Opinión

El interés general bien entendido

Actualizado el 12 de mayo de 2016 a las 12:00 am

La descalificación es rotunda, la palabra asalto evoca fuerza e imposición

Opinión

El interés general bien entendido

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Un dirigente sindical califica el triunfo de la alianza opositora en las elecciones para el Directorio de la Asamblea Legislativa como un asalto. Adicionalmente, señala que la oposición pretende gobernar el país desde Cuesta de Moras, aprovechándose de la debilidad del gobierno.

La descalificación es rotunda, la palabra asalto evoca fuerza e imposición y, en consecuencia, la intención de gobernar es ilegítima.

Sin embargo, los votos opositores provienen de la misma elección en que fueron elegidos los diputados por los partidos con los que este dirigente firmó una alianza política formal a finales del año pasado.

¿Qué convierte en asaltantes e ilegítimos los votos de quienes no comulgan con su criterio político-ideológico? Si el ejercicio de votos obtenidos en elecciones legítimas es espurio en el 2016, también sería un asalto el resultado de las elecciones del Directorio legislativo en el 2014 o la conquista del Directorio por las fuerzas opositoras al gobierno de doña Laura Chinchilla en aquel entonces.

Separación de poderes. Por otra parte, el gobierno del Estado no concierne únicamente al Poder Ejecutivo, la teoría democrática nos habla, desde hace rato, sobre la separación de poderes, del checks and balances que llaman los anglosajones, sobre lo que también teorizó extensamente Montesquieu.

En un régimen presidencialista, la legitimidad del Parlamento es igual a la del Poder Ejecutivo, ambas surgen del soberano, la ciudadanía que ejerce el derecho al voto.

Promover una agenda legislativa propia desde una mayoría legislativa es ejercer el mandato ciudadano proveniente de elecciones limpias, de acuerdo con la Constitución, y la legitimidad de partidos que lograron más del cincuenta por ciento de los votos para diputados en esas elecciones.

Amenazas. Simultáneamente, otro dirigente sindical ha señalado que si los proyectos de ley de la alianza opositora se mueven en la corriente legislativa, irán a una huelga indefinida. Paralizar el proceso legislativo, ¿no es arrogarse la representación ciudadana en contra de más del millón de votos que obtuvieron esos diputados?

Decir que si se mueve un proyecto que tenga que ver con el deterioro de cualquier componente salarial de los trabajadores lleva a la paralización del país, ¿no es acaso sustituir la legitimidad democrática de la Asamblea Legislativa?

Después de esta argumentación lo que sigue es cerrar el Poder Legislativo y dejar que las dirigencias sindicales legislen.

Los sindicatos parecen abandonar el espacio de sus legítimas reivindicaciones e incursionan en el incierto y peligroso terreno de encadenar su acción a la de las dirigencias partidarias. La partidización de la acción sindical no es buena para el país y tampoco para la acción sindical legítima, expresión de un derecho humano fundamental.

¿Gobernar desde la calle? Llama la atención que entre los proyectos que adversan figura la reforma fiscal, cuando los partidos de gobierno acaban de firmar un acuerdo pactando su aprobación para un impuesto al valor agregado (IVA), aunque menor al solicitado por la administración. Este sector sindical se opone también al Poder Ejecutivo.

¿Qué hubiese ocurrido si ante la aprobación de la necesaria reforma procesal laboral las cámaras empresariales hubiesen decretado un paro indefinido? Probablemente este mismo dirigente habría calificado esta acción como un acto ilegítimo.

No, ni sindicatos, ni empresarios pueden esgrimir sus legítimos intereses sectoriales como el interés general. Para la determinación permanente del interés nacional existen los órganos representativos y en estos están presentes los representantes más diversos, algunos afines a los sindicatos y otros a los empresarios.

Pretender paralizar al Ejecutivo y al Legislativo desde escenarios extraparlamentarios sí configura un asalto a la institucionalidad que ninguna fuerza política puede convalidar. ¿Será que ante la ausencia de mayorías parlamentarias algunos quieren gobernar desde la calle?

No es válido deslegitimar a las instituciones, cuando el resultado de sus procesos internos no favorece a los intereses particulares de algunos.

El autor es politólogo.

  • Comparta este artículo
Opinión

El interés general bien entendido

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota