En torno a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), existen dos posiciones que han polarizado al país. Un amplio sector de la población exige su cierre, por sus altos costos operativos y por el hecho de que ya no cumple su función original de refinar hidrocarburos, lo que causa que los combustibles sean muy caros.
En las antípodas de ese clamor se encuentran los sectores sindicales y otros actores sociales, quienes defienden su existencia. Su argumento básico es que la empresa sigue siendo necesaria para la distribución e importación de combustibles. Además, sostienen que el costo de cerrarla, amén del desempleo que provocaría, acarrearía más problemas de los que solucionaría.
Aunque antagónicas, algo de razón llevan ambas posiciones. Ahora bien, el hecho de que existe la necesidad de sustituir los combustibles fósiles, la solución al problema, tal como paso a explicar, radica en una transformación que convierta la entidad en promotora de los nuevos modelos energéticos.
Institución limitada. Recope es una empresa pública cuyas acciones son propiedad del Estado. Aunque su objetivo original incluye el refinamiento de los productos derivados del petróleo y el desarrollo de planes energéticos, la realidad práctica es que actualmente se limita al comercio del petróleo y sus derivados, y a mantener sus instalaciones.
Posee, además, un poder muy particular en ese ámbito, pues administra un monopolio estatal sobre esa importación, refinación y distribución al mayoreo.
En el pasado, la entidad contribuyó al desarrollo por medio de políticas de apoyo a la producción nacional mediante el control de costos de los combustibles, subsidios cruzados y homogenización de esos precios. Sin embargo, su actual estructura burocrática es ineficiente en la era digital postindustrial y debe ser reinventada.
Más que el hecho de que su planilla sea cara, el problema es que su objetivo no esté adecuado a las necesidades del momento.
Me explico. Recope es una entidad absolutamente enfocada en los combustibles fósiles, y hoy, fuera de tal esquema, no tiene razón de ser. El dilema es que, tal como expliqué en mi anterior artículo “Libres del petróleo” (aquí publicado, 11/11/2015), por razones tecnológicas, ecológicas y económicas, el mundo se enrumba hacia un cambio radical del paradigma energético, donde los combustibles fósiles son paulatinamente sustituidos.
La explotación de las nuevas energías, como lo son la derivada de los biocombustibles, o la solar, implican una explotación más económica y, además, una posibilidad de exacción descentralizada.
Expertos de prestigio internacional –como el Ing. Ricardo Solera– certifican que, si de energías alternativas se trata, en nuestro país la opción viable radica en los biocombustibles. Allí hay todo un novedoso potencial, donde un Recope transformado podría incidir estratégicamente.
Datos corroborados por el Ministerio de Agricultura y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura determinan que, en nuestro país, existe una cifra cercana al millón de hectáreas ociosas, incluidas tierras que, por diferentes motivos, ya no tienen capacidad productiva. Porque es tierra degradada, sobreexplotada con ganado o porque es laderosa.
Pues bien, existen cultivos como la higuerilla o la palma de coyol que, aparte del hecho de que son enormemente eficaces para producir aceites y combustibles, tienen capacidad de reforestar tierra improductiva. Si se pusiera en marcha una política pública vigorosa alrededor de esos cultivos y de la comercialización de sus biocombustibles, los beneficios en el aspecto ecológico, económico, agrario y social serían incalculables.
Aspecto ecológico. La palma de coyol es una especie reforestadora que, al cultivarse, produce y captura biomasa durante ochenta años. Si bien es cierto que produce combustibles de gran eficiencia para la circulación de vehículos, las plantas capturan más dióxido de carbono del que emiten los combustibles que ellas misma producen, por lo cual es una explotación ambientalmente sostenible.
Aspecto agrario, económico y social. Si se lograse una transformación de Recope como entidad promotora de combustibles alternativos, y comprara a precio regular el biocombustible derivado de esos cultivos, la rentabilidad estimada es superior a los cinco mil dólares por hectárea.
Son cultivos de altísimo nivel de utilidad económica. Los cálculos demuestran que estos cultivos conquistarían un aproximado de 200.000 empleos directos. A ello se suman los indirectos, generados, por una parte, de las consecuencias de la misma actividad agraria, y, por otra, del hecho de que esta política lograría la drástica reducción de combustibles importados, generando al país un ahorro mucho mayor a los mil millones de dólares anuales.
Ese ahorro lograría, a su vez, que los recursos financieros se mantengan circulando internamente, estimulando un efecto multiplicador.
Otro importante beneficio está relacionado con la seguridad nacional. De implementarse ese modelo energético, seríamos autosuficientes en buena parte del consumo y producción de combustible, por lo que ya no dependeríamos del suministro petrolero de terceros países y de los caprichosos vaivenes de esos mercados.
Transformación. Para alcanzar esos revolucionarios objetivos energéticos, Recope tendría que convertirse en una empresa de desarrollo y comercialización energética general, sin estar limitada en función exclusiva al petróleo crudo y sus derivados.
Un Recope así reconvertido, estaría llamado, entre otros objetivos, a distribuir y efectuar las mezclas de combustibles (alcohol-gasolina y biodiésel-diésel) que promueve el actual proyecto de ley de biocombustibles.
Igualmente tendría un papel preponderante en la compra y comercialización general de los nuevos biocombustibles, de forma que los productores agroindustriales tengan garantizada la compra de su fruto.
Así, gracias al monopolio actualmente administrado por Recope, la nueva entidad desempeñaría un papel vital en el desincentivo de la importación de petróleo, y además un rol protagónico estimulando el uso de biocombustibles.
Para todo ello, insisto, requerimos su radical transformación, pues no es posible otorgarle tal responsabilidad a una entidad ineficiente como la que actualmente tenemos.
El autor es abogado constitucionalista.