EscucharPUERTO PRÍNCIPE – La determinación de prioridades en materia de gasto es difícil en cualquier país; pero lo es mucho más en Haití, donde tras años de enfrentamientos políticos, un gobierno recién elegido está luchando por hacer crecer la economía y mejorar el bienestar de la población, mientras confronta las consecuencias aún no resueltas del tremendo terremoto del 2010.
Todos los gobiernos tienen limitaciones de fondos, pero el presupuesto anual del Gobierno haitiano es de apenas 2.000 millones de dólares (más otros 1.000 millones aportados por donantes extranjeros). Para poner esa cifra en contexto, señalemos que dos países con poblaciones de tamaño similar, la República Checa y Suecia, tienen un presupuesto anual de 74.000 millones de dólares y 250.000 millones de dólares, respectivamente.
El discurso habitual en relación con Haití suele hacer hincapié en sus grandes necesidades: es “el país más pobre del hemisferio occidental”, con serias falencias de infraestructura y problemas sanitarios que incluyen las tasas de mortalidad infantil, infantojuvenil y materna más altas de la región.
Pero este énfasis en los problemas no nos dice nada sobre el mejor modo de asignar los fondos de los donantes y del gobierno haitiano para tratar de resolverlos. Precisamente de eso se ocupa un nuevo proyecto de investigación, Haïti Priorise, financiado por el gobierno canadiense y dirigido por el centro de estudios al que pertenezco, el Consenso de Copenhague, que ofrece datos sobre las intervenciones más eficaces para mejorar la prosperidad y la salud de las futuras generaciones de haitianos.
Haïti Priorise encargó 45 análisis de costo-beneficio a diversos economistas (un tercio de los cuales son funcionarios públicos haitianos). Usando una metodología estandarizada, cada grupo de investigadores estudió propuestas tan diversas como conectar a los agricultores con el mercado internacional de emisiones de carbono, introducir mejoras en la producción de arroz, establecer sistemas de alerta de inundaciones, instituir la licencia de paternidad paga para facilitar el ingreso de más mujeres a la fuerza laboral formal y enseñar a los niños en su idioma nativo, el creole, en vez de hacerlo en francés.
El proyecto designó un panel de notables cuyos miembros (tres prestigiosos economistas haitianos y un premio Nobel de Economía estadounidense) analizaron 85 propuestas concretas y se entrevistaron con los autores de las investigaciones; luego, publicaron una lista priorizada, que presentaron al presidente Jovenel Moïse. Entre las diez propuestas prioritarias hay seis que apuntan a aprovechar el breve período que va de poco antes a poco después del nacimiento para hacer las intervenciones con más impacto sobre la vida futura del niño.
El acceso a estimulación educativa temprana puede crear condiciones para el éxito del niño en la vida adulta. Una investigación del economista Atonu Rabbani demostró que el costo de un programa de dos años de sesiones de juego dirigidas por maestros sería de unos 157 dólares por alumno. Un famoso estudio de larga duración realizado en Jamaica sugiere que un proyecto de esa clase puede generar un 35% de aumento en los ingresos futuros. Haití recuperaría 17 dólares por cada dólar invertido.
A más corto plazo, una investigación de Magdine Flore Rozier Baldé, del Ministerio de Planificación de Haití, determinó que aumentar la cobertura de la vacunación infantil hasta el 90% antes del 2020 salvaría las vidas de 16.000 niños en los próximos cinco años. Esto solo costaría 36 millones de dólares en cinco años y aportaría 13 dólares de beneficios por cada dólar invertido.
El panel también recomendó aumentar la atención médica para madres y recién nacidos. Esta intervención, con un costo de 23,5 millones de dólares al año, reduciría la tasa de mortalidad materna un 65% y salvaría a más de 5.000 niños, con 18 dólares de beneficios sociales por cada dólar invertido.
En segundo lugar en la lista de prioridades aparece invertir en reducir el flagelo “oculto” de la deficiencia de micronutrientes. Stephen Vosti (de la Universidad de California en Davis) y coautores propusieron añadir hierro y ácido fólico a la harina de trigo al momento de molerla o embolsarla. Esta “fortificación” es común en muchos países, y puede adaptarse para añadir micronutrientes a cualquier alimento de consumo habitual.
Este programa reportaría los mayores beneficios para mujeres embarazadas y niños pequeños. Invertir unos 5 millones de dólares a lo largo de diez años para fortificar el 95% de la harina de trigo evitaría 140 muertes anuales por defectos del tubo neural y más de 250.000 casos de anemia.
El panel determinó que invertir en los primeros (y más cruciales) años de vida de los niños supone un cúmulo de beneficios a largo plazo. Pero para asegurar que esos niños puedan más tarde hacer un aporte significativo a Haití, es necesario mejorar las condiciones para la actividad económica. El principal obstáculo al que se enfrenta la economía haitiana es, según muchos, la falta de un suministro de electricidad confiable. La propuesta de más alta prioridad del panel de notables es la reforma de la empresa pública de electricidad, Electricité d’Haïti (EDH).
Dicha reforma es inevitable: EDH es insolvente, y se lleva 200 millones de dólares al año en subsidios (la décima parte del presupuesto del gobierno haitiano). Alrededor del 70% de la electricidad producida se pierde o se roba. El servicio eléctrico llega a menos de un tercio de los hogares, y solo funciona entre 5 y 15 horas al día, lo que deja a muchas familias a oscuras y obliga a las empresas a comprar costosos generadores diésel.
El haitiano medio consume apenas 39 kWh al año (alrededor del 10% del consumo medio en Ghana y menos de lo que se necesita para hacer andar un refrigerador estadounidense promedio durante un mes). Juan Belt, Bahman Kashi y Jay Mackinnon, de Limestone Analytics, hallaron que reformar EDH solo costaría unos 33,3 millones de dólares.
Tomando lo aprendido de reformas realizadas en Afganistán y de su experiencia en Haití, Belt, Kashi y Mackinnon proponen cambiar el marco institucional y regulatorio del sector de la energía, corporatizar EDH y establecer tarifas que reflejen los costos. Si estas reformas tienen éxito, en una segunda etapa se agregarían inversiones acotadas para continuar la mejora del suministro y la eficiencia financiera.
El resultado sería una importante reducción de las pérdidas de EDH y una provisión de electricidad más confiable. Cada dólar invertido aportaría 22 dólares en beneficios sociales. Como señaló el economista haitiano Kesner Pharel, los 200 millones de dólares que cuesta EDH al presupuesto “podrían usarse mejor en áreas como salud y educación, con mucho más beneficio para Haití”.
Ese es el objetivo de todas las inversiones resaltadas por Haïti Priorise. Este estudio provee a las ONG y a los funcionarios públicos una base conceptual para abogar por más financiación dirigida a la implementación de soluciones eficaces, y ofrece a donantes y funcionarios datos abundantes que pueden ayudarlos a tomar decisiones difíciles. Un discurso basado en priorizar los problemas y luego concentrarse en las soluciones más eficaces es algo que puede beneficiar a cualquier país.
Bjørn Lomborg es director del Centro de Consenso de Copenhague y profesor visitante en la Escuela de Administración de Empresas de Copenhague. © Project Syndicate 1995–2017
