Pensiones legales, pero inmorales

Dije entonces –y lo repito ahora– que, si un Gobierno lograra acabar con este abuso, convertido ya en una tragedia nacional, debería recibir el agradecimiento de todos los costarricenses, aunque esto sea su único logro importante.

El pasado 9 de diciembre, publiqué otro artículo, con el título “El injusto privilegio de las pensiones”, en el cual contaba las vacaciones de verano que pasaba en una finca en Rancho Redondo, en las que compartí diversión y trabajo con un muchacho llamado Octavio, quien, cuando le pedí que me acompañara en una de mis correrías en los verdes campos y en la bruma, me dijo que no podía porque él no era el hijo del patrón. “No soy –me dijo– un peón de lujo, como vos, que trabaja cuando quiere, sino un peón de segunda clase”.

Ni conveniente ni sano. No creo que sea conveniente ni sano que el país se divida en peones de lujo, con privilegios extraordinarios que pagamos todos los costarricenses, y peones de segunda clase que viven en la pobreza extrema, sin recibir la ayuda que necesitan porque el dinero se gasta en pagar privilegios irrazonables.

Mientras haya todavía una sola persona que viva en miseria extrema, no se debe permitir que otros ciudadanos disfruten de pensiones absurdamente altas que, aunque las pague el Gobierno, en realidad las estamos pagando todos nosotros mediante impuestos, no para que se usen en altísimos privilegios, sino para que se lleven a cabo labores gubernamentales que beneficien a todos por igual.

Cuando llega la hora del retiro de la fuerza laboral, y antes del retiro final que significa la muerte, es justo que se reciba la recompensa de unos años de disfrute del tiempo libre, junto con la familia, pero con un monto de dinero mensual adecuado a las necesidad más perentorias, y nunca para que una persona –o varias, tan respetables como el más pobre– reciba sumas millonarias que le permitan gastar el dinero a manos llenas en los lujos y caros caprichos, a costa del Gobierno: En realidad, a costa de todos los otros mortales.

En mi artículo anterior conté el caso, que conozco personalmente, de un exembajador que se pensionó con una suma equivalente a lo que recibía en dólares por haber ejercido su trabajo en un país con un costo de vida muy alto, y, “sin que tenga una cana en su joven y frondosa cabellera, se ha dedicado, desde entonces, a dormir hasta tarde y a jugar tenis en un lujoso club a costillas del pueblo”.

Me parece muy bien que La Nación haya publicado la lista de quienes gozan de pensiones de privilegio, y que también ya existan varios proyectos de ley para frenar este abuso, como el de crear un impuesto escalonado para que este privilegio sea menor y el dinero pueda volver a las arcas del Gobierno, a fin de destinarlo a obras de bien público.

Monto máximo. Además, La Nación publicó recientemente una información que casi nadie conocía: que ya existe una ley, la número 7858, que fija el monto máximo de las pensiones financiadas por el Estado en 10 veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública. Es decir, no hace falta aprobar ninguna ley nueva, que sería un proceso lento y difícil, sino simplemente aplicar la ley existente. Naturalmente, los privilegiados tratarán de oponerse a su aplicación, y hacerlo significa tocar intereses creados, molestias y hasta recibir el odio de personas importantes, pero gobernar es hacer el bien a la mayoría, sin tomar en cuenta, para nada, si una acción necesaria afecta a unos pocos privilegiados.

No debe haber, como decía Octavio, mi amigo de la infancia, ciudadanos de lujo y de segunda clase. Solo debe haber costarricenses, todos con los mismos derechos y obligaciones.