Votaré y trabajaré a favor de la propuesta acordada entre el gobierno y la diputada Sandra Piszk para limitar el crecimiento del gasto en algunos rubros dentro de las remuneraciones destinadas al empleo público (anualidades, dedicación exclusiva, cesantía, etc). También estoy de acuerdo con las propuestas del gobierno en materia del impuesto sobre la renta y para convertir el de ventas en un impuesto sobre el valor agregado, y elevar la tarifa de un 13% a un 15%.
Voté positivamente la ley para combatir el fraude fiscal (la cual hará difícil la vida a los grandes evasores) y estoy de acuerdo con el proyecto de ley para recuperar el impuesto a las sociedades anónimas con el fin de dar más recursos al Ministerio de Seguridad Pública.
Este gobierno tiene que mejorar en este campo. Se observan prácticas que no facilitan la obtención del apoyo de la población para las medidas relacionadas con tributos y empleo público.
Para los sectores de menores ingresos, los empresarios (sobre todo los pequeños), los empleados públicos, las jefaturas de hogar y los jóvenes que no pueden estudiar por no disponer de una beca, es difícil aceptar más impuestos o límites al incremento en las remuneraciones, si el gobierno desperdicia un solo colón.
Remuneraciones. En relación con los excelentes acuerdos gobierno-Piszk sobre empleo público, debemos actuar decididamente. Los recursos públicos destinados al rubro remuneraciones se han incrementado consistentemente desde el 2008. De ese año al 2015, ese rubro (sin contemplar las cargas sociales) creció a una tasa anual del 9% en términos reales. En ese mismo lapso, el PIB creció a una tasa anual del 3,1%. De ahí que el gasto en remuneraciones como porcentaje del PIB pasara de un 13,6% en el 2008 a un 18,2% en el 2015. Debemos resaltar que en los 10 años previos al 2008 ese porcentaje había oscilado entre un 12,5% y un 14,5%. Así que la explosión en las remuneraciones es un fenómeno nuevo en la economía costarricense.
Intereses. A corto plazo, el déficit fiscal debe enfrentarse por medio de esta combinación de medidas (remuneraciones, impuestos, austeridad). Urge dar pasos en esta materia para evitar ajustes más severos en el futuro. La deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB se ha duplicado desde el 2008, al pasar de un 24,7% en ese año a un 49,1% proyectado para el 2017.
De ahí que a pesar de la afortunada persistencia de bajas tasas de interés, estamos destinando ¢1,1 millones de millones al año (un 3,24% del PIB o 153.000 bonos de vivienda) a este componente del servicio de la deuda. En buena medida, el gobierno está cobrando impuestos para cumplirles a sus acreedores con el pago de intereses y no para desarrollar al país.
Eficiencia. Este paquete de medidas debe complementarse con reformas estructurales al sector público. En esa dirección existen varias propuestas encaminadas a reducir los costos de ejecutar las actividades definidas por el ordenamiento jurídico.
A excepción del Movimiento Libertario, ningún otro partido está enfocado en propuestas ideológicas dirigidas a reducir las funciones del sector público. Los “15 minutos” del embate neoliberal (en realidad 23 años desde el PAE I en 1985 hasta la agenda de implementación del Cafta en el 2008) gestado por el PLN y el PUSC, ya pasaron. Hoy, esos partidos, más bien tienden a ser keynesianos, intervencionistas y, en materia fiscal, heterodoxos.
Así que existen posibilidades de encontrar acuerdos en el tema de la eficiencia estructural del sector público sin las dificultades derivadas de discusiones ideológicas sobre el papel del Estado.
Por ejemplo, mi propuesta C.E.R.R.A.R. ( C errar instituciones, E liminar duplicidades, R eunificar funciones y R edefinir rectoría para A horrar recursos y R educir la pobreza), de aprobarse, permitiría reducir sustancialmente el costo de la entrega de las ayudas presupuestadas para combatir la pobreza, sin una sola modificación en los programas y los montos destinados a ese fin. Otros diputados también han presentado reformas dirigidas a mejorar el desempeño del sector público sin debilitar sus funciones.
Actitud. En fin, tenemos un impresionante paquete de medidas al frente, dirigidas a mejorar la situación fiscal del país y la productividad de las instituciones del Estado. Quizá todas contarían con el apoyo de la clase política si siempre respondiéramos a los intereses nacionales y no a los corporativos o gremiales, si el objetivo predominante fuese el bien del país y no el populismo, si sustituimos el corto plazo por objetivos de más largo alcance y si prestamos más atención a los números y los hechos que a la demagogia y la politiquería.
Confío en que los deseos de recuperar la confianza de las mayorías silenciosas alimente los cambios de actitud que se requieren de la clase política para convertir en realidad esta agenda.
El autor es diputado del PAC.
