En la última década, se ha acentuado en nuestro país la discusión de si los jueces invaden ámbitos reservados a otros poderes del Estado. Dicha discusión no es exclusiva de nuestro medio, muchas democracias experimentan este fenómeno y lo han bautizado como “judicialización de la política” o “activismo judicial”.
Esto obedece a que los Poderes Judiciales han dejado de ser la última garantía de resolución de conflictos sociales, y convertidos en contiendas jurídicas, se han transformado en la primera voz, y a veces la única, en la toma de decisiones relevantes.
La consecuencia es un notorio desplazamiento del poder de los parlamentos y Gobiernos hacia el Judicial. Sin duda alguna, los jueces son los nuevos protagonistas del escenario político y comparten el poder con las estructuras tradicionales, en una gran gama de temas que tienen la capacidad de cambiar la sociedad y su historia.
Juristocracia. A este fenómeno se le ha llamado también “juristocracia”, por el peso que tienen en la actualidad los jueces en las democracias maduras. Son varios los factores que inciden en este nuevo esquema político, entre ellos el amplio marco normativo de derechos y el acceso a la justicia que ha implicado un fortalecimiento paulatino de los Poderes Judiciales a partir de la segunda parte del siglo XX.
A lo anterior debe sumársele el debilitamiento de las estructuras tradicionales de poder y de representación, en ciertas democracias, así como el deterioro de los espacios tradicionales de mediación social.
Ante la inactividad del Estado y la política, las demandas sociales han encontrado un nuevo espacio para ser exigidas, y ello ha convertido a las Cortes en instrumentos capaces de generar cambios sociales con gran éxito.
Esto ha derivado, en ciertas sociedades, en la juridificación misma de la justicia distributiva, que, por cierto, está en crisis.
El resultado es que los jueces, en muchas ocasiones, tienen éxito donde ha fracasado la política, y por tanto es común ver cómo, cada vez con más frecuencia, los grupos sociales procuran obtener, por medio de sentencias judiciales, lo que no fue atendido mediante las autoridades de Gobierno llamadas a hacerlo. La lista es grande: medicinas, operaciones, puentes peatonales, escuelas, alcantarillado sanitario, agua, aceras, pluses salariales, luchas ambientales, derechos de grupos minoritarios.
Algunos consideran que este desplazamiento de poder hacia la judicatura es consecuencia lógica de las democracias maduras y consolidadas, donde el poder político –en el buen sentido de la palabra– es ahora compartido por actores no tradicionales –los jueces–, quienes, sin ser autoridades elegidas, tienen igual o más peso en temas de gran trascendencia social y política que las que sí han sido políticamente elegidas.
Después de todo –según alegan–, lo importante es que los derechos se cumplan, lo de menos es cuál sea el canal de acción, mientras el resultado esté apegado a la Constitución y la ley.
Otros, por el contrario, opinan que se trata de una disfuncionalidad del sistema, que viene a debilitar la democracia representativa y a acrecentar la crisis política que viven muchas democracias latinoamericanas, pero, en especial, los partidos políticos.
Válvulas de escape. Es poco probable que en nuestro país alguna decisión de trascendencia nacional no pase por la judicatura, en especial por la Sala Constitucional, antes, durante o después de la discusión, de tal forma que, con espacios de diálogo disminuidos y un poder político hiperfragmentado, como el que vivimos, es difícil que sea únicamente mediante acuerdos políticos que puedan tomarse decisiones, ya sea de alcance general o particular. Me pregunto qué habría pasado si esta enorme presión social que hoy se litiga no se hubiera podido canalizar por medio de los jueces.
Tendencia criminalizadora. Otro tema paralelo y que no deja de ser peligroso, es el papel que le ha tocado al Poder Judicial de fungir como centro de la tendencia de la sociedad a criminalizar conductas más de la cuenta, incluso en el campo político, lo que tiene al sistema judicial y penitenciario abarrotado, y prácticamente a todos los partidos sometidos a investigaciones o procesos penales en forma constante.
El resultado es una justicia casi omnipresente, que concentra un poder sin precedentes. De ahí que no sea sorpresa el reciente interés de algunos sectores de volcar su mirada y su mazo hacia un Poder Judicial antes tímido y de bajo perfil. Igualmente importante es el costo que esto representa para el sistema de justicia, que ya destina más del 50% de su presupuesto a sostener el aparato penal.
Retomar el equilibrio. Es normal que las relaciones entre política y justicia en todo tiempo y país sean a veces difíciles: la tendencia del poder político es siempre a ampliar su esfera de control, y el reto del sistema de justicia es proteger su independencia.
Pero el grado de tensión que vivimos como consecuencia del llamado “affaire Cruz”, y más recientemente por los ministros y diputados que protestaron en la calle contra otro poder de la República, debe invitarnos a la reflexión madura sobre la necesidad de recobrar el equilibrio dentro del marco de respeto a la institucionalidad democrática. La relación de poderes sin duda debe estar por encima de la protesta en la calle.
El malestar con la democracia debe ocuparnos y alentar una reflexión urgente. El esfuerzo de los notables y de otros grupos organizados, que de buena fe han tratado de desenredar este nudo gordiano en que ha caído nuestro sistema político en general, fue un paso importante en el esfuerzo por retomar los equilibrios, el respeto y la colaboración entre los poderes de la República.
En una democracia, el camino siempre debe ser el diálogo respetuoso y la construcción conjunta de soluciones. El futuro del Poder Judicial y de la estabilidad democrática de nuestra sociedad depende de los esfuerzos que hagamos en este sentido.
La autora es magistrada de la Sala Constitucional.
