En días recientes ha habido una campaña contra la pesca de arrastre de camarones, motivada por una información sesgada según la cual el gobierno quiere volver a la pesca de arrastre prohibida por la Sala Constitucional en el 2013.
La pesca de arrastre fue prohibida por su impacto negativo en el lecho marino, por el alto nivel de captura incidental de fauna de acompañamiento del camarón y porque esta captura incidental resta posibilidades a los pescadores artesanales de nuestras costas.
La pesca de arrastre genera alrededor de 1.000 empleos directos en zonas deprimidas, con problemas de desempleo y alta vulnerabilidad social. De estos empleos dependen unas 3.500 personas. Ante esta disyuntiva, la ruta que ha seguido el Incopesca ha sido facilitar un amplio debate nacional con participación de todos los sectores interesados y, amparado en el artículo 103 de la Ley de Pesca y Acuicultura y con el apoyo del MAG, desarrollar un marco regulatorio que dé soporte científico a un nuevo tipo de pesca de camarón orientado al desarrollo sostenible, en los términos que nos plantea la ONU y nuestra propia Constitución Política.
Tanto la ONU como la Constitución plantean el necesario equilibrio entre el ambiente, la gente y la prosperidad de la sociedad como un todo; ninguno es más importante que otro. Dicho marco regulatorio debe, además, atender las preocupaciones expresadas por la Sala Constitucional en su momento y, principalmente, el principio de desarrollo sostenible democrático.
Desafío. Estamos ante un desafío delicado. Nadie quiere la pesca de arrastre tal como se practica en la actualidad. Pero nadie quiere tampoco agravar una situación de vulnerabilidad social con consecuencias fáciles de imaginar. Aquí es donde cabe la pregunta si se puede pescar camarón del fondo marino eliminando los problemas o reduciéndolos sustancialmente.
De acuerdo con información generada por el personal científico del Incopesca (personal altamente calificado, aunque algunos malintencionadamente lo nieguen), la FAO y por organizaciones de pescadores artesanales, la respuesta es sí, pero requiere de un enfoque integral, que incorpore medidas tecnológicas, regulatorias y técnico-científicas.
Ninguna medida por sí misma resuelve los problemas. Entre las principales exigidas por el Incopesca, cuyo estricto cumplimiento eventualmente llevaría al otorgamiento de una Licencia de Aprovechamiento Sostenible del Recurso Camarón (LASRC), están las siguientes:
1. Zonas de exclusión: se excluyen el golfo de Nicoya, el golfo Dulce, las áreas protegidas, las áreas marinas de pesca responsable y áreas con una profundidad inferior a 70 metros en promedio a lo largo del litoral Pacífico. Esto implica un alejamiento de la costa de 3 a 5 millas, por lo que la flota que eventualmente faene bajo este tipo de licencia no interferiría con la pesca artesanal, y beneficiaría a cerca de 15.000 familias que viven de esta actividad. Tampoco pescarían sobre arrecifes ni “pastos” marinos. Esta exclusión se refuerza mediante el seguimiento satelital por parte del Incopesca, para lo cual los barcos deberán contar con los dispositivos correspondientes, según las nuevas exigencias establecidas para las LASRC.
2. Modificación del arte de pesca: se plantea el uso de tablas hidrodinámicas, redes livianas y doble relinga con rodillos, medidas técnicas que reducen el impacto sobre el fondo marino. También se exige el uso de dispositivos excluidores de peces (DEP), lo cual reduce sustancialmente la pesca incidental. Esto se acompaña de medidas regulatorias como la inspección de todos los desembarques, limitando estos a siete puertos nacionales, en horas hábiles, donde hay personal del Incopesca. Se permitirá un máximo de 30 % de peces en las descargas de camarón. Además, se amplían las vedas y se reduce en un 33 % el tiempo de faena.
Las medidas tecnológicas y regulatorias descritas se acompañarán con una mejor gestión del conocimiento, con el apoyo de la institucionalidad nacional e internacional, para ir mejorando cada vez más las pesquerías.
En conclusión, con voluntad política, conocimiento, diálogo y compromiso es posible compatibilizar lo ambiental y lo social, para el beneficio de la mayoría.
El autor es ministro de Agricultura.
