Hay mucho en juego en las elecciones legislativas venezolanas. Tras meses de incertidumbre, y en medio de intensas presiones internas e internacionales, a finales de junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció el 6 de diciembre para elegir a los 167 miembros de la Asamblea Nacional unicameral.
Cabe recordar que en Venezuela los comicios legislativos se celebran en fecha distinta a las presidenciales. Estas últimas tuvieron lugar en abril del 2013 para elegir al sucesor de Hugo Chávez; por un estrechísimo margen (1,4%), Nicolás Maduro resultó vencedor en un tenso y cuestionado ambiente.
Hegemonía chavista. Desde el año 2000, el chavismo ha mantenido el control permanente de la Asamblea Legislativa; predominancia que aumentó aún más en las elecciones del 2005 cuando la oposición cometió el error de no participar.
Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar en el 2010 cuando el oficialismo, mediante reformas truculentas al sistema electoral dirigidas a mejorar su representatividad, obtuvo 99 de los 167 diputados. Esta amplia mayoría permitió al gobierno de Chávez y ahora al de Maduro gobernar con amplio control y margen de discrecionalidad, situación que podría revertirse a partir de enero del 2016, fecha en que los nuevos integrantes del Parlamento deben asumir.
Actualmente, el nivel de credibilidad de este órgano es muy bajo; sin embargo, es una institución clave para el debate y el control político, la aprobación de las leyes, incluido el presupuesto, y la designación de los miembros de los principales poderes.
Por primera vez en muchos años, el chavismo se arriesga a perder el control de la Asamblea. Entre los factores que podrían influir de manera adversa para el gobierno cabe citar la grave situación económica (alta inflación, desabastecimiento, corrupción) y social que atraviesa Venezuela, así como el marcado desgaste de Maduro que reflejan las encuestas. Según Datanálisis, el 84% de la población siente que el país está mal y solo un 13% opina que la situación es positiva.
Frente a este cuadro adverso, y ante el temor de sufrir un descalabro electoral, el chavismo ha recrudecido la represión política encarcelando injustamente a varios dirigentes opositores (Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre ellos).
La semana pasada, además, la Contraloría General anunció la inhabilitación para ejercer cargos públicos de varios miembros de la oposición, entre ellos María Corina Machado y el exgobernador Pablo Pérez. En respuesta a estas medidas arbitrarias, la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) anunció marchas de protesta y una campaña internacional de denuncia ante la OEA y la ONU.
Integridad electoral. La integridad y credibilidad de este importante proceso electoral depende del cumplimiento de varios factores críticos e imprescindibles.
Primero, el gobierno debe poner fin a la represión política en todas sus formas (incluida la liberación de los presos políticos), el acoso a los pocos medios independientes que aún existen y a las medidas administrativas dirigidas a obstaculizar la participación de la oposición.
Segundo, el CNE debe actuar con total imparcialidad y garantizar condiciones de equidad a lo largo de toda la campaña electoral, lo que supone evitar el efecto de “cancha inclinada” en favor del oficialismo.
Tercero, es necesario restablecer los principios de representación proporcional consagrados en la Constitución Política y revisar la actual conformación de las circunscripciones electorales para impedir la exagerada desproporción entre votos obtenidos y representantes electos, como ocurrió en las pasadas elecciones legislativas del 2010.
Y cuarto, el CNE debe garantizar una auténtica observación internacional, la cual no debe quedar limitada a la “misión de acompañamiento” de la Unasur. En este sentido, debe invitar a la OEA y a la UE, entre otras organizaciones internacionales, a que envíen sus respectivas misiones de observación electoral con suficiente antelación para que observen todas las etapas del proceso electoral.
Cabe tener presente que desde el 2006 Venezuela ha impedido la presencia de misiones de observación electoral, a excepción de las de “acompañamiento” de Unasur cuya metodología de trabajo (hasta la fecha) difieren de manera importante de las de la OEA, organismo que, con más de 200 misiones en su haber, y salvo algunas excepciones, cuenta hoy con credibilidad y reconocimiento en este ámbito.
En una conversación que sostuvimos recientemente con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el Centro Carter, con el Grupo de los Amigos de la Carta Democrática Interamericana, Almagro reiteró el interés de la OEA de observar estas elecciones y dijo estar en desacuerdo con las proscripciones políticas que tienen lugar en Venezuela.
En caso de que transcurran las semanas y el CNE no envíe la invitación formal a la OEA, o niegue su participación, el secretario general debería proponer (invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana) realizar una apreciación colectiva de la crítica situación política venezolana. Existe, después de todo, como bien señala Rubén Perina (exfuncionario de la OEA) “el peligro de una alteración del orden democrático, en términos de un fraude electoral o cuando Maduro anuncia que será el primero en lanzarse a la calle si la oposición gana…”.
Mi opinión. Coincido plenamente con la reciente solicitud de 27 exjefes de Estado iberoamericanos sobre la necesidad de que las elecciones legislativas sean libres, justas e imparciales y que se lleven a cabo en un clima de absoluta confianza y transparencia. En efecto, unas elecciones legítimas y creíbles constituyen el mejor mecanismo para destrabar el juego político, disminuir la aguda polarización que padece Venezuela y avanzar en materia de reconciliación. Por el contrario, unos comicios cuyos resultados no sean respetados por las partes podrían agravar peligrosamente la de por sí delicada y compleja situación que vive el país.
De cara a las elecciones del 6 de diciembre, el ambiente va a ser tenso y complejo, y con seguridad el trayecto estará plagado de obstáculos y desafíos. Frente a este panorama, el CNE (que actualmente goza de bajo nivel de confianza ciudadana) deberá actuar con absoluta imparcialidad y garantizar, a lo largo de las diferentes etapas del proceso electoral, el pleno respeto de los derechos civiles y políticos, transparencia y equidad. De no actuar conforme a estos principios, la legitimidad y la credibilidad de las elecciones estarán en riesgo.
Los países de la región, por su parte, no pueden seguir haciéndose la vista gorda ni guardando un silencio cómplice frente al tema venezolano. Tanto la OEA como la Unasur tienen la responsabilidad de hacer su mejor esfuerzo para coadyuvar a garantizar unos comicios libres, transparentes y justos que permitan encontrar una salida institucional a la grave crisis y ayuden a recuperar la plena vigencia de la democracia en Venezuela.
Daniel Zovatto es director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional.