Para que no se me malentienda, soy el primero en reconocer que el Gobierno Arias Sánchez tuvo importantes aciertos, como la aprobación del TLC, el establecimiento de relaciones con China y el nuevo estadio nacional, el programa Avancemos, el aumento sustantivo del monto de las pensiones no contributivas y el Hospital de Heredia. También hubo muchos errores.
En materia de seguridad nacional y seguridad ciudadana, se cometió el gran error, entre muchos otros, de eliminar la Policía de Fronteras, en el segundo semestre del 2008. Un error estratégico y geopolítico, cuyas consecuencias negativas llegan hasta los hechos de la isla Calero y la ocupación sandinista.
Fronteras abiertas. Cuando entramos al gobierno, en mayo del 2006, más que la falta de policías, la casi inexistencia de patrullas y motos, un pésimo sistema de comunicaciones y el enorme retraso tecnológico de la Fuerza Pública, lo que más me impresionó fue recibir un país con sus fronteras abiertas, tanto en el norte como en el sur y en sus dos mares. Así lo informé a la Casa Presidencial.
La situación en los mares nunca se puedo arreglar. La única solución posible fue poner en plena y efectiva vigencia el Acuerdo de Patrullaje Conjunto con los Estados Unidos. Para proteger la integridad del territorio y la soberanía nacional, en el norte y en el sur, se refundó la Policía de Fronteras.
Dicho cuerpo especializado de casi 2000 efectivos, enmontañado y de condiciones diferenciadas dentro de la Fuerza Pública, con los jeeps que se pudo disponer, bien armado y con un buen sistema de comunicaciones, asumió entonces la enorme responsabilidad de vigilar la zona fronteriza en Guanacaste y cerca del lago, así como a lo largo del río San Juan, hasta la desembocadura en Tortuguero, en la frontera con Nicaragua.
De la misma forma, asumió sus funciones en el río Sixaola y en las altas montañas de Talamanca, a lo largo de los muchos puntos vulnerables de la frontera con Panamá, en la zona de Golfito, Puerto Jiménez y hasta la punta Burica.
No tener ejército no es lo mismo que vivir en un estado de indefensión nacional. Cuando don Pepe Figueres abolió el Ejército Nacional, junto a los constituyentes del año 1949 le dio a la Fuerza Pública, por igual, tanto la responsabilidad de la seguridad ciudadana, como la esencial obligación de proteger la integridad territorial y defender nuestra soberanía.
Quien cometió este grave error histórico y decidió eliminar la Policía de Fronteras violentó esa norma obligatoria de nuestra Constitución Política y puso en evidencia no tener la menor idea de la compleja geopolítica regional.
Fue gracias al trabajo de esa Policía de Fronteras, junto a un esfuerzo bien articulado y ejecutado por la PCD, la DIS y el OIJ, que se incautaron en el año 2007 cerca de 75 toneladas de droga y se desmantelaron los carteles colombianos en la Zona Sur, en el Valle Central y en Guanacaste.
Batalla perdida. En los siguientes dos años, hasta el traspaso de poderes a doña Laura, trágicamente se perdió esa batalla fundamental y esas incautaciones no llegaron ni a las 20 toneladas. Al finalizar este año 2010, no se llegará ni a las 9 toneladas. Por eso estamos incluidos en la lista negra de los Estados Unidos.
Si esa Policía de Fronteras hubiera seguido protegiendo la bandera nacional, en los puestos fronterizos del norte, la invasión sandinista no se habría producido y la bandera nacional que para verguenza de todos nosotros se perdió en la isla Calero, todavía estaría ondeando con orgullo, protegida por los valientes miembros de ese cuerpo especializado de la Fuerza Pública.
La señora presidenta de la República, hace unos días, entendiendo bien lo que está sucediendo en el país, anunció la refundación en el 2011 de la Policía de Fronteras.
Con ello, estaríamos dando un paso firme en la dirección correcta de la más que nunca urgente y necesaria, además de prometida, reestructuración y profesionalización de la Fuerza Pública de Costa Rica.
