Según un reportaje publicado el 11 de diciembre pasado en este periódico, los sueldos y salarios, incluyendo incentivos especiales pagados a los trabajadores, consumen más de la mitad de los gastos operativos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). ¿Es racional ese porcentaje? La respuesta es negativa.
Se sabe que los costos más importantes de Recope son, en orden descendente, el valor de los combustibles importados, los impuestos establecidos por ley sobre el consumo de carburantes, incluyendo subsidios a varias entidades, y los gastos de operación de la empresa. Los dos primeros, sin embargo, constituyen el mayor porcentaje del total. Los de operación, entre los cuales se contabilizan los sueldos y salarios, solamente representan un porcentaje equivalente al 5% de los costos totales y, por esa razón, no influyen tan significativamente en los precios al consumidor. Pero tienen otros efectos negativos que pueden ser aún más importantes.
La Refinadora Costarricense de Petróleo dejó de refinar desde hace mucho tiempo. A partir del 2011, importa la totalidad de los combustibles que se expenden en el país para distintos usos comerciales. El volumen total presupuestado por Recope en el 2014 asciende a ¢1,7 billones, de los cuales el 88% está representado por el valor de los bienes importados, en cuyos vaivenes hay poco margen de acción para lograr alguna reducción en los precios al consumidor. La circunstancia especial de la reciente caída en los precios internacionales del petróleo, comentada en un editorial anterior, es muy beneficiosa, pero podría no ser permanente. Sin embargo, sí hay espacio para introducir cambios de fondo y mejorar la política energética.
Si, en vez de preservar el odioso monopolio estatal, se permitiera la libre importación de combustibles y lubricantes y otros productos relacionados, la eficiencia mejoraría y los consumidores se ahorrarían los costos de tener que sufragar la inversión de otra cuestionable refinadora. En el mercado internacional de productos terminados hay suficiente competencia para evitar abusos contra el consumidor, tal como sucede en casi todos los mercados del mundo. Esa realidad internacional debería replicarse en Costa Rica.
El segundo rubro importante de los costos totales está representado por los impuestos, que ascienden actualmente a ¢390.000 millones, lo cual representa un porcentaje del 31% del costo total de los combustibles. El monto que recibe el Gobierno Central representa aproximadamente un 2% del PIB, por lo que, si se derogaran o redujeran esos gravámenes en las actuales circunstancias, el faltante en las finanzas públicas sería prácticamente inmanejable. Pero eso no significa que el elevado porcentaje impositivo no produzca efectos negativos en la economía privada y en el ingreso disponible de los consumidores, no solo entre conductores, sino, también, entre usuarios del transporte público, usualmente más pobres.
Los gravámenes, además, encarecen el costo de producción de casi todos los sectores productivos y, por tanto, les resta competitividad frente a bienes importados. No en vano los combustibles costarricenses son, según reportajes de este diario, los más caros de la región. En el futuro, el país debe repensar el impacto económico y social de tan elevados gravámenes a los combustibles.
El tercer rubro es el cuantitativamente menor, pero cualitativamente más preocupante, por la falta de equidad involucrada y el mal ejemplo a los demás funcionarios públicos. Son los sueldos y salarios, acrecentados por abusivas convenciones colectivas consentidas por jerarcas irresponsables, que ningún Gobierno ha querido, o podido, racionalizar.
La planilla consume más del 50% de los gastos operativos anuales, porcentaje que, en sí, es elevado. Los sueldos directos ascienden a ¢9.000 millones, pero los líderes sindicales se inventaron otro rubro mayor –sobresueldos– que duplican los ordinarios y ascienden, en total, a ¢12.000 millones anuales que se embolsan los 1.700 empleados de la institución. ¿Se requiere tanta gente y tan bien pagada para importar y vender combustibles? Obviamente, no. Si se permitiera la libre importación de combustibles, la planilla de Recope se adelgazaría significativamente y las vacantes podrían ser absorbidas por empresas privadas. Pero, eso sí, tendrían que trabajar más, y ganar menos, conforme a las remuneraciones de mercado.
Los beneficios que actualmente perciben por las convenciones colectivas incluyen un sobresueldo del 15% por peligrosidad, no justificado en ausencia de procesos de refinación, y cubierto por los riesgos profesionales obligatorios bajo el INS; anualidades (¢12.000 millones anuales); y una planilla ordinaria de ¢9.000 millones anuales. Además, reciben pagos extraordinarios por horas extras, se contrata personal suplente para alivianar las jornadas de trabajo, se dan subsidios en los comedores de la empresa, estudios subvencionados, lactancia, pagos extras por llegar temprano y no faltar (cuando el deber de todo funcionario es cumplir sus horarios de trabajo), y muchos otros más. Esa situación es, a todas luces, abusiva y significa un pago desproporcionado que incita a otros sindicatos a emularlos. Desafortunadamente, ha sido ignorada por todo el sistema, incluyendo Gobiernos, partidos políticos y la Contraloría General de la República.
El actual Gobierno ha expresado algún interés por renegociar la convención colectiva. No sabemos con cuánto valor y determinación emprenderá la tarea, o si desmayará en el camino. Si hiciere esto último, habrá perdido una oportunidad de empezar a enderezar el rumbo y racionalizar uno de los principales disparadores del gasto. Ojalá le vaya bien, por el bien del país.