EscucharTome su Código de Trabajo y arranque todas las páginas después del artículo 370; luego, agregue los más de 340 artículos que incluye la nueva Reforma Procesal Laboral (RPL) promulgada el pasado 25 de enero, y notará que, a partir de su entrada en vigor, se darán cambios importantes.
El jefe de fracción del Frente Amplio señalaba en una entrevista reciente que la reforma fortalece los sindicatos y la huelga en la empresa privada, sector que agrupa trabajadores que históricamente han mantenido una muy baja tasa de sindicalización, tan solo el 2,6% de la población ocupada al 2014, según datos del Ministerio de Trabajo.
Puede que la lectura que hiciera el diputado frenteamplista se deba a que la huelga, como derecho fundamental, tiene un lugar privilegiado en la reforma, que no solo remedia antiguos vacíos normativos, sino que facilita las actividades preparatorias, de convocatoria y de ejecución de la suspensión colectiva de labores.
Es más, incorpora nuevas modalidades en una especie de menú a la carta: huelga total o parcial de la empresa, por departamentos, de trabajadores de una misma profesión u oficio, intermitente, gradual o escalonada.
Estímulo al paro. Pero hay otra modalidad de huelga que está implícitamente amparada en la reforma y es la que centra la atención y la crítica: la huelga ilegal.
La Reforma Procesal Laboral crea un estímulo a favor de las huelgas ilegales, y consiente la impunidad de los huelguistas que decidan apartarse de la ley.
Por más épica que parezca la frase que se le atribuye a don Pepe Figueres de que no hay huelgas legales ni ilegales, resulta atroz confundir el respeto a la ley con el abuso del derecho.
Lo asombroso no es que la reforma tutele la huelga legal, sino que dé luz verde para que los trabajadores organicen movimientos ilegales sin que pueda imputárseles responsabilidad a pesar de los daños que lleguen a producir.
Insólito es también que este portillo a la ilegalidad haya sido aplaudido por la Asamblea Legislativa y considerado un avance histórico en nuestra legislación laboral.
Esto hay que entenderlo así: un trabajador que participe en una huelga ilegal no puede ser despedido, ni siquiera sancionado o ver su salario rebajado, siempre que regrese a laborar en un plazo de 24 horas a partir de la notificación de la declaratoria de ilegalidad.
La reforma establece, puntualmente, los pasos previos a la convocatoria legal de la huelga, pero, paradójicamente, a quienes no los cumplan les releva de castigo. Por lo tanto, ¿quién va a querer molestarse por respetar la ley?
Empleador desarmado. Mientras el trabajador es amparado por el ordenamiento jurídico, el patrono queda contra las cuerdas sin más remedio que solicitar la intervención judicial para la calificación de la huelga, en tanto espera paciente la tramitación del proceso y soporta el infortunio de tener paralizada su actividad productiva.
Y si finalmente le dieran la razón en la sentencia, aun en esos casos, no puede sancionar a los trabajadores si deciden volver a laborar en el plazo de 24 horas.
Es muy peligroso conferirle a la ilegalidad la categoría de derecho. Dejar que las agresiones injustas no tengan consecuencias es inclinar la balanza hacia un solo lado.
La extralimitación en el ejercicio del derecho a la huelga no se justifica, y mucho menos ahora que las reglas para convocarla legalmente están claras y los requisitos se han ajustado para hacer posible su cumplimiento.
Se dice que la Reforma Procesal Laboral no permite la huelga en servicios públicos esenciales, pero no pasa de ser una mera ilusión: si bien están prohibidas, no hay sanción en caso de que se suspendan las labores en muelles, puertos u hospitales, por ejemplo, siempre que los huelguistas regresen a trabajar 24 horas después de la declaratoria de ilegalidad. ¿Entonces?
La huelga no es un medio de solución de conflictos sino un eficaz y muy gravoso mecanismo de presión. Como si eso no fuera suficiente, la Reforma Procesal Laboral deja margen para el abuso, de modo que los huelguistas puedan alzarse con el santo y la limosna.
La autora es abogada laboralista.
