Tras la abolición del Ejército hace 65 años, Costa Rica tomó un rumbo poco característico en el mundo actual: no solo proscribió sus fuerzas armadas (FA), sino que descansó íntegramente su defensa en los instrumentos del derecho internacional.
Algunos costarricenses critican la decisión de “confiar” únicamente en el derecho internacional, y consideran un error permitir que, mientras nuestros adversarios más inmediatos fortalecen su capacidad militar, en nuestro país sigamos pensando que “otros” vendrán a defender nuestro territorio y nuestro honor. Ello hace que nos preguntemos: ¿está bien que otra nación haga por nosotros lo que no estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos?
Ello invita a una reflexión sobre una política de Estado sobre seguridad nacional para enfrentar amenazas externas, sean estas provenientes de poderosas organizaciones criminales transnacionales, organizaciones terroris-tas, o las amenazas y agresiones provenientes de otras naciones.
Ejército. ¿Debe Costa Rica tener un ejército? Un ejército no es una decisión pequeña. Para la mayoría de los costarricenses, la respuesta es sencilla: no. Pero la firme negativa a la incorporación de fuerzas armadas no resuelve el tema de una política de seguridad nacional. Contrariamente a lo que algunos piensan, incluso un alto tribunal costarricense, Costa Rica no está bañada en paz, y, aun cuando exista, esa paz, por sí misma, no es una protección material del país. Entonces, la estrategia de seguridad requiere un extenso análisis de las amenazas que enfrentamos y de nuestras necesidades de defensa. Por ello, debe examinarse el tema del ejército, su costo y su objetivo.
En Centroamérica, según datos de Sipri, para el 2012 el gasto militar fue el siguiente: El Salvador, $233 millones (1%, PIB); Guatemala, $205 millones (0,45%, PIB); Honduras, $192 millones (1,1%, PIB), y Nicaragua, $65,4 millones (0,65%, PIB). Valga decir que estos datos son discutibles, pues otros ponen el gasto militar real al doble. En el caso de Nicaragua, su gasto militar podría superar este año los $100 millones, el 0,80% del PIB. La tendencia es de un alto incremento del gasto militar, como lo confirman los anuncios sobre la compra de armas ofensivas con alto poder de fuego. De hecho, el gasto se ha incrementado en casi un 50% desde el 2010.
Un ejemplo de gasto militar de un país similar al nuestro es el de Uruguay. Las fuerzas armadas uruguayas están compuestas por unas 24.000 personas y su presupuesto, excluyendo pensiones y jubilaciones, es de unos $500 millones, un 1,1% del PIB. En el caso de las fuerzas armadas de Nicaragua, están integradas por unos 14.000 hombres activos y otras decenas de miles más en reserva. Si Costa Rica decidiera activar fuerzas armadas, compuestas por unos 5.000 hombres (1/5 de las Uruguayas y 1/3 de las nicaragüenses), el costo sería de unos $100 millones anuales (0,20% del PIB). A esto hay que sumar el costo inicial, porque, para activar una fuerza defensiva, se requiere contar con equipo moderno suficiente para enfrentar agresiones externas. De lo contrario, no tiene sentido siquiera pensar en incorporar una fuerza así.
La inversión inicial de equipamiento básico para las fuerzas naval, aérea y terrestre es de $200 a $300 millones en un período de tres años. Esto incrementaría el gasto al 0,40% del PIB, que sigue siendo la mitad del gasto proyectado de Nicaragua en términos de PIB. Estos son recursos que no están disponibles, lo cual significa que habría que recortar programas o endeudarse más.
¿El objetivo? El objetivo sería tener unas fuerzas militares pequeñas para proteger al país de amenazas externas, pero fundamentalmente las tendría con el propósito de disuadir agresiones de terceros Estados a nivel regional. Es esta, la defensa mediante la disuasión, la única razón de ser de unas fuerzas armadas costarricenses, pues, en mi criterio, para enfrentar otras amenazas, como el crimen organizado y el terrorismo, basta una policía profesional debidamente equipada.
¿Los riesgos de un ejército? Son muchos. Hay diferencias entre una fuerza militar y una fuerza policial, pero hay dos fundamentales. La primera es que la fuerza militar tiene métodos de trabajo dirigidos a participar en teatros de guerra, y tiene un poder eminentemente destructivo. La policía usa métodos de trabajo civiles y se vale de equipo básico con el fin de defenderse de –controlar y someter– individuos ante la autoridad civil. Esto nos lleva a la segunda, y quizá la más importante: se trata de las reglas de enfrentamiento, conocidas como rules of engagement . Las reglas de enfrentamiento de la policía buscan la protección de bienes y personas, mientras que las reglas de enfrentamiento de un ejército se dirigen a la destrucción de bienes y personas con el objeto de defender territorio, conquistarlo o para la destrucción de una amenaza.
A estas diferencias es preciso añadir el desafío que impone controlar la tentación del uso de la fuerza militar, casi siempre con objetivos puramente políticos, como pasa actualmente en un Estado cercano a Costa Rica. Entonces, ¿necesita Costa Rica un ejército? La respuesta es inequívoca: no hoy. Esto me lleva a una política de seguridad nacional civilista.
Derecho internacional. Una política de seguridad civilista significa defenderse haciendo uso de los instrumentos de la justicia internacional, tarea que no es fácil y que requiere una amplísima preparación y el apoyo decidido, no se diga de un Gobierno, sino de todo el país. Acudir a los mecanismos del derecho internacional ha sido efectivo, aun cuando su respuesta no sea inmediata. Mientras se alcancen los objetivos defensivos de Costa Rica de esta forma, nuestro país debe seguir fortaleciendo su diplomacia, y debe promover vigorosamente el uso de los organismos de justicia internacional. Si hoy destinamos $1,2 millones anuales a nuestra defensa jurídica internacional (apenas el 1% del costo de un ejército, y el 0,002% del PIB), y nos ahorramos $100 millones o más al año que cuesta mantener un ejército, no solo significa una inversión inteligente, es una garantía para el mantenimiento de la paz y la democracia costarricenses, y es un ejemplo para un mundo en turbulencia.
Posiblemente, el mayor desafío en los últimos diez años ha sido convencernos de que nuestra defensa depende de nosotros y no de otros, y que la seguridad de Costa Rica, como una política de Estado, requiere fortalecer nuestra diplomacia, una tarea que, por mucho que algunos lo quieran negar, se ha hecho bien en esta Administración. No hay duda de que acudir al derecho internacional es la mejor decisión desde cualquier punto de vista, y es el camino costarricense. No obstante, si hoy no necesitamos un ejército, eso no significa que nos olvidemos de las amenazas que acechan nuestra seguridad. Esas están ahí, reverberan y complotan.