló la existencia de dicho informe, la Sala Tercera corrió a reabrir el caso alegando la aparición de nueva prueba, que es el único motivo por el cual se puede retomar una causa previamente desestimada. Pero lo cierto es que no existía prueba nueva, pues ella siempre estuvo en el expediente, como lo confirmó el fiscal adjunto, Ricky González, en su comparecencia ante la comisión legislativa que investiga los hechos.
No hacía falta la confirmación de don Ricky; de la redacción de la sentencia de desestimación citada se colige que el informe de las llamadas telefónicas entre importador y diputados ya estaba en el expediente, aunque fuera citado erróneamente.
Tercero, el 13 de octubre, el medio digital CRHoy.com publicó unas declaraciones del presidente de la Corte donde, en defensa de la desestimación de la causa seguida contra los diputados Guevara y Zapata, aseguró que la Sala Tercera no tenía la potestad de devolver el expediente al Ministerio Público sin acatar la solicitud de desestimación.
Sin embargo, siendo don Carlos Chinchilla presidente de la Sala Tercera, los diputados Henry Mora, Luis Vásquez y Jorge Rodríguez fueron denunciados por prevaricato o peculado en el caso del nombramiento presuntamente irregular de la expresidenta del PAC, Kattia Martín, en un puesto de chofer en la Asamblea Legislativa. El fiscal Chavarría, como es su costumbre, solicitó la desestimación.
En respuesta, la Sala Tercera emitió la sentencia 01134 del 31 de agosto del 2015, cuyo “por tanto” dice así: “La solicitud incoada por el fiscal general de la República carece de una adecuada fundamentación por ser esta incompleta y contradictoria. En consecuencia, se ordena la devolución de las actuaciones al Ministerio Público para lo que en derecho corresponda”.
Cito este otro caso, porque pone en evidencia que don Carlos Chinchilla faltó a la verdad en sus declaraciones a CRHoy.com; la Sala Tercera no es un actor pasivo al servicio del fiscal general, y puede rechazar —o devolver— una solicitud de desestimación mal planteada.
Protección. También el fiscal general entró en el juego, evidentemente para protegerse y, posiblemente, a su jefe, el ahora presidente de la Corte (Chinchilla). Esto sucedió en respuesta a la revelación hecha por el director del OIJ de la existencia del informe de las llamadas.
El fiscal Chavarría aseguró que no lo conocía y culpó al fiscal adjunto Ricky González de habérselo escondido. González declaró en el Congreso, bajo fe de juramento, que fue el propio Chavarría quien se lo hizo llegar por correo electrónico para adjuntarlo al expediente.
Son demasiados los intentos por esconder lo evidente: que en el Poder Judicial se trasiegan favores para proteger a los beneficiarios de una red que facilita la conducción de nebulosos negocios por doquier. La red de cuido podría ser usada para proteger, también, a funcionarios del propio Poder Judicial, y los investigadores deberían indagar si en el caso que procedo a exponer hubo tráfico de influencias.
El 10 y 12 de febrero del 2015 La Nación informó de que la sentencia de un juicio por narcotráfico fue anulada porque los jueces habían pasado distraídos con sus teléfonos celulares mientras los abogados presentaban pruebas o los testigos rendían sus declaraciones. El Tribunal de Apelación de Sentencia logró constatar que la jueza que presidía el juicio, Francini Quesada Salas, utilizó su celular 47 veces durante el debate, sumando un total de 68 minutos y 24 segundos de distracción.
La Inspección Judicial investigó, proceso en el que la jueza Quesada fue defendida por don Juan Diego Castro, y elevó el caso a la Corte Plena para que resolviera, con la advertencia de que podríamos estar ante “el presupuesto de error grave en la administración de justicia”, que es penable con suspensión y hasta despido.
El 29 de setiembre del 2015, este mismo diario informó de que la Corte Plena exoneró a los jueces de toda responsabilidad, a pesar de la existencia de videos que demostraban su actitud irresponsable en la conducción del juicio. Según consta en el acta n.° 036-2015, de la sesión de la Corte Plena del 28 de setiembre del 2015, don Carlos Chinchilla –entonces presidente de la Sala Tercera– votó junto con otros 15 magistrados a favor de exonerar a los jueces.
Unos veinte meses más tarde, en mayo del 2017, Chinchilla es elegido presidente de la Corte Plena, y doña Francini pasa a trabajar en su equipo. Los investigadores deberán considerar –al analizar el posible tráfico de influencias– que Francini Quesada es la exesposa de Carlos Chinchilla y madre de su hijo de 15 años. Ellos se divorciaron en el 2013.
Falta información. Es importante que toda esta información esté saliendo a la luz. Pero no podemos perder de vista que el escándalo del cemento chino ha salpicado a los tres poderes, y todavía falta mucha información. La Asamblea Legislativa tiene su comisión investigadora y ha pedido explicaciones a los diputados involucrados.
El Poder Judicial ha suspendido a tres funcionarios y el Ministerio Público ha reubicado a unos cuantos más. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo hace mutis por el foro.
El big chief debe muchas explicaciones y, sobre todo, acciones contundentes para esclarecer la participación de algunos funcionarios de su entorno en este bochornoso entramado.
El autor es economista.