A las diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa expresamos la más sincera gratitud por invitar a la Conferencia Episcopal de Costa Rica a externar sus criterios en relación con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con EE. UU. (TLC).
A la vez, reconocemos la encomiable labor que han venido realizando al promover la discusión legislativa del TLC acompañada por la discusión ciudadana.
Nuestra posición. Como hemos reiterado, en la condición de pastores del pueblo de Dios, hemos sido consecuentes con el encargo recibido de acompañar, responsablemente, a nuestro pueblo en la consecución de sus más altas aspiraciones y en la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria.
Precisamente, es el compromiso pastoral el que nos ha llevado a promover y participar en incontables foros donde se presentan y discuten los contenidos, implicaciones, ventajas y posibles consecuencias del TLC. Hemos escuchado con atención tanto a los encargados de negociar el Tratado como a los sectores que se consideran beneficiados con él y hemos atendido, con igual diligencia, a quienes se oponen a su aprobación, al alegar beneficios de unos pocos en detrimento de los sectores más vulnerables de nuestro país.
En todo este proceso de discusión y eventual aprobación o desaprobación del TLC, los obispos de Costa Rica hemos insistido en la inconveniencia de asumir una actitud de oposición o promoción por aspectos puramente ideológicos o por intereses personales o grupales; antes bien, tratándose de un asunto tan serio y decisivo para la paz y el desarrollo social del país, quisimos aportar a los fieles cristianos y a todos los hombres de buena voluntad criterios que favorecieran el análisis objetivo, para esclarecer la discusión del TLC mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio y deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción según las enseñanzas sociales de la Iglesia (Cf. Octogesima Adveniens n. 4) –Carta del Episcopado Costarricense al cardenal Ángelo Sodano. 21 de junio del 2006–.
Los obispos no estamos ni en contra ni a favor ni al margen del TLC, sino sobre el TLC, para iluminar con criterios que faciliten un análisis objetivo y desapasionado, superando lo puramente ideológico y los intereses personales y grupales y pensando en lo que favorezca el bien común y la paz social de Costa Rica.
Como nos enseña Su Santidad Benedicto XVI, “La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justicia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien” (Deus Caritas est, n.° 28) .
Enfoque ético. Como hemos insistido desde el principio de la discusión del TLC, a la Iglesia corresponde, legítimamente, interesarse por su dimensión ética; entiéndase, la consecuente claridad en cuanto a los efectos que las medidas contenidas en él tendrán sobre la equidad en materia distributiva de beneficios, ingresos y oportunidades, contribuyendo con nuestro discernimiento a la iluminación de la perspectiva política y económica.
Queremos insistir en que el TLC no es sino un instrumento de apertura comercial. Al respecto, constatamos que una de las dificultades de interpretación del TLC es que se negociara sin tener previamente como marco referencial una agenda de desarrollo social y económico, en un proyecto país.
Desde este análisis y ante la brecha social actual en Costa Rica, seguimos empeñados en que se valoren los legítimos intereses de todos los sectores, en especial los más vulnerables. Así, hemos procurado que principios esenciales, como justicia, equidad, libertad y solidaridad, estén en la base de toda política económica y social por implementar, “a fin de pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas”, Populorum Progressio, 21.
Agenda de desarrollo. Trascendiendo la eventual aprobación o desaprobación del TLC, los obispos hemos insistido en la necesidad de una agenda de desarrollo humano, sostenible e integral, dentro de la cual se ubiquen todas las políticas sociales y económicas y pueda preverse y superarse el aumento de la brecha social y la consecuente permanencia de un considerable porcentaje de pobreza en el pueblo costarricense.
Esta agenda de desarrollo, desde la Doctrina Social de la Iglesia, tiene una acepción muy particular que nos lleva a distinguirla de otras.
Sin la pretensión de convertir este discurso en una “discusión nominalista”, suele pasar que muchos, al referirse a la agenda de desarrollo, piensan en
k “Agenda de implementación”: conjunto de medidas legales e institucionales que harán fluida y operativa la aplicación del TLC.
k “Agenda de competitividad”: medidas para mejorar la productividad, la competitividad de la economía nacional como un todo para que pueda posicionarse internacionalmente y frente a la contraparte del TLC.
k “Agenda social”: entendiendo por tal solo medidas en educación, salud, vivienda y programas compensatorios para los pobres. No suele incluir medidas referentes a los efectos sociales de las políticas económicas.
k “Agenda complementaria”: es un término más ambiguo. Puede aplicarse a cualquiera de las otras “agendas”. Suele incluir medidas de esas agendas y otras para compensar otros efectos negativos del TLC sobre sectores más afectados, una vez que aquel ya esté aprobado. Se refiere a ayuda financiera, asistencia tecnológica y modernización del sector.
k “Agenda de cooperación”: puede limitarse a proyectos de financiamiento de exigencias de las “agendas” ya mencionadas o puede –y debe– referirse a exigencias de una “agenda de desarrollo”, con lo que tendría un volumen considerable.
Desde esta amplia perspectiva, y según enseña la Doctrina Social de la Iglesia, apelamos a la ejecución de una “agenda de desarrollo”, que no solo no ignora ni excluye las anteriores –de todas maneras exigidas–, sino que plantea un marco más amplio e integral.
Corresponde a las instancias ciudadanas, técnicas y políticas determinar cuáles sean los elementos urgentes de esa agenda de desarrollo, pero, desde el punto de vista ético, sean los que sean, deben siempre apuntar a la reversión de los mecanismos generadores de desigualdad y de pobreza en el país.
De nuestra parte sugerimos: Evaluar el rumbo seguido por la economía del país en los últimos 25 años para que, en eventuales proyectos de política social y económica, se modifique lo que no haya integrado los intereses legítimos de todos los sectores. Eliminar los mecanismos generadores de desigualdad y pobreza con políticas concretas. Apuntar a un proyecto de país no inmediatista, sino con perspectiva de futuro. Priorizar no solo objetivos de eficiencia, competitividad y productividad, sino también de equidad, justicia, participación, solidaridad y respeto al ambiente.
Creemos que el esfuerzo de esta agenda de desarrollo debe realizarse sobre la base de un gran acuerdo nacional, en que todos los sectores participen en la construcción de metas comunes que garanticen mayor justicia y equidad.
Conclusión. “En este espíritu, dada la situación que se pueda presentar en el futuro, frente al TLC, hacemos un llamado fraterno a dejar de lado todo tipo de confrontación y a comprometerse, con ánimo sereno, teniendo siempre en mente el bien común de Costa Rica.
Al mismo tiempo, exhortamos a los gobernantes, a las fuerzas políticas, a los empresarios, a los gremios profesionales, a las organizaciones sindicales, laborales, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación social, a las universidades y a todas las demás fuerzas vivas a ofrecer, con sentido patriótico, su invaluable contribución” (Mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, 92 Asamblea Plenaria).