Una dirección política incierta

Cuando se es gobierno, la oposición siempre será un sano desafío, pero otra cosa distinta es la deslegitimación que se sufre cuando se pretende transitar en contravía de lo conveniente o de los valores que le han dado sustento a una nación.

Uno de los fenómenos que caracteriza esta nueva etapa de la humanidad es que somos testigos de una circulación de bienes, servicios, ideas, e información nunca antes vista. A ello debe sumársele un inusual aumento tanto de la migración humana como de la producción de bienes y servicios.

El Dr. Moisés Naím, destacado economista y uno de los más reputados analistas del mundo, nos recuerda que las democracias pierden eficacia cuando la deslegitimación del poder impide a los gobiernos tomar decisiones o cuando estas decisiones son pospuestas o resultan diluidas al tomarlas.

La deslegitimación produce atomización, y con ello el marasmo del sistema político. Se impide a la democracia satisfacer las expectativas de los administrados y resolver los problemas que afrontan las sociedades. Lo agrava el hecho de que, en las actuales sociedades de bienestar, dichas expectativas crecen a mayor ritmo que la capacidad gubernamental de satisfacerlas.

El origen. ¿Dónde está la raíz del problema? Básicamente en el declive del ideal burocrático industrial. Según el concepto weberiano-industrial, la eficiencia de la organización humana dependía de la dimensión o del tamaño de esta.

De hecho, los grandes ejércitos eran el epítome de tal noción de organización y las grandes empresas del siglo XX fueron el prototipo sin igual de estricta organización burocrática.

Sin embargo, con la eclosión de la era digital del conocimiento dicho concepto se está derrumbando por la incapacidad que tienen las pirámides burocráticas de ejercer el poder con eficacia.

En nuestro país, el problema se agrava. Tal como demostró la serie de reportajes del periódico La Nación , a los problemas estructurales de inoperancia y progresiva inviabilidad del aparato se le suman los abusos en los que se ha incurrido en materia de prerrogativas y privilegios laborales.

Más que la insostenibilidad de nuestro régimen burocrático-industrial, lo que realmente debe preocupar es la posición ideológica del partido gobernante ante el problema.

Los líderes del gobierno están firmemente convencidos de la superioridad fundamental de las organizaciones burocráticas de gran tamaño. De esto no cabe la menor duda.

No por casualidad –siendo aún candidato–, el actual presidente de la República se pronunció expresamente sobre las bondades del Estado grande. Lo anterior consta en declaraciones consignadas por el mandatario a este diario en diciembre del año 2013.

El resultado práctico de tal convicción es que, en tiempos de déficit fiscal, el aumento del presupuesto público para el año 2015 fue de un 9,4%.

Para agravar la situación, no existe ninguna propuesta de disminución del gasto. Peor aún, el 23 de julio anterior, el vicepresidente de la República anunció que no es prioridad del Gobierno resolver el desorden existente con los salarios públicos de las entidades autónomas.

Por el contrario, la peligrosa propensión sobre cómo “resolver” el problema es aumentar la ya de por sí onerosísima carga tributaria que pesa sobre los costarricenses. Recordemos que, en términos prácticos, la tasa impositiva de nuestro país es nada menos que del 58%, lo que la convierte en una de las más altas de América latina.

Prejuicios ideológicos. A lo anterior, se suman prejuicios ideológicos vetustos, que han caracterizado a los líderes del partido gobernante. Por ejemplo, desde la alborada del PAC, don Ottón Solís, fundador de dicha agrupación, en su libro Etica, política y desarrollo (p. 232), propone eliminar incentivos a las exportaciones, a la inversión turística y a la inversión extranjera.

Aquella manifestación no fue un simple desliz. Declaraciones de las autoridades gubernamentales, tal como las que le escuchamos al viceministro de Trabajo, que propuso gravar las condiciones de operación de las empresas instaladas en el régimen de exportación, lo que reflejan es la sinceridad de tal obsecuencia ideológica.

Es un condicionamiento mental que, como vimos, viene desde las épocas de la fundación del PAC, cuando don Ottón hacía este tipo de propuestas.

El tercer elemento que cierra la tríada ideológica del PAC, afín por cierto a la del Frente Amplio, es la que caracteriza sus acciones y luchas contra la libertad de comercio internacional.

Recordemos que tanto el presidente Solís como don Ottón se unieron activamente a los distintos movimientos contra los tratados de comercio internacional.

Desde siempre, ambos se han mostrado contra la práctica de la economía abierta. Esta, por cierto, es una de las razones por las que me resulta incomprensible que ahora don Ottón se rasgue las vestiduras contra la coalición PAC-Frente Amplio, vigente de por sí desde el año pasado.

Al fin y al cabo dicha unión política es coherente con aquello que él defendió tan vehementemente en el pasado.

Comprendo que hoy tenga motivos de conveniencia electoral para aparecer como opositor a su propio gobierno. Sin embargo, el oportunismo electoral es censurable si al asumirlo se contradicen las banderas que antes se levantaron.

En fin, permítanme, entonces, resumir la peligrosa triada ideológica del actual partido de gobierno, en materia tan vital como lo es la económica: creen en la superioridad fundamental de la organización burocrática grande; se oponen a incentivar la inversión productiva exportadora e internacional; y rechazan las propuestas que permiten las economías abiertas y el comercio internacional. Un panorama preocupante.

Fernando Zamora C. es abogado.